Jaime DiMare, anuncia que el MAS celebrará una nueva "milluchada" (purificación) para librarse de las acusaciones de crímenes y lavarse las manos de la sangre de las casi cien víctimas en estos diez anos que Evo lleva en el Poder. buena idea.

Dentro el “masismo” ya se habla de una necesaria nueva “milluchada” para dejar atrás la estela de muerte que arrastra no sólo desde hace diez años de gestión de gobierno, sino desde que fue concebida aquella idea del “Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos” (IPSP) en los años 80. Recordemos la muerte del teniente Andrade y su esposa, y la decena de cocaleros muertos por esta causa política.
No hay duda que una nueva “milluchada”, como las demás cuestiones metafísicas que cultiva el Gobierno, no darán resultados. Será como un espectáculo para muchos. En el centro de esta estela está el presidente Morales. Los dedos acusadores de familiares de 70 muertos, desde que se instaló en el Gobierno, lo señalan como al primer responsable. El presidente como respuesta dice que “la oposición y los medios buscan convertir víctimas de conflictos sociales en bandera política”. Los conflictos sociales siempre son producto de cuestiones políticas, hasta el caso Zapata, que parecía una cuestión “rosa”.
Los tristemente célebres San Román, Menacho durante el “movimientismo” ejecutaron planes para evitar protestas y revueltas contra la presidencia del Dr. Paz, pero los dedos acusadores de las muertes, lo señalaron a él como responsable.
García Meza purga condena por ser responsable de las atroces muertes de cientos de civiles durante el cruento golpe de Estado en 1981. No fue autor material, pero sí intelectual por haber asumido la presidencia.
Los hechos más cercanos. Gonzalo Sánchez de Lozada que se dio a la fuga en medio de enfrentamientos provocado por organismos de represión bajo su control, fue señalado y hasta sindicado, por la muerte de ciudadanos en El Alto. Fue el mismísimo Evo Morales quien levantó primero su dedo acusador, y hasta ahora lo sigue haciendo, pidiendo que se lo extradite de EEUU para responder por esas vidas.
Ciertamente que hay responsables, cabezas visibles de esas acciones y violentas muertes, aunque el control absoluto de las investigaciones y la justicia por el poder político, impide –como en el caso de los mineros cooperativistas muertos y el asesinato del viceministro Illanes–, su total esclarecimiento.  Siempre fue así, se ocultan los hechos, se manipula la información desde los centros de poder. Aunque ahora, por más esfuerzos que se hagan para evitar evidencias, la tecnología es capaz de contribuir a esclarecer muchas oscuras situaciones. Incluso la Policía actúa en sus operativos represivas con “drones”, remotamente controlados para saber quiénes son y dónde están los “revoltosos.” A los ojos de la tecnología, ahora es más difícil y complicado, que hace 10 o 20 años ocultar las cosas y desinformar.  Y si el Gobierno protesta por los vídeos difundidos, en redes sociales y los medios, del difunto viceministro, porqué no revela en forma extensa la conversación que sostuvo los últimos minutos de su vida con sus altos jefes antes de su asesinato. Es sencillo, todos los funcionarios públicos están conectados vía Entel. Los registros deben estar allí. De esa manera, todos saldrán de las dudas y el pueblo boliviano incluyendo los familiares del malogrado funcionario habrán ejercido su derecho a saber la verdad. Habrán tenido acceso a las informaciones. Eso también es parte de las libertades democráticas, de la libertad de expresión.  

El autor es periodista Reg Nal. No. 169.

recomienda Los Tiempos eliminar la improvisación, el triunfalismo, el fácil ventajismo político en el tratamiento del tema marítimo en La Haya. su clarinada es oportuna, por la cercanía del martes 13 en que chilenos y bolivianos presentarán ante la Corte sus primeros alegatos.

