Lupe Cajías profundiza la relación "mineros copes y Evo" que califica de clientelismo nefasto de la historia. "la generosidad con que EM regala vehículos y otros bienes y los pone en sitio privilegiado, mientras sectores como los minusválidos u otros reciben migajas para sobrevivir. buen artículo que plantea tremendas verades.

¿Por qué Evo Morales entregaba dos volquetas y una ambulancia al Sindicato Mixto de Trabajadores de Colquiri el 29 de agosto en Palacio de Gobierno, en pleno conflicto con los cooperativistas y cuando a las personas con discapacidad se les negó hasta un vaso de agua?

Porque el Gobierno de los movimientos sociales ha ejercido el clientelismo más audaz y nefasto de toda la historia nacional desde el comienzo del mutualismo y del sindicalismo ya centenario. Ese mismo día, el reelegido máximo dirigente de la federación cocalera de Cochabamba aprobó –dice la nota oficial– el estatuto de los sindicalistas de la minería estatal. ¡Qué tiene que ver el cargo de presidente del Estado con la aprobación de un estatuto de obreros entregado en el hall oficial!

Es que toda la institucionalidad boliviana está hecha trizas y la concentración del poder político y económico en una sola persona –casi monárquica, fuertemente mesiánica– y un grupo de cortesanos precipita a la nación a un futuro oscurísimo.
Según el parte oficial, la compra fue realizada en el marco del programa Bolivia cambia, Evo cumple a un costo de Bs 963.000, aunque el Ministerio de Comunicación informó que era “donación china” (¿?). Les pidió no usar las volquetas para llevar dinamita o bloqueadores. Poco después el ministro de Minería, César Navarro, confesaba los millones de bolivianos en regalos que se dio a los cooperativistas (cuando eran aliados).

¿De dónde salen los fondos? ¿Cómo se aprueba el presupuesto de este programa que financia el TGN y que siempre tiene muchos recursos, mientras los municipios rurales están sin dinero? ¿Cómo se realizan las licitaciones? ¿Quién firma los cheques oficiales?

Días antes, con olvido similar al de su celular, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, no recordaba qué regaló al canal oficialista Abya Yala, cuya propiedad privada es igualmente ambigua. ¿Quién o quiénes y por qué aprobaron una legislación que permite manejar los decomisos aduaneros desde Palacio y a favor de los amigos? Dicen los más entendidos que el verdadero nudo del caso Zapata es este, la triangulación: decomiso-ministerio-clientes.

El descalabro del Fondo Indígena fue tan grotesco que rebasó a los propios actores, que permitieron que tanto dinero se ‘chauchite’, y los clientes, que a veces obedecieron y a veces no. El resultado es el deterioro difícilmente reversible del sindicalismo campesino de tierras bajas que tanto costó levantar. La larga lista podría seguir, no de mártires, de aliados fieles mientras hay platita, solo eso

 

Periodistas condenan a Quintana

 

no pueden continuar las agresiones del Ministro

 

Quintana estuvo becado en los Estados Unidos tres veces

 

 

 

 

La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP) condenó  las agresiones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a periodistas, a los que llamó "bufones a sueldo” y acusó de cobrar un "plato de lentejas” al imperio norteamericano para dañar la gestión del presidente Evo Morales. 

El ejecutivo de la FTPLP, Edgardo Vásquez, condenó esa actitud y dijo que el Gobierno no puede seguir agrediendo libremente el trabajo de los periodistas. "Por mantener la libertad de información nos agreden verbalmente e incluso físicamente.  ¿Hasta dónde quieren llegar con sus ataques? Nosotros somos como cualquier trabajador que realiza con sacrificio su labor”, expresó el dirigente.

"Los periodistas proimperiales han vivido a costillas de la platita del imperio. El pueblo boliviano vive gracias a su trabajo digno y sacrificado. No le debemos nada al imperio y como no le debemos nada, no nos vamos a someter, como estos bufones a sueldo que los tenemos en algunos medios de comunicación y que tratan de dañar la credibilidad y el liderazgo del presidente Evo Morales”, arremetió Quintana.

