Ceños fruncidos y una lluvia de opiniones encontradas ha provocado el anuncio de un acuerdo entre la Santa Sede y Palestina, cuyo contenido está orientado a múltiples actividades entre ambos Estados y es parte del reconocimiento a las reivindicaciones del pueblo palestino, que durante muchos años ha intentado consolidarse. La foto del papa Francisco y el presidente Mahmud Abás, donde se los ve dándose un cordial abrazo, es casi una provocación para los fundamentalistas que apuestan por la guerra y la hostilidad con su vecino Israel.
Pero más allá del hecho que puede ser visto como un espaldarazo diplomático, está toda una estrategia orientada a la construcción de la paz duradera en esa atribulada zona. La tesis del Vaticano parte del reconocimiento de dos Estados independientes, que consolidan sus territorios y se reconocen mutuamente dentro de sus profundas diferencias. Allí conviven ciudadanos con diferentes credos y prácticas, que, en el pasado reciente y el presente, están distanciadas por dogmas e intereses. Probablemente la iniciativa del papa Francisco de pacificar aquella región sea la más importante desde que la ONU se empeñara en la delimitación de los territorios en disputa. Israel mantiene sus abismales diferencias, especialmente con la facción que gobierna la franja de Gaza desde 1960, a la que le atribuye la constante amenaza contra su territorio y sus intereses. De ahí que los acercamientos que están siendo propiciados por los equipos diplomáticos del Vaticano, seguidos muy de cerca por el sumo pontífice, resulten muy complejos.
La búsqueda de la paz y la apertura de una oportunidad para consolidarla es solo el principio; aún falta mucho para que el éxito corone los esfuerzos que se realizan para bajar la presión. El papa, con su personalidad magnética y su apego a las enseñanzas bíblicas, intenta conseguir lo que los ejércitos y las armas no han logrado hasta hoy: paz duradera y justicia en Oriente Medio, la región considerada tres veces santa, por las religiones monoteístas que están involucradas en el proceso
Este es el Observador desde Suecia hacia el mundo. Un Vigilante de la libertad humana. El Vigía por los derechos del hombre, la preservación del medio ambiente, la paz universal.
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jueves, 7 de enero de 2016
martes, 5 de enero de 2016
castigo diivino a la informalidad. los contrabandistas sufren por el incendio de cientos de sus puestos de venta ilegales y ahora quieren el apoyo del Estado para pagar sus deudas y ser indemnizados por sus pérdidas. asombroso. El Dia. SC.
La tragedia que sufrieron 130 comerciantes del mercado paceño de la calle Uyustus explica muy bien la necesidad del país de avanzar en formalización de la economía.
Estos vendedores, al igual que cientos de miles en todo el país, son rabiosos defensores de la ilegalidad, una palabra que suena muy fuerte pero que consiste en vender mercadería de contrabando, que significa evadir impuestos, no pagar beneficios sociales a sus trabajadores, invadir espacios públicos e incurrir en toda clase de faltas bajo la excusa de que son pobres y pequeños. El Estado los tolera porque son muchos, están bien organizados y suelen ser muy coherentes a la hora de devolver en las urnas las ventajas que consiguen de los gobiernos de turno.
El problema es que la informalidad vuelve vulnerables a estos comerciantes que frecuentemente son víctimas de siniestros como el incendio que consumió casi 200 tarimas en la Uyustus. Los gremiales han recurrido a las autoridades por ayuda y seguramente se la van a dar con dinero de los contribuyentes, de los que sí cumplen y los que sufren clausuras cuando se equivocan en la emisión de una factura. Esa lógica nos hace cada vez más pobres a todos, incluyendo por supuesto al Estado.
Estos vendedores, al igual que cientos de miles en todo el país, son rabiosos defensores de la ilegalidad, una palabra que suena muy fuerte pero que consiste en vender mercadería de contrabando, que significa evadir impuestos, no pagar beneficios sociales a sus trabajadores, invadir espacios públicos e incurrir en toda clase de faltas bajo la excusa de que son pobres y pequeños. El Estado los tolera porque son muchos, están bien organizados y suelen ser muy coherentes a la hora de devolver en las urnas las ventajas que consiguen de los gobiernos de turno.