En medio de un escenario en el que predominan la desorientación y la búsqueda insensata de confrontación interna, el juicio que Bolivia contra de Chile interpuesto ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es uno de los pocos temas, tal vez el único, que hace que se olviden diferencias y se trabaje en forma responsable y con ánimo concertador.
Así, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha organizado varias reuniones para reflexionar sobre la forma en que el país actuará el próximo 13 de septiembre, cuando los delegados de Bolivia y Chile deberán decidir si se abre una nueva etapa de alegatos o no.
Se ha convocado a varios expresidentes y excancilleres que junto con el Delegado, varios de los abogados y personal especializado del país (sin que dejen de aparecer algunos funcionarios interesados en, como se dice popularmente, “aparecer en la fotografía”), de manera que la posición que exponga el Delegado exprese un consenso previo y unidad, aspectos que, sin duda, dan un fuerte respaldo a la demanda boliviana, y que son una de las características de esta iniciativa desde sus orígenes.
En este sentido, se debe reconocer que dentro y fuera del oficialismo se ha mantenido el pedido presidencial de dar prioridad a esta demanda, respetar el hecho de que está por encima de las divergencias político-ideológicas, salvo algunos excepcionales intentos de usar este tema con fines particulares,
Sin embargo, se debe advertir que muchos asuntos que pueden afectar este proceso se han lanzado como iniciativas que tienen, lamentablemente, un tufillo de aprovechamiento con fines de política interna. No está de más, en este sentido, insistir en la necesidad de eliminar los peligros de improvisación, triunfalismo y mal uso del tema, pues el país ha invertido mucho en este proceso.

risible. la inculpación del Gobierno de Evo a su ex-amante. "no le hizo ningún dano economico al Estado" y que por tanto no habrá acusación en este rubro. repulsa y fastidio de ciudadanos.

La Ministra de Transparencia declaró que Gabriela Zapata, excompañera sentimental del Presidente del Estado, con el que tuvieron un hijo, “acumuló recursos económicos a través de actividades ilícitas, éstas se traducen en haber obtenido o haber forzado a personas particulares, empresarios privados para hacerles creer que ella tenía influencias en el Gobierno nacional. En realidad (…) no ha sacado nada de ninguna entidad pública, por eso estamos seguros que no ha habido un daño económico al Estado”.
Esta declaración confirma que la idea de “sensacionalizar” la relación amorosa del Primer Mandatario no responde a algunos medios, sino a operadores del propio  gobierno con el presunto propósito de desviar la atención del meollo de esa relación: que fue por esa relación que la empresa china Camce la incorporó a su “staff” ejecutivo (sin que tenga la experiencia y formación para ello), y que se le haya adjudicado la construcción de obras o ejecución de proyectos por un monto que sobrepasa los 550 millones de dólares.
Eso es lo que debía investigar el Estado; es decir, si esas adjudicaciones fueron transparentes, si hubo competencia legítima con otras empresas, si se cumplieron todos los requisitos y otras interrogantes que no han sido absueltas. Aumenta la desconfianza el hecho de que en las comisiones investigadoras no se haya convocado, por ejemplo, a los representantes legales de la empresa Camce ni a los ministros que han sido involucrados en el caso.
En resumen, hay que recordar a los dignatarios del Estado que se empeñan en banalizar este caso, que el Presidente y la ciudadanía han pedido centrarse en dilucidar si fue o no gracias a la relación sentimental mencionada que se beneficiaron Camce u otras empresas con adjudicaciones de obras estatales conectadas con Zapata, extremo que, si se comprueba, sería infringir daño económico al Estado, como debiera saber la ministra.

acertado el título. "paranoia golpista" dirigido a Evo Morales que ve, pretende ver en cada episodio un "golpe de Estado" y trabaja para demostrar lo imposible. lo que hubo ha sido "imprudente manejo de la crisis con los trabajadores mineros cooperativistas" que no ha concluído.

Por enésima vez, el Gobierno del presidente Evo Morales ha planteado que es víctima de una conspiración golpista. La protesta social de los trabajadores cooperativistas mineros está en la mira del Poder Ejecutivo bajo esta hipótesis, tras la brutal muerte del viceministro Rodolfo Illanes. Ningún tipo de violencia tiene justificativo en un Estado de derecho. La saña y la ferocidad con que los cooperativistas ultimaron a Illanes son condenables desde todo punto de vista y sus responsables deben ser sancionados con el mayor rigor de la ley.

