Vivito y coleando
Hugo Chávez atraviesa la peor crisis desde que llegó al poder, pero no para de nacionalizar, subsidiar a sectores parasitarios de Venezuela y seguir inyectando petrodólares a los países que mantiene como satélites del esquema bolivariano. Al mismo tiempo, continúa su maquiavélico plan de aniquilación de la oposición y ha llegado al extremo de apresar a un alcalde por el simple hecho de criticar al régimen. Políticamente, los cubanos han pasado del asesoramiento al control estratégico de los principales componentes del Estado venezolano, incluyendo a las fuerzas armadas, institución que calló la vergonzosa subordinación, con un incremento salarial del 40 por ciento recientemente anunciado.
El manual de los regímenes que aspiran al absolutismo dice que ante un traspié se debe responder con una medida aún más osada y esa es justamente la estrategia que se aplica tanto en Venezuela como en Bolivia, donde ya no se disimula el origen de las recetas aplicadas. Los tres últimos viajes del presidente Morales a Caracas explican todo lo que ha estado ocurriendo en el país después de la derrota electoral del 4 de abril, que hizo volar la válvula de la gobernabilidad social en Bolivia.
La primera de las acciones fue la estatización de las compañías eléctricas que se produjo el pasado Primero de Mayo, mientras dos bandos de mineros se agarraban a patadas en La Paz. En torno a la nueva nacionalización no hubo vítores ni aplausos y más bien se impusieron pronósticos que han mandado a más de uno a proveerse con una buena ración de velas, por si los apagones. Otros se abocan a hacer cuentas sobre los millones que se le van acumulando al Estado Plurinacional en concepto de indemnizaciones. Pasó el Mutún, pasó Caranavi y ahí estamos, viendo cómo se le lee el catecismo oficialista al nuevo Defensor del Pueblo, se anuncia el pago de la primera cuota de siete millones de dólares del nuevo avión presidencial y la construcción otra residencia para el jefazo.
Mientras que la ola conflictiva de las últimas dos semanas, hacía correr ríos de tinta en relación a un supuesto debilitamiento del Gobierno o, cuando menos, el surgimiento de una fisura entre el régimen y los movimientos sociales, se produjo la defenestración de 22 vocales que han dejado a varias cortes distritales de justicia casi en la acefalía. La medida fue aplicada violando la ley que recientemente posibilitó la designación a dedo de autoridades del Poder Judicial, entre ellas a los miembros del Consejo de la Judicatura que justamente les han dado el golpe a los vocales.
El capítulo complementario al descabezamiento de las cortes es una Ley Corta para el funcionamiento de los gobiernos autónomos departamentales, que entre otras cosas, sepulta los estatutos aprobados en cuatro regiones y obliga a las autoridades recientemente electas a solicitar licencia para enfrentar las causas judiciales que tuvieran abiertas en su contra. Resulta obvio que el objetivo es cerrarles el paso a los gobernadores de la oposición que, tal como lo ha dicho el vicepresidente, podrán jurar, pero no ejercer sus cargos, hasta que se dicte una sentencia. Más claro, Venezuela, donde está en marcha un modelo de reorganización administrativa que elimina los gobiernos municipales y regionales. Es el poder total, que sigue vivito y coleando.
El Gobierno mira de reojo los conflictos, los atiende a medias. Mientras tanto, sigue su proceso de copamiento y ejercicio del poder total.