El problema es que la informalidad vuelve vulnerables a estos comerciantes que frecuentemente son víctimas de siniestros como el incendio que consumió casi 200 tarimas en la Uyustus. Los gremiales han recurrido a las autoridades por ayuda y seguramente se la van a dar con dinero de los contribuyentes, de los que sí cumplen y los que sufren clausuras cuando se equivocan en la emisión de una factura. Esa lógica nos hace cada vez más pobres a todos, incluyendo por supuesto al Estado.
domingo, 3 de enero de 2016
el Gobierno no puede tener en los altos puestos a personas sospechadas de ilegalidad, de negociados o contactos dudosos como el caso del Comandante en Jefe de las FFAA General Durán Flores aunque hoy por hoy persisten las acusaciones no desmentidas.
El presidente Morales acaba de posesionar al general Juan Gonzalo Durán Flores como nuevo Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), designación que ha causado polémica por los antecedentes del militar, que fue vinculado a un caso de corrupción que data del año 2007, cuando ocupaba el puesto de director de la empresa Transporte Aéreo Militar (TAM).
Según la denuncia, Durán Flores autorizó el desembolso de más de 522 mil bolivianos para una compra de repuestos que nunca se hizo. Existe una querella en la justicia presentada por Marco Antonio Benavides aunque la nueva autoridad ha negado las acusaciones.
Al Gobierno, que en este momento se encuentra acosado por numerosas denuncias de corrupción, no le conviene acumular más sospechas, sobre todo pensando en las consecuencias que podría acarrearle en los resultados del Referéndum del 21 de febrero. En estas circunstancias debería optar por personas absolutamente libres de toda duda.
Aunque tal vez la idea de la transparencia no esté en su libreto y la estrategia sea justamente elegir los elementos que mejor se adapten al paradigma reinante. Es probable también que en este contexto sea muy difícil hallar manzanas que estén sanas.
Según la denuncia, Durán Flores autorizó el desembolso de más de 522 mil bolivianos para una compra de repuestos que nunca se hizo. Existe una querella en la justicia presentada por Marco Antonio Benavides aunque la nueva autoridad ha negado las acusaciones.
Al Gobierno, que en este momento se encuentra acosado por numerosas denuncias de corrupción, no le conviene acumular más sospechas, sobre todo pensando en las consecuencias que podría acarrearle en los resultados del Referéndum del 21 de febrero. En estas circunstancias debería optar por personas absolutamente libres de toda duda.
Aunque tal vez la idea de la transparencia no esté en su libreto y la estrategia sea justamente elegir los elementos que mejor se adapten al paradigma reinante. Es probable también que en este contexto sea muy difícil hallar manzanas que estén sanas.
miércoles, 30 de diciembre de 2015
Waldo Torres está en lo cierto. reclama del PODER una auténtica DEMOCRACIA. son ambos los conceptos que maneja desde su columna en OPINION. nada de "democracia a granel, nada de populismo autoritario que venda pasajes al paraíso" necesita (el pueblo) antes y después de la acción política y la efectividad de la gestión sin represalias. en fin un texto para meditar.
La indolencia ciudadana ha permitido la consolidación de una “hibridocracia”, caracterizada como aquella que aprovechó los mecanismos democráticos para acceder al poder, y una vez en él, subvertir las bases de la democracia. Esa “hibridocracia” es aquella que concibe y ejerce el poder negando la independencia de los controles jurídico-institucionales, los debates pluralistas y el libre ejercicio de la oposición. Es aquella que confunde el origen democrático del régimen con el ejercicio antidemocrático del Gobierno. Lo paradójico es que este sistema autoritario se ha impuesto como una realidad inalterable e irremediable. Así, el ciudadano con su indolencia ayuda a perpetuarlo, pues todos, aunque en diferente medida, somos responsables del daño al Estado, ninguno es solo víctima de las circunstancias.
Para ser civilizado y democrático, al país no le basta con celebrar elecciones libres. Esa condición se gana o se pierde día a día por la manera en que se es gobernado. No es suficiente promulgar una Constitución y proclamar la igualdad. Hace falta el respeto a la ley para construir una institucionalidad confiable. Democracia es respetar el disfrute de los derechos y garantías fundamentales de “todos” los ciudadanos. Es poner el poder político a su servicio y no abusar de él. Significa lograr un mayor desarrollo humano, el mejoramiento de condiciones de vida y la expansión de las libertades. Es liberar la capacidad de gestión autonómica de las autoridades subnacionales mediante el pacto fiscal.