De la misma forma, deben ser procesadas aquellas personas involucradas en la muerte de cuatro mineros en el marco del mismo conflicto, que enfrenta a la administración de Morales con el sector minero, uno de sus principales aliados estratégicos desde el inicio mismo de su mandato en 2006.

Aquellos que un día fueron los consentidos del régimen encabezado por Morales, ahora se han volcado a las calles por la decisión del Gobierno de impulsar su sindicalización, la adecuación de las cooperativas a la Ley Minera y la recuperación estatal del control sobre los yacimientos mineros. La protesta de los cooperativistas surge en un contexto de creciente malestar social producto de la incapacidad del Gobierno de satisfacer sobredemandas económicas que el propio Ejecutivo les ha planteado en el marco de un modelo de distribución de los excedentes que hoy sufre por la baja en los precios de las materias primas a escala internacional.

Plantear que detrás de estas protestas está en ciernes un golpe de Estado, parece una exageración sin mayor sustento que oculta las verdaderas razones de las protestas de los sectores internos en el propio oficialismo. En dicho planteamiento, además de no presentar pruebas contundentes del supuesto afán golpista, tampoco aparece una autocrítica de parte del Gobierno, que actuó con clara negligencia durante el conflicto. La firma de un decreto presidencial en medio del estallido minero no hizo más que avivar el incendio.

La muerte de Rodolfo Illanes, como la de los mineros, no es más que la gota que colmó un vaso que ya estaba lleno desde antes. El Gobierno ve fantasmas y conjuras donde hay malestar social. Ve una conspiración donde solo se ven demandas insatisfechas. No es menor esta crisis política que ha estallado por el conflicto minero. Más que atender las teorías conspirativas, el Ejecutivo debe plantear soluciones a una economía que está en problemas y a un modelo que demanda una reforma de fondo para el bien de todos los bolivianos

El Deber califica este tiempo, como "momentos difíciles" a raíz del asesinato de Illanes, viceministro del Interior por los mineros enardecitos, posiblemente ebrios y enemigos declardos de Evo que no acepta sus exigencias. serno y relfexivo aunque El Deber no menciona la cusación de Evo "la oposición está manipulando a los movimientos sociales", no es cierto acaso que Evo es "el dueno y senor de esos movimientos sociales?" incongruente e irresponsable confesión del jefe cocalero.

El asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, por los cooperativistas mineros, que lo tenían como rehén en el altiplano, ha indignado a todo el país, comenzando por los gobernantes, que han decretado tres días de duelo. El crimen es, como dijo el presidente Evo Morales, “imperdonable”. Se refirió al hecho de que matar a un prisionero es considerado por las leyes internacionales un crimen de lesa humanidad, que no prescribe.

El control de la carretera del que ha informado el Ministerio de Gobierno muestra que los cooperativistas han cedido, lo que puede alentar esperanzas de que se abra un diálogo. El país entero espera que este conflicto, tan inesperado y extraño, sea tratado por las autoridades con mucho cuidado, evitando que se produzcan hechos lamentables como el que se acaba de vivir en la región de Panduro.

La víctima ha sido declarada “héroe en la defensa de los recursos naturales”, lo que es un indicio de que el conflicto tiene como fondo el control de los parajes de riqueza minera que las cooperativas explotan o desean explotar. Son cientos esos lugares donde se ha detectado que existe riqueza minera, pero que no son explotados por la inexistencia de proyectos de inversión, nacionales o extranjeros. Esas ‘concesiones mineras’ estaban en la mira de las cooperativas, para cuando hayan terminado de explotar las que ahora trabajan.
Es probable que el Gobierno haya decidido no entregar ni una concesión minera más a las cooperativas y que ese sea el motivo del conflicto. En ese caso, podría ser que el Gobierno tenga interés en atraer inversionistas que usen tecnología moderna y que preserven el medioambiente en sus explotaciones, lo que no hacen las cooperativas.