La autoridad hizo estas afirmaciones en un conversatorio sobre el libro Bolivia Leaks el  sábado, en el auditorio de radio San Gabriel en El Alto, donde aseguró que se viene una lucha muchísimo mayor y desafíos más complicados, porque el imperio  seguirá conspirando contra la administración de Morales apoyado en la derecha y en algunos medios de comunicación.

 Juan Ramón Quintana fue capacitado en al menos tres ocasiones en Estados Unidos.

La peligrosa utilización de la justicia para “reivindicaciones propias”


Carlos Federico Valverde Bravo


La Ministra de Informaciones, Marianela Paco ha decidido remitir al Comité Nacional Contra el Racismo una denuncia que “deberá analizar y pronunciarse sobre discriminación” de parte de quienes, según ella, “han circulado mensajes en contra de ella en redes sociales, algunos de ellos, precisó, hacían alusión a su sombrero, lo cual consideró una ofensa a su identidad”.
Se sabe que son como 8 personas, 7 de ellos, políticos y, para variar, yo, el periodista Carlos Valverde, a quien la Ministra ha identificado como “ex agente de inteligencia” (cosa que no he sido nunca) y no como periodista, aspecto que podría entrar en una larga discusión sobre discriminación a mi persona, cosa que no voy a hacer.
Lo que si voy a hacer, es expresar mi preocupación por lo que considero una peligrosa utilización de la justicia “desde el Poder Político”, por varias razones que explico:
1.- Evidentemente se puede encontrar en Redes Sociales insultos dirigidos a la Sra. Paco y a otros políticos, los hay contra oficialistas y opositores, así como a periodistas y futbolistas, pero creo que son los menos. Ello no da, para buscar la “politización de la Justicia” de parte de la Sra. Paco, por lo que se dice de ella (por parte de miles de personas).
Cuando la Sra. Paco identifica a 8 personas (de entre miles) denota una clara utilización de la Justicia para buscar la invalidación de esas personas específicamente que, en algunos casos son opositores políticos claramente identificados y, en mi caso, un periodista crítico al Poder.
La señora Marianela Paco no entiende que en el caso de autoridades públicas estas están sometidas o son sometidas a satitrización y no se trata de un asunto de discriminación, dado que ella es una alta autoridad de Estado y no existe relación directa con ella como para “discriminarla” (si de algo se hace sátira en el mundo, es de los políticos y mandatarios, no creo necesario citarlos).
La Señora Paco considera que las sátiras, las bromas referidas a su sombrero “ofenden su identidad”, cosa que es muy “política” de su parte y, relativa en su valoración; habría que encontrar expertos (a lo mejor recurrir a antropólogos) que logren hacer ver que el sombrero de la señora Paco es parte de su “identidad”, la cosa que es muy subjetiva; para muchos de los que hemos satirizado sobre el sombrero eso no tiene otra cosa que un valor de “moda” o, como se dice en inglés, “fashion” pero no tiene que ver con “discriminación ni tiene que ver con su “condición de mujer”, porque hay miles de pruebas de que hemos criticado o satirizado (al menos en mi caso) a hombres con y sin sombrero, con corbata o con poncho, de manera que no hay razón para que la JUSTICIA reciba la denuncia pero, sabemos que una JUSTICIA amenazada, agredida y sojuzgada bien puede dar lado al objetivo político de la Sra. Paco que, seguramente embosca una instructiva política en una queja que no tiene pies ni cabeza.