Una vez más, este Año Nuevo reclamamos un cambio de actitud, una real democracia.
El país está cansado, ya no quiere promesas huecas y demagogia a granel. Nuestra democracia no necesita de populistas autoritarios que vendan pasajes al paraíso, sino de una legión de estadistas tolerantes que hagan efectivos los más caros anhelos y necesidades de la gente. Necesita que se consulte al pueblo antes y no después de haberse tomado la decisión sobre una política pública. Se debe demostrar el éxito con los frutos del trabajo, con la efectividad de gestión y no con las represalias.
El poder se debe manifestar con energía creando empleos, combatiendo la pobreza, la ignorancia, la corrupción y la inseguridad pública, no inventando enemigos, conspiraciones, avasallando instituciones, manipulando la Constitución Política del Estado o amenazando a los medios de comunicación.
Es tiempo de construir el país del futuro, más justo, próspero y libre. Es hora de consolidar el respeto por las reglas de juego, configurar gobiernos estables y poner en marcha la renovación constitucional sin limitarla solo al interés sectario de la reelección. El llamado es a hacer política, a debatir y a negociar, a abordar y a decidir las grandes cuestiones de la vida del país.
Para ser civilizado y democrático, al país no le basta con celebrar elecciones libres. Esa condición se gana o se pierde día a día por la manera en que se es gobernado. No es suficiente promulgar una Constitución y proclamar la igualdad. Hace falta el respeto a la ley para construir una institucionalidad confiable. Democracia es respetar el disfrute de los derechos y garantías fundamentales de “todos” los ciudadanos. Es poner el poder político a su servicio y no abusar de él. Significa lograr un mayor desarrollo humano, el mejoramiento de condiciones de vida y la expansión de las libertades. Es liberar la capacidad de gestión autonómica de las autoridades subnacionales mediante el pacto fiscal.
Una vez más, este Año Nuevo reclamamos un cambio de actitud, una real democracia.
El país está cansado, ya no quiere promesas huecas y demagogia a granel. Nuestra democracia no necesita de populistas autoritarios que vendan pasajes al paraíso, sino de una legión de estadistas tolerantes que hagan efectivos los más caros anhelos y necesidades de la gente. Necesita que se consulte al pueblo antes y no después de haberse tomado la decisión sobre una política pública. Se debe demostrar el éxito con los frutos del trabajo, con la efectividad de gestión y no con las represalias.
El poder se debe manifestar con energía creando empleos, combatiendo la pobreza, la ignorancia, la corrupción y la inseguridad pública, no inventando enemigos, conspiraciones, avasallando instituciones, manipulando la Constitución Política del Estado o amenazando a los medios de comunicación.
Es tiempo de construir el país del futuro, más justo, próspero y libre. Es hora de consolidar el respeto por las reglas de juego, configurar gobiernos estables y poner en marcha la renovación constitucional sin limitarla solo al interés sectario de la reelección. El llamado es a hacer política, a debatir y a negociar, a abordar y a decidir las grandes cuestiones de la vida del país.
lunes, 28 de diciembre de 2015
Los Tiempos ofrece un cuadro de la nueva economía con déficit en el presupuesto que repercutirá en las finanzas públicas. recomienda atender los factores internos que impiden el desarrollo productivo lo que origina cifras rojas después del "período de bonanza" más largo de la historia.
El más reciente informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en el que se hace un balance del año que concluye, ha confirmado, con los datos correspondientes a los últimos meses del año, que no son pocos ni pequeños los motivos para ver con cierta preocupación el futuro inmediato de la economía nacional. Los datos a los que nos referimos son los relativos a las exportaciones durante la gestión que concluye, las que dejarán un déficit comercial de unos 700 millones de dólares, un resultado que deja al país con las mismas cifras que en 2003.
La tendencia que se refleja en el más reciente informe del IBCE no es nueva, pues ya lleva casi un año la inclinación descendente del valor de las exportaciones nacionales, pero esta vez tiene un elemento negativo adicional. Es que por primera vez durante los últimos 12 años se registrará un déficit comercial, pues las exportaciones bordearán los 9.000 millones de dólares contra unos 9.500 millones de dólares en importaciones. Es algo que no ocurría desde el 2003.
