veamos los elementos en juego: un juez sin competencia dispone encarcelar al prefecto, que lo seguirá siendo hasta cuando su mandato legal y democrático termine. la corte suprema de justicia ordena que el detenido sea enviado a sucre para ser sometido a un proceso de cohorte y juzgado si hubiera lugar y condenado si hubiera lugar. la orden, que no una simple instrucción no se cumple por abierta intromisión política empezando por el jefe de gobierno. semanas más tarde se sucede un nuevo incidente judicial cuando el prefecto de pando decide acogerse al beneficio de hábeas corpus, consagrado en el mundo entero como institución para defender a la persona frente a cualquier acusador, por poderoso que sea. ésta vez la corte superior de chuquisaca falla procedente la demanda y ordena por segunda vez el traslado del detenido a sucre para ser juzgado. a coro el presidente, sus ministros, subalternos vice-ministros se niegan a cumplir la orden judicial y se crea un conflicto de poderes y amerita la intervención de organizaciones de derechos humanos y de vigencia del estado de derecho. así tendremos el primer caso de una apelación a tribunales internacionales den demanda de la justicia que niega el ejecutivo en una actitud de perturgar las tareas del poder judicial.
(la crónica como nos la ofrece el deber de santa cruz en primer plana)
La sala penal de la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca ordenó que el prefecto pandino, Leopoldo Fernández, sea traslado en las siguientes 48 horas a la capital del país para que la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia decidan su situación jurídica. La autoridad regional lleva más de un mes detenido preventivamente en el penal de San Pedro, acusado de terrorismo, asociación delictuosa y obstaculización de la justicia; además, para el Gobierno es uno más de los confinados de Pando por incumplir el estado de sitio que aún rige en este departamento. La decisión de la Corte chuquisaqueña, sobre el recurso de hábeas corpus que interpuso la defensa de Fernández, fue resuelta con dos votos a favor y uno en contra. Los vocales Oswaldo Fong y Elena Lowental pidieron que el caso sea sustanciado en Sucre, como lo ordenó el pasado 19 de septiembre la Suprema, y que el juez paceño Álvaro Melgarejo aceptó cumplir aunque el Gobierno no lo hizo. Además, señalaron que el juez William Dávila actuó sin tener competencia cuando dispuso encarcelar a Fernández.La vocal Teresa Rosquella votó en contra del amparo, argumentando que Fernández se sometió a jurisdicción paceña al haber asumido su defensa en la audiencia de medidas cautelares, por lo que debió haber planteado el recurso ante la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de La Paz.El viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra, cuestionó la decisión de Fong y Lowental, asegurando que no se cumplió con las citaciones a las autoridades recurridas por este caso, como el ministro de Defensa, Wálker San Miguel, que en un contacto telefónico desde Brasilea indicó: “La familia de las víctimas en Porvenir deben mirar de palco cómo una Corte de corruptos trata de liberar a un genocida”.Gamarra también calificó de corrupto al tribunal que aceptó el hábeas corpus y afirmó que Fernández permanecerá detenido en el penal de San Pedro. Señaló que analizarán la posibilidad de acusar por prevaricato a los magistrados.Por su parte, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, anunció que el Gobierno presentará un amparo constitucional en la Corte Superior de Distrito de La Paz, en contra del fallo de los vocales chuquisaqueños.El jefe de Estado, Evo Morales, dijo tener sospechas de que en este caso hubo de por medio mucha plata. “Una persona con semejantes cargos de corrupción, de nepotismo y de genocidio, no es posible que miembros de la justicia boliviana traten de ayudar a un delincuente”, sostuvo Morales.Frente a esas afirmaciones, el abogado de Fernández, Carlo Brito, dijo que espera que la determinación judicial se cumpla, y se adelantó a indicar que si esto no ocurriera, recurrirán ante los tribunales internacionales para exigir el respeto al fallo de Chuquisaca.Desde Santa Cruz el prefecto Rubén Costas calificó como buena la noticia que favorece a su colega Leopoldo Fernández. “Ésta es una buena noticia y me parece bien que se cumpla con la ley”, comentó la autoridad cruceña.“Estamos satisfechas por el fallo y eso demuestra que podemos confiar en la justicia”, dijo Pamela Fernández, una de las dos hijas del prefecto detenido, al que custodian fuera del penal de San Pedro los movimientos sociales para que no sea trasladado.
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