Son muchos los antecedentes que indican que los abusos cometidos para dar carácter reservado, sin orden judicial de por medio, a una audiencia, en uno de los muchos casos de corrupción militar, no son excepcionales
Una vez más, en lo que ya forma parte de una muy larga cadena de escándalos, las Fuerzas Armadas ocupan un lugar destacado en las secciones de información policial de los medios de comunicación de nuestro país. La corrupción y el abuso de poder han vuelto a ser, como en los casos anteriores, las dos principales causas de tal situación, con la agravante de que en esta ocasión ambas conductas se presentaron juntas.
En este caso, la corrupción militar se plasmó en un millonario desfalco. Consistió en que un grupo de jefes del Ejército se asociaron para apropiarse, mediante contratos fraudulentos, de dinero destinado a la construcción de puestos militares como parte del programa estatal “Bolivia cambia, Evo cumple” que no llegaron a ejecutarse. Y el abuso de poder en la manera arbitraria, ilegal y prepotente como, sin que medie orden judicial alguna, se quiso impedir que la audiencia fuera objeto de información periodística. Y si bien no fue directa la intervención militar, el caso puso en evidencia, una vez más, que en nuestro país los miembros de las FFAA todavía gozan de ciertos fueros que los hacen sentir por encima de la ley.
Ambas vertientes del problema tienen amplios antecedentes. En lo que a la corrupción se refiere, baste recordar que ya son por lo menos 10 los casos en los que se ha puesto en evidencia la pésima manera como están siendo administradas muchas de las empresas de las Fuerzas Armadas.
Entre los casos más notables, además del que dio origen al más reciente escándalo, se destacan los de la compra fraudulenta de barcazas chinas para la Fuerza Naval, las compras dolosas de aviones y repuestos para la empresa aerocomercial Transporte Aéreo Militar (TAM), además de su resistencia a cumplir las leyes tributarias, y la quiebra de la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE). Son los ejemplos más elocuentes, pero no los únicos, pues, como lo confirma un informe de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena), a la lista de malos manejos se deben sumar los de otras cuatro empresas que gestiona la corporación militar que también están sumidas en un déficit económico que pone en riesgo la continuidad de sus actividades.
Son también abundantes los ejemplos que se pueden citar sobre los abusos de poder y la tendencia hacia la impunidad militar. Se destacan las más de 30 muertes que, según datos oficiales, se produjeron en recintos militares durante los últimos 10 años. Se trata de conscriptos, cadetes, oficiales, soldados de tropa y una enfermera fallecidos en circunstancias que nunca fueron esclarecidas. Los autores de las muertes no fueron identificados ni castigados, lo que confirma que las autoridades jerárquicas de las instituciones armadas incurren con insistencia en el encubrimiento de sus camaradas.
Con esos antecedentes, no resulta una excepción ni mucho menos la soltura con que agentes policiales dieron rienda suelta a sus impulsos autoritarios para impedir en forma por demás agresiva que un par de periodistas del matutino Página Siete cumplan su misión de informar la opinión pública sobre el juicio al que están siendo sometidos los jefes militares involucrados en la estafa de los puestos militares.
Una vez más, en lo que ya forma parte de una muy larga cadena de escándalos, las Fuerzas Armadas ocupan un lugar destacado en las secciones de información policial de los medios de comunicación de nuestro país. La corrupción y el abuso de poder han vuelto a ser, como en los casos anteriores, las dos principales causas de tal situación, con la agravante de que en esta ocasión ambas conductas se presentaron juntas.
En este caso, la corrupción militar se plasmó en un millonario desfalco. Consistió en que un grupo de jefes del Ejército se asociaron para apropiarse, mediante contratos fraudulentos, de dinero destinado a la construcción de puestos militares como parte del programa estatal “Bolivia cambia, Evo cumple” que no llegaron a ejecutarse. Y el abuso de poder en la manera arbitraria, ilegal y prepotente como, sin que medie orden judicial alguna, se quiso impedir que la audiencia fuera objeto de información periodística. Y si bien no fue directa la intervención militar, el caso puso en evidencia, una vez más, que en nuestro país los miembros de las FFAA todavía gozan de ciertos fueros que los hacen sentir por encima de la ley.
Ambas vertientes del problema tienen amplios antecedentes. En lo que a la corrupción se refiere, baste recordar que ya son por lo menos 10 los casos en los que se ha puesto en evidencia la pésima manera como están siendo administradas muchas de las empresas de las Fuerzas Armadas.
Entre los casos más notables, además del que dio origen al más reciente escándalo, se destacan los de la compra fraudulenta de barcazas chinas para la Fuerza Naval, las compras dolosas de aviones y repuestos para la empresa aerocomercial Transporte Aéreo Militar (TAM), además de su resistencia a cumplir las leyes tributarias, y la quiebra de la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE). Son los ejemplos más elocuentes, pero no los únicos, pues, como lo confirma un informe de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena), a la lista de malos manejos se deben sumar los de otras cuatro empresas que gestiona la corporación militar que también están sumidas en un déficit económico que pone en riesgo la continuidad de sus actividades.
Son también abundantes los ejemplos que se pueden citar sobre los abusos de poder y la tendencia hacia la impunidad militar. Se destacan las más de 30 muertes que, según datos oficiales, se produjeron en recintos militares durante los últimos 10 años. Se trata de conscriptos, cadetes, oficiales, soldados de tropa y una enfermera fallecidos en circunstancias que nunca fueron esclarecidas. Los autores de las muertes no fueron identificados ni castigados, lo que confirma que las autoridades jerárquicas de las instituciones armadas incurren con insistencia en el encubrimiento de sus camaradas.
Con esos antecedentes, no resulta una excepción ni mucho menos la soltura con que agentes policiales dieron rienda suelta a sus impulsos autoritarios para impedir en forma por demás agresiva que un par de periodistas del matutino Página Siete cumplan su misión de informar la opinión pública sobre el juicio al que están siendo sometidos los jefes militares involucrados en la estafa de los puestos militares.
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