El haber cruzado después de 12 años el punto de inflexión, con lo que se podría dar por concluido el más largo período de bonanza económica de los últimos tiempos, no es un detalle que pueda ser fácilmente soslayado sin correr el riesgo de tomar decisiones equivocadas. Así, si se insiste en atribuir el problema solamente a factores externos y circunstanciales, y en no reconocer que también es resultado de una política económica que desfavorece a las actividades productivas ajenas a las exportaciones tradicionales, es una actitud de la que sólo se puede esperar un agravamiento del mal.
El riesgo es aún mayor si se pierden de vista los aspectos cualitativos que se esconden tras las cifras. Nos referimos al dato según el que los rubros en los que hubo más retrocesos son precisamente los que más había costado fortalecer durante varias décadas. Es el caso de los textiles, los artículos de cuero, joyas y maderas elaboradas, entre otros productos con valor agregado relativamente alto, que después de muchas décadas de esfuerzos sostenidos compartidos por el Estado, empresarios y trabajadores se perfilaban promisoriamente como sólidos pilares de una economía nacional más diversa que la que tradicionalmente nos condenó a la condición de productores y exportadores de materias primas.
Tan preocupante como la caída de las exportaciones del sector manufacturero es la sufrida por el sector agropecuario. La dramática disminución de los volúmenes exportados de productos como azúcar, alcohol, soya, girasol y otros es otro dato que da cuenta de un drástico empobrecimiento de la economía nacional.
Es verdad que muchos de esos resultados negativos son atribuibles a factores externos, y por consiguientemente ajenos a la voluntad gubernamental, pero no es menos cierto que las políticas aplicadas durante los últimos años no contribuyen a paliar el problema sino, por el contrario, lo que hacen es agravarlo. Es el caso de los cupos, licencias, sobrecargas impositivas y pesadas cargas laborales que, sumadas a trabas burocráticas a veces infranqueables, dificultan mucho el desarrollo de las actividades productivas no tradicionales.
sábado, 26 de diciembre de 2015
los que ningunéan la importancia del Fondo Indígena despilfarrado, usufructuado, pignorado por el MAS y los masistas entérense de cómo todo el sistema financiero de Bolivia fue alterado por "los ladrones y estafadores del MAS".
Hoy Día de Navidad, deseo a cada uno de mis lectores: felicidades.
En el caso del “Fondo Indígena” se han violado de forma reiterada normas legales. El DS nº 28571 del Presidente Eduardo Rodríguez Veltzé del 22 de Diciembre de 2005 señala en su “ARTÍCULO 9.- (FUENTES DE FINANCIAMIENTO…) El Fondo “tendrá como fuente de financiamiento regular el flujo de recursos provenientes del 5 % de las recaudaciones del IDH”.
Este artículo ha sido olvidado por las siguientes normas:
1ª. Ley 3791 Ley de Renta Universal de vejez (Renta Dignidad)- (donde se establece un recorte considerable del Fondo Indígena. Cfr. GE pg. 49.
2ª. DS 29964 – Creación de universidades indígenas (donde se establece un recorte considerable del Fondo Indígena. Cfr. GE pg.51.
3ª. DS 339 – Afavor del INRA, Bs. 7.000.000 para consultores (donde se establece un recorte del Fondo Indígena). Cfr. GE pg. 56.
4ª. DS 859 – a favor de un “Fondo de Fomento a la Educación Cívica y Patriótica” (donde se establece un recorte del Fondo Indígena).
5ª. Ley 144 – Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria
Que permite un recorte del Fondo Indígena para el “Sistema de Apoyo Técnico”.
6ª. DS 26557 – Decreto de Financiamiento y presupuesto de la Superintendencia del Servicio Civil (donde se establece un recorte del Fondo Indígena).
Es decir, de manera frecuente se han ignorado los derechos de los pueblos campesinos, indígenas y originarios (importante base social del “Gobierno del Cambio”) para quienes el Presidente Rodríguez Veltzé dispuso una forma de financiamiento productivo para sacarlos del atraso, del subdesarrollo y de la ignorancia.
