Que el control de los órganos judiciales es una vieja aspiración del MAS, es conocido por todos. Desde el primer momento el partido en función de gobierno demostró que estaba dispuesto a hacer lo imposible para lograr que el sistema judicial se sujetara a sus designios y el Tribunal Constitucional fue el primer objetivo.
Ahora es más que evidente que nuevamente el MAS se dispone a lanzar una ofensiva en regla contra la Corte Suprema de Justicia y particularmente su presidente Eddy Fernández y el justificativo es la supuesta retardación de justicia en el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada y el denominado “octubre negro”.
Ciertamente el objetivo no es mejorar la administración de justicia sino tener una judicatura dócil que le permita frustrar cualquier intento de estructurar una oposición sólida en la perspectiva de las elecciones generales de diciembre próximo. En la mira están prefectos y cívicos autonomistas además de dirigentes opositores.
De esta forma Evo Morales no solo quiere un control absoluto de la Corte Nacional Electoral que le permita reeditar el fraude cometido en los referéndums revocatorio y constituyente, sino también contar con todo un aparato de amedrentamiento contra cualquier político que haga oposición a la arremetida autoritaria de Evo.
Esa acción combinada de represión abierta y descarnada con un remedo grotesco de “justicia” ya se aplicó en el caso del prefecto pandino Leopoldo Fernández quien se encuentra en el limbo, detenido en la cárcel de San Pedro, sin que se le haya iniciado un proceso y sin que exista una acusación formal en su contra.
Es conveniente también recordar la toma de la casa del exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y la agresión perpetrada contra su esposa e hijos. El exvicepresidente no tiene a quien acudir y por obra y gracia de un grupo de fiscales leales al MAS que se han asentado en la Paz , puede pasar de víctima a victimador.
La lógica con la que actúa el MAS en lo concerniente a la justicia es absolutamente clara. La justicia no debe ser más que un instrumento represivo a su servicio.
De otra forma como se explica que sea el ministro de Defensa, Walker San Miguel quien oficie de portavoz en todo lo relacionado con temas judiciales. Es claro que esta tarea debiera corresponder a la ministra de Justicia, Celima Torrico (un florero con polleras), pero como todos ya se han percatado ella sabe tanto de justicia como de la teoría cuántica.
Además es evidente que el absoluto desconocimiento que tienen gran parte de los ministros sobre sus áreas específicas no es casual y responde, por un lado, a satisfacer ciertas expectativas de género y por otro darle un tinte más o menos indigenista-populachero al gabinete.
Esto ha ocasionado que muchos ministros, del círculo más íntimo de Evo, incursionen por otras áreas y sus colegas no estén más que de pantallas y se limiten a cobrar sus sueldos y extras que vienen de los recursos venezolanos.
Esta es la visión que se tiene también del Poder Judicial. Lo que se pretende es que el ahora llamado “”Organo Judicial”, sea exactamente eso, un apéndice del Ejecutivo y que los que “administren justicia”, si el término cabe, sean los ministros de Defensa y de Gobierno. Y si cabía alguna duda, el gobierno ha ordenado que los abogados masistas se organicen para tomar el poder judicial en un célula de ex jueces y abogados que son resabios de diferentes partidos y el plan ha comenzado en Santa Cruz. (Palo Santo del sitio EJ.org)
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