Lo cierto es que los cooperativistas mineros del altiplano, que en 2005 amenazaron con tomar la ciudad de Sucre para impedir que Hormando Vaca Díez o Mario Cossío sea proclamado presidente, y luego fueron aliados del presidente Evo Morales, están ahora enfrentados al Gobierno. Cualquiera sea el motivo de esta cruenta guerra, es preciso ponerle freno, quizá mediante el diálogo, las negociaciones o la reforma de alguna ley, porque el país no puede seguir así.

El Gobierno nacional tendría que renunciar a su costumbre de culpar a los medios de comunicación por todo lo malo que ocurre en Bolivia, lo que le permitiría mirar con objetividad estos hechos y encontrar las soluciones pertinentes. Esa es su obligación.

Susana no deja de producir. su pensamiento es claro. su razonamiento adecuado para responderle a Evo, para qué tanto poder? le cuesta entender al mandamás, que con el 21 de febrero se le terminó la mamadera.

¿Para qué tanto poder?

Susana Seleme Antelo

 Pregunta pertinente, mucho más después del 21 de febrero, cuando el régimen perdió el referéndum que pretendía habilitar a la dupla Morales-García Linera para una cuarta reelección en 2019.



Aquel NO reflejó una masa crítica que debe estar alerta, pues pese a ese voto negativo, Morales acaba de ser declarado candidato presidencial, para ese año, por los cocaleros del Trópico de Cochabamba. Ellos, los que cultivan la hoja de coca, materia prima de la cocaína, son la mayor base de sustentación política de Morales, quien es también su máxima autoridad sindical. Los cooperativistas mineros ¿dejaran de ser el otro aguerrido apoyo político -a punta de dinamita- ahora que el régimen no puede solventarlos con prebendas, pues el tiempo de la bonanza se acabó?



¿Para qué tanto poder? Entre otras razones, para aplicar el centralismo económico asfixiante que impide poner en marcha el Pacto Fiscal, mientras se apropian del 89% de las riquezas que se generan en Bolivia. Por eso el régimen rechaza el Pacto que sería, además, la oportunidad para la deliberación social sobre la autonomía y la gestión pública, inexistente hace 10 años.



¿Para qué tanto poder? Porque Morales y sus hombres nunca fueron demócratas y no aceptan que el sentido de la política es la libertad, aunque se valieran del sistema democrático de libertades para participar en procesos electorales cuando la Corte era independiente del poder político. Y porque que tampoco asumen la democracia como un sistema de gobierno que basa su ejercicio en la libertad y la responsabilidad. La libertad como garantía del Estado Democrático de Derecho, de suyo, independencia de poderes, respeto a la libertad de expresión y pensamiento crítico, y la responsabilidad como compromiso de desarrollo sustentable, tanto en igualdad de oportunidades, como igualdad de resultados en calidad de vida, acceso a salud, educación, bienes y servicios eficientes.



La realidad es que Morales y los suyos nunca asumieron la libertad y la responsabilidad democráticas en el ejercicio de sus mandatos. Una prueba es el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que advierte que Bolivia está bajo amenaza de retornar a la pobreza. Señala que entre 415 mil y 539 mil personas recaerán en ella pues están en condiciones de vulnerabilidad económica. ¿Por qué? Porque durante el superciclo de precios de materias primas de exportación, de euforia consumista y de plata fácil para comprar chatarra, canchitas de futbol inservibles, lo mismo que conciencias, el régimen no sembró la riqueza en empresas y empleos productivos, ni en diversificación productiva, ni en competitividad, ni conocimiento. El Informe sostiene que no aplicó políticas de nueva generación ante la ralentización económica con medidas de protección social, sistemas de cuidado, activos físicos y financieros y calificación laboral.



¿Para qué tanto poder? Para tener subordinado el poder judicial al que utilizan como punta de lanza contra dirigentes y autoridades no oficialistas con bayonetas judiciales, y acosar a medios de comunicación, a los que Morales califica como sus enemigos, vía guillotinas tributarias.



Tanto poder para apropiarse del universo cultural ya bajo la excluyente trilogía indígena-originaria-campesina, o la negación del mestizaje, desechando la diversa y mezclada realidad boliviana.



