Día que pasa, el Gobierno nacional agrega nuevas y ominosas perlas a su ya largo rosario de represión política embozada de procesos penales. La que sigue es una muestra.
En Montero, policías de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, detuvieron últimamente a Fátima Ortiz, una exconcejala del Movimiento al Socialismo (MAS) cuando ella, que además es docente, se encontraba en dependencias de la Dirección Distrital Educativa de aquella localidad norteña. Sin muchos miramientos, los uniformados se la llevaron a la central policiaria de Santa Cruz y luego, casi de inmediato, la detenida fue trasladada a La Paz, donde su salud registró problemas por un cuadro de arritmia cardiaca y complicaciones neumológicas que derivaron en su internación en un centro médico de esa ciudad. Posteriormente, un juez ordenó la libertad de Ortiz poniendo fin a los momentos de angustia e incertidumbre que le tocó vivir junto a los suyos.
Fue el epílogo de las obvias presiones del presidente de la Brigada Parlamentaria del MAS, Edwin Tupa, para que su querella por ‘desacato’ contra la referida militante del oficialismo condujera aceleradamente a tal resultado. ‘Desacato’. Este es el epígrafe de la denuncia que Tupa interpuso contra su oponente en la Fiscalía paceña. Uno y otra habían intercambiado insultos durante un altercado en dependencias del Palacio Legislativo de La Paz, a pesar de lo cual el único agraviado era Tupa, razón por la cual Fátima Ortiz marchó presa y enjuiciada.
Ya es algo casi habitual que desde el poder político se instruya a jueces y fiscales a colocar procesalmente en vereda a ciertos opositores, cuyo número aumenta cada día. La justicia, convertida en un medio de represión política, resulta muy eficaz para deshacerse de gobernadores departamentales de oposición y desbaratar, incluso, a movimientos regionales como el cruceño.
Se está en estos azarosos tiempos ante una táctica que bien podría calificarse como ‘ley del embudo’. Todo el rigor de la ley contra el adversario, pero poco o nada contra los componentes de las propias filas, por mucho que en estas formaciones se den casos de corrupción o delitos de calibre mayor y cuyos autores escapan a la acción de la justicia, sin ser mayormente investigados.
Pero lo inédito es que ahora esta ‘ley del embudo’ envista categoría de revancha personal entre la propia militancia de la organización política oficialista, como lo prueba el caso que es motivo de este comentario. Un jefe de Brigada Parlamentaria que se aprovecha de su cargo y de la influencia que este le proporciona para vengarse de una afrenta personal, buscando escarmentar a una militante de su propio partido.
Por añadidura, el caso expuesto representa el abuso como ejercicio desde la soberbia del poder entronizado.
En Montero, policías de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, detuvieron últimamente a Fátima Ortiz, una exconcejala del Movimiento al Socialismo (MAS) cuando ella, que además es docente, se encontraba en dependencias de la Dirección Distrital Educativa de aquella localidad norteña. Sin muchos miramientos, los uniformados se la llevaron a la central policiaria de Santa Cruz y luego, casi de inmediato, la detenida fue trasladada a La Paz, donde su salud registró problemas por un cuadro de arritmia cardiaca y complicaciones neumológicas que derivaron en su internación en un centro médico de esa ciudad. Posteriormente, un juez ordenó la libertad de Ortiz poniendo fin a los momentos de angustia e incertidumbre que le tocó vivir junto a los suyos.
Fue el epílogo de las obvias presiones del presidente de la Brigada Parlamentaria del MAS, Edwin Tupa, para que su querella por ‘desacato’ contra la referida militante del oficialismo condujera aceleradamente a tal resultado. ‘Desacato’. Este es el epígrafe de la denuncia que Tupa interpuso contra su oponente en la Fiscalía paceña. Uno y otra habían intercambiado insultos durante un altercado en dependencias del Palacio Legislativo de La Paz, a pesar de lo cual el único agraviado era Tupa, razón por la cual Fátima Ortiz marchó presa y enjuiciada.
Ya es algo casi habitual que desde el poder político se instruya a jueces y fiscales a colocar procesalmente en vereda a ciertos opositores, cuyo número aumenta cada día. La justicia, convertida en un medio de represión política, resulta muy eficaz para deshacerse de gobernadores departamentales de oposición y desbaratar, incluso, a movimientos regionales como el cruceño.
Se está en estos azarosos tiempos ante una táctica que bien podría calificarse como ‘ley del embudo’. Todo el rigor de la ley contra el adversario, pero poco o nada contra los componentes de las propias filas, por mucho que en estas formaciones se den casos de corrupción o delitos de calibre mayor y cuyos autores escapan a la acción de la justicia, sin ser mayormente investigados.
Pero lo inédito es que ahora esta ‘ley del embudo’ envista categoría de revancha personal entre la propia militancia de la organización política oficialista, como lo prueba el caso que es motivo de este comentario. Un jefe de Brigada Parlamentaria que se aprovecha de su cargo y de la influencia que este le proporciona para vengarse de una afrenta personal, buscando escarmentar a una militante de su propio partido.
Por añadidura, el caso expuesto representa el abuso como ejercicio desde la soberbia del poder entronizado.