En mi caso, la señora Paco ha usado los espacios que se le brindan para insultarme y lanzar infundios sobre mi, la entiendo, creo que a ella le ordenan que lo haga y ella, obediente, lo hace; yo soy periodista y se que son las reglas del juego, yo critico y desde el Poder me insultan, no es la primera vez ni va a ser la última, el Poder, en este y otros Gobiernos y en diferentes niveles actúa siempre de la misma forma, de todas maneras, nunca se había atentado contra la nobleza de objetivos de la Ley contra la discriminación y el racismo sometiendo a la Justicia ante el Poder Político, cuando esa Ley tiene objetivos reparadores de verdaderos daños morales y personales a gente que, en condiciones de inferioridad social, económica o de poder (por dar algunas situaciones) se ve menoscabada en sus derechos.
La Señora Paco pretende usar a la Justicia para anular o dañar al que ella considera su oponente político, cosa que no es mi caso, porque ella y el Gobierno se van el 2019 y yo seguiré siendo crítico con el Gobierno que venga, como lo he sido con J Quiroga, con Sánchez de Lozada, con Carlos Mesa, con E Rodríguez Veltzé y con Evo Morales (aún cuando me invitó, personalmente a su posesión como Presidente) y a nivel departamental, con R Costas, Percy Fernández, M Reyes Villa y otros.
Ese es el rol del periodismo, analizar lo que hace el Poder y ser crítico con él, fundamentar y respaldar lo que se dice, por supuesto, en mi caso, he escrito varios libros en la gestión Evo Morales, de manera que respaldado está el trabajo y, durante casi 2 años he escrito 2 espacios críticos y satíricos “AJA” y “La Columna Jónica” en las páginas de Facebook y algunos muros periodísticos, de manera que sólo la inquina personal de la Sra. Paco puede justificar su desacertada intención de manejar la Justicia. (iba a definir inquina pero, a lo mejor da para más “requerimientos” a la Justicia).
Hacer sátira es parte de la actividad del periodista, los periódicos lo han hecho con relación al Presidente, a los Gobernadores y, hasta la misma Sra. Paco y en varios de ellos, su sombrero tiene mucho que ver; hay decenas de ellas y eso seguirá siendo así. Probablemente si la Sra. Paco fuera una Ministra menos polémica en sus declaraciones públicas y no tan confusa, lo que diga pudiera tener mayor importancia que su “cuidado atuendo” y aparente necesidad de estar “a tono” entre el sombrero y su vestimenta, ese es un hecho notorio y no hay manera de no referirse a ello; que ahora se nos venga a decir que el sombrero tiene directa relación a la identidad no es muy convincente, se lo ve, en todo caso, simplemente como una excusa para “invalidar” justicia mediante, a un periodista y a 7 u 8 políticos, claramente identificados por sus actividades cuando las páginas o las Redes Sociales están llenas de sátiras y burlas.
Sería una verdadera pena que la acción de la Sra. Paco, respaldada en su Poder, prospere. Estaríamos, ahora si, en los tiempos de la inquisición política, como los de García Meza, claro, a lo mejor la Sra. Paco en esos tiempos era muy joven, pero, haría bien si se diera tiempo para saber lo que ocurrió entonces, así tal vez pudiera evitar que su Gobierno termine de ser idéntico a aquel que tanto daño causó al país