Gracias, epi
lunes, 21 de diciembre de 2015
la última pataleta, o "patadas de ahogado", como se quiera calificar "el último estertor" para entrar ya en "rigidez cadavérica" así está el otrora famoso PSUV el partido creado por Chávez para manejar el poder y repartirse las dádivas que soltaba,soltó,todavía deja chorrear el Estado en favor de una masa "seguidora y ciega" que sólo obedece consignas.
Todo lo que sucede políticamente en Latinoamérica nos afecta en mayor o menor medida y mucho más si proviene de regímenes similares a los que rigen en Bolivia como es el caso venezolano. Para el Estado Plurinacional, la Venezuela chavista es un ejemplo a seguir, y el presidente Morales puede realizar cualquier sacrificio para respaldar a su ahora muy alicaído colega Nicolás Maduro y a la Revolución Bolivariana, imperante desde que asumió el poder en esa nación el extinto Hugo Chávez, hace 16 años.
La incuestionable derrota que sufrió el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las recientes elecciones parlamentarias, donde la oposición alcanzó los dos tercios de los curules disputados en la Asamblea Nacional, ha provocado que el presidente Maduro pretenda desconocer encubiertamente ese triunfo, poniendo cortapisas que hacen temer una Venezuela caótica si es que no se respetan los resultados que arrojaron las urnas a favor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Nicolás Maduro ha permitido –ha alentado en el fondo– que se constituya el Parlamento Comunal Nacional, es decir, una asamblea paralela que sería designada entre sus fieles y que defendería la Revolución “desde la calle”, protegiendo las conquistas sociales del chavismo, otorgando poderes absolutamente fácticos a un parlamento espurio que trataría de imponerse por encima de la legalidad. Es más, muchos días después de las elecciones, el primer mandatario venezolano ha informado sobre presuntas irregularidades que pudieron existir y señala la necesidad de revisar los votos que serían producto de un “golpe electoral fascista”.
Este es un pésimo ejemplo que produce una enorme falta de credibilidad en la democracia venezolana, que es buena cuando gana el oficialismo y mala cuando pierde. Se evidencia una tendencia abiertamente dictatorial en la que el PSUV no quiere reconocer que ha sido derrotado ampliamente, sin duda por temor a que se investigue y se castigue, aplicando la ley, una cantidad de vicios que ha llevado a esa nación a ser considerada como una de las más corruptas e inseguras de América.
Como los bolivianos estamos a escasos dos meses de un referéndum decisivo para modificar o no la Constitución, lo que podría permitir la permanencia en el poder de Evo Morales por casi 20 años, es conveniente que la opinión pública observe de lo que son capaces algunos gobiernos populistas que hablan en nombre de la democracia, pero que llegado el momento la burlan
La incuestionable derrota que sufrió el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las recientes elecciones parlamentarias, donde la oposición alcanzó los dos tercios de los curules disputados en la Asamblea Nacional, ha provocado que el presidente Maduro pretenda desconocer encubiertamente ese triunfo, poniendo cortapisas que hacen temer una Venezuela caótica si es que no se respetan los resultados que arrojaron las urnas a favor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Nicolás Maduro ha permitido –ha alentado en el fondo– que se constituya el Parlamento Comunal Nacional, es decir, una asamblea paralela que sería designada entre sus fieles y que defendería la Revolución “desde la calle”, protegiendo las conquistas sociales del chavismo, otorgando poderes absolutamente fácticos a un parlamento espurio que trataría de imponerse por encima de la legalidad. Es más, muchos días después de las elecciones, el primer mandatario venezolano ha informado sobre presuntas irregularidades que pudieron existir y señala la necesidad de revisar los votos que serían producto de un “golpe electoral fascista”.
Este es un pésimo ejemplo que produce una enorme falta de credibilidad en la democracia venezolana, que es buena cuando gana el oficialismo y mala cuando pierde. Se evidencia una tendencia abiertamente dictatorial en la que el PSUV no quiere reconocer que ha sido derrotado ampliamente, sin duda por temor a que se investigue y se castigue, aplicando la ley, una cantidad de vicios que ha llevado a esa nación a ser considerada como una de las más corruptas e inseguras de América.
Como los bolivianos estamos a escasos dos meses de un referéndum decisivo para modificar o no la Constitución, lo que podría permitir la permanencia en el poder de Evo Morales por casi 20 años, es conveniente que la opinión pública observe de lo que son capaces algunos gobiernos populistas que hablan en nombre de la democracia, pero que llegado el momento la burlan
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