Tanto poder para esquivar la premisa democrática de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. No hacerlo, permitió instalar el clientelismo, la prebenda y la corrupción en toda la estructura del gobierno y del Estado.



Tanto poder para desmantelar la institucionalidad democrática, y hacer de su capa un sayo en el Fondo Indígena y con la ahora casi clandestina corporación china CAMC, con la que el Estado boliviano firmó contratos por 560 millones de dólares. Tener presas a la expresidente del Fondo, Nemesia Achacollo, compañera política de Morales, y a Gabriela Zapata expareja del mismísimo Morales, ex funcionaria de la CAMC, apunta a que son ‘chivos expiatorios’. Sus delitos no son mayores que los del ‘jefazo’ y otros ‘machos alfa’ del régimen. En todo caso, sus culpas, que las pueden tener, son menores, pero constata que Morales conoce poco de lealtades: es un mal compañero político y peor pareja sentimental. Todo por salvar su caudillo pellejo.



¿Para qué tanto poder? Para que “los barones gubernamentales cobren impuestos personales: el 10% del salario de sus funcionarios públicos; peaje: el 15% de las licitaciones y contratos; sin tocar el conocido Derecho de Pernada secretarial, como escribió antes de fallecer José Mirtenbaum (+).



¿Para eso tanto poder, tanta plata malgastada y despilfarrada para volver a ser el mismo país donde los pobres seguirán siendo pobres y las mujeres objetos desechables?

 

 

 

 

de 12 comandantes, 9 o presos o bajo tutela judicial. nunca antes la dependencia del Ejecutivo había sido tal. hoy está la Policia sujeta totalmente a Evo y la "rosca palaciega". un nuevo Jefe en nada hará cambiar a la Institución víctimas de los mismos errores del pasado.

La Policía boliviana tiene en René Rino Salazar Ballesteros a su nuevo comandante general, que se ha estrenado con el violento enfrentamiento con los cooperativistas mineros y que, entre pedradas y dinamitazos, dejó bastante maltrechos a decenas de uniformados. Salazar Ballesteros fue posesionado en el cargo por el jefe de Estado y poco después recibió -del Ministerio de Gobierno- la instrucción de trabajar en una 'reingeniería' para redistribuir a los efectivos policiales de forma más equilibrada en todo el país. En una de las tantas 'cumbres' de seguridad ciudadana celebradas sin mayores resultados, la Gobernación de Santa Cruz planteó la desconcentración de la Policía para que preste servicios más eficientes y que se reconozca a las regiones competencias autonómicas en materia de seguridad. La petición cayó en saco roto.
Con motivo del reciente cambio de mando, ha vuelto a ponerse en consideración la necesidad de encarar una profunda reforma policial ante la ineficacia y el descrédito que afectan la imagen de la entidad verde olivo y que repercute en la inseguridad que atormenta a la ciudadanía. Se espera que no sea un anuncio más porque la reestructuración de la Policía es una tarea pendiente desde hace tiempo, lo que la hace objeto de cuestionamientos profundos y permanentes.
Desde la llegada del presidente Evo Morales al poder, en 2006, han pasado más de una docena de comandantes nacionales de la Policía, de los cuales nueve han enfrentado procesos penales y algunos de ellos guardan detención preventiva en cárceles del país. Las acusaciones en su contra tuvieron que ver con delitos de corrupción, extorsión, narcotráfico y violación de derechos humanos. Un excomandante policial señaló la influencia política, la sumisión al Gobierno de turno, la pérdida de valores en la institución y la falta de ética en los mandos superiores como los factores que influyen en el mal funcionamiento de la Policía. También se reprocha al Gobierno no tener claro cuál es el verdadero papel que esta entidad debe desempeñar; asimismo, el hecho de que su sometimiento al poder político le impide responder con mayor solvencia a las necesidades de la ciudadanía.
La reforma de la Policía no puede seguir esperando, pero este proceso requiere, además de voluntad política, recursos económicos para pagar a los policías salarios dignos, igualmente la provisión de equipos modernos para combatir el delito creciente en el país. De otra manera, el cambio que se demanda no será posible y quedará en un simple saludo a la bandera.