Jaime DiMare, anuncia que el MAS celebrará una nueva "milluchada" (purificación) para librarse de las acusaciones de crímenes y lavarse las manos de la sangre de las casi cien víctimas en estos diez anos que Evo lleva en el Poder. buena idea.

Dentro el “masismo” ya se habla de una necesaria nueva “milluchada” para dejar atrás la estela de muerte que arrastra no sólo desde hace diez años de gestión de gobierno, sino desde que fue concebida aquella idea del “Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos” (IPSP) en los años 80. Recordemos la muerte del teniente Andrade y su esposa, y la decena de cocaleros muertos por esta causa política.
No hay duda que una nueva “milluchada”, como las demás cuestiones metafísicas que cultiva el Gobierno, no darán resultados. Será como un espectáculo para muchos. En el centro de esta estela está el presidente Morales. Los dedos acusadores de familiares de 70 muertos, desde que se instaló en el Gobierno, lo señalan como al primer responsable. El presidente como respuesta dice que “la oposición y los medios buscan convertir víctimas de conflictos sociales en bandera política”. Los conflictos sociales siempre son producto de cuestiones políticas, hasta el caso Zapata, que parecía una cuestión “rosa”.
Los tristemente célebres San Román, Menacho durante el “movimientismo” ejecutaron planes para evitar protestas y revueltas contra la presidencia del Dr. Paz, pero los dedos acusadores de las muertes, lo señalaron a él como responsable.
García Meza purga condena por ser responsable de las atroces muertes de cientos de civiles durante el cruento golpe de Estado en 1981. No fue autor material, pero sí intelectual por haber asumido la presidencia.
Los hechos más cercanos. Gonzalo Sánchez de Lozada que se dio a la fuga en medio de enfrentamientos provocado por organismos de represión bajo su control, fue señalado y hasta sindicado, por la muerte de ciudadanos en El Alto. Fue el mismísimo Evo Morales quien levantó primero su dedo acusador, y hasta ahora lo sigue haciendo, pidiendo que se lo extradite de EEUU para responder por esas vidas.
Ciertamente que hay responsables, cabezas visibles de esas acciones y violentas muertes, aunque el control absoluto de las investigaciones y la justicia por el poder político, impide –como en el caso de los mineros cooperativistas muertos y el asesinato del viceministro Illanes–, su total esclarecimiento.  Siempre fue así, se ocultan los hechos, se manipula la información desde los centros de poder. Aunque ahora, por más esfuerzos que se hagan para evitar evidencias, la tecnología es capaz de contribuir a esclarecer muchas oscuras situaciones. Incluso la Policía actúa en sus operativos represivas con “drones”, remotamente controlados para saber quiénes son y dónde están los “revoltosos.” A los ojos de la tecnología, ahora es más difícil y complicado, que hace 10 o 20 años ocultar las cosas y desinformar.  Y si el Gobierno protesta por los vídeos difundidos, en redes sociales y los medios, del difunto viceministro, porqué no revela en forma extensa la conversación que sostuvo los últimos minutos de su vida con sus altos jefes antes de su asesinato. Es sencillo, todos los funcionarios públicos están conectados vía Entel. Los registros deben estar allí. De esa manera, todos saldrán de las dudas y el pueblo boliviano incluyendo los familiares del malogrado funcionario habrán ejercido su derecho a saber la verdad. Habrán tenido acceso a las informaciones. Eso también es parte de las libertades democráticas, de la libertad de expresión.  

El autor es periodista Reg Nal. No. 169.

recomienda Los Tiempos eliminar la improvisación, el triunfalismo, el fácil ventajismo político en el tratamiento del tema marítimo en La Haya. su clarinada es oportuna, por la cercanía del martes 13 en que chilenos y bolivianos presentarán ante la Corte sus primeros alegatos.

En medio de un escenario en el que predominan la desorientación y la búsqueda insensata de confrontación interna, el juicio que Bolivia contra de Chile interpuesto ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es uno de los pocos temas, tal vez el único, que hace que se olviden diferencias y se trabaje en forma responsable y con ánimo concertador.
Así, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha organizado varias reuniones para reflexionar sobre la forma en que el país actuará el próximo 13 de septiembre, cuando los delegados de Bolivia y Chile deberán decidir si se abre una nueva etapa de alegatos o no.
Se ha convocado a varios expresidentes y excancilleres que junto con el Delegado, varios de los abogados y personal especializado del país (sin que dejen de aparecer algunos funcionarios interesados en, como se dice popularmente, “aparecer en la fotografía”), de manera que la posición que exponga el Delegado exprese un consenso previo y unidad, aspectos que, sin duda, dan un fuerte respaldo a la demanda boliviana, y que son una de las características de esta iniciativa desde sus orígenes.
En este sentido, se debe reconocer que dentro y fuera del oficialismo se ha mantenido el pedido presidencial de dar prioridad a esta demanda, respetar el hecho de que está por encima de las divergencias político-ideológicas, salvo algunos excepcionales intentos de usar este tema con fines particulares,
Sin embargo, se debe advertir que muchos asuntos que pueden afectar este proceso se han lanzado como iniciativas que tienen, lamentablemente, un tufillo de aprovechamiento con fines de política interna. No está de más, en este sentido, insistir en la necesidad de eliminar los peligros de improvisación, triunfalismo y mal uso del tema, pues el país ha invertido mucho en este proceso.

risible. la inculpación del Gobierno de Evo a su ex-amante. "no le hizo ningún dano economico al Estado" y que por tanto no habrá acusación en este rubro. repulsa y fastidio de ciudadanos.

La Ministra de Transparencia declaró que Gabriela Zapata, excompañera sentimental del Presidente del Estado, con el que tuvieron un hijo, “acumuló recursos económicos a través de actividades ilícitas, éstas se traducen en haber obtenido o haber forzado a personas particulares, empresarios privados para hacerles creer que ella tenía influencias en el Gobierno nacional. En realidad (…) no ha sacado nada de ninguna entidad pública, por eso estamos seguros que no ha habido un daño económico al Estado”.
Esta declaración confirma que la idea de “sensacionalizar” la relación amorosa del Primer Mandatario no responde a algunos medios, sino a operadores del propio  gobierno con el presunto propósito de desviar la atención del meollo de esa relación: que fue por esa relación que la empresa china Camce la incorporó a su “staff” ejecutivo (sin que tenga la experiencia y formación para ello), y que se le haya adjudicado la construcción de obras o ejecución de proyectos por un monto que sobrepasa los 550 millones de dólares.
Eso es lo que debía investigar el Estado; es decir, si esas adjudicaciones fueron transparentes, si hubo competencia legítima con otras empresas, si se cumplieron todos los requisitos y otras interrogantes que no han sido absueltas. Aumenta la desconfianza el hecho de que en las comisiones investigadoras no se haya convocado, por ejemplo, a los representantes legales de la empresa Camce ni a los ministros que han sido involucrados en el caso.
En resumen, hay que recordar a los dignatarios del Estado que se empeñan en banalizar este caso, que el Presidente y la ciudadanía han pedido centrarse en dilucidar si fue o no gracias a la relación sentimental mencionada que se beneficiaron Camce u otras empresas con adjudicaciones de obras estatales conectadas con Zapata, extremo que, si se comprueba, sería infringir daño económico al Estado, como debiera saber la ministra.

acertado el título. "paranoia golpista" dirigido a Evo Morales que ve, pretende ver en cada episodio un "golpe de Estado" y trabaja para demostrar lo imposible. lo que hubo ha sido "imprudente manejo de la crisis con los trabajadores mineros cooperativistas" que no ha concluído.

Por enésima vez, el Gobierno del presidente Evo Morales ha planteado que es víctima de una conspiración golpista. La protesta social de los trabajadores cooperativistas mineros está en la mira del Poder Ejecutivo bajo esta hipótesis, tras la brutal muerte del viceministro Rodolfo Illanes. Ningún tipo de violencia tiene justificativo en un Estado de derecho. La saña y la ferocidad con que los cooperativistas ultimaron a Illanes son condenables desde todo punto de vista y sus responsables deben ser sancionados con el mayor rigor de la ley.

De la misma forma, deben ser procesadas aquellas personas involucradas en la muerte de cuatro mineros en el marco del mismo conflicto, que enfrenta a la administración de Morales con el sector minero, uno de sus principales aliados estratégicos desde el inicio mismo de su mandato en 2006.

Aquellos que un día fueron los consentidos del régimen encabezado por Morales, ahora se han volcado a las calles por la decisión del Gobierno de impulsar su sindicalización, la adecuación de las cooperativas a la Ley Minera y la recuperación estatal del control sobre los yacimientos mineros. La protesta de los cooperativistas surge en un contexto de creciente malestar social producto de la incapacidad del Gobierno de satisfacer sobredemandas económicas que el propio Ejecutivo les ha planteado en el marco de un modelo de distribución de los excedentes que hoy sufre por la baja en los precios de las materias primas a escala internacional.

Plantear que detrás de estas protestas está en ciernes un golpe de Estado, parece una exageración sin mayor sustento que oculta las verdaderas razones de las protestas de los sectores internos en el propio oficialismo. En dicho planteamiento, además de no presentar pruebas contundentes del supuesto afán golpista, tampoco aparece una autocrítica de parte del Gobierno, que actuó con clara negligencia durante el conflicto. La firma de un decreto presidencial en medio del estallido minero no hizo más que avivar el incendio.

La muerte de Rodolfo Illanes, como la de los mineros, no es más que la gota que colmó un vaso que ya estaba lleno desde antes. El Gobierno ve fantasmas y conjuras donde hay malestar social. Ve una conspiración donde solo se ven demandas insatisfechas. No es menor esta crisis política que ha estallado por el conflicto minero. Más que atender las teorías conspirativas, el Ejecutivo debe plantear soluciones a una economía que está en problemas y a un modelo que demanda una reforma de fondo para el bien de todos los bolivianos