Estas situaciones representan un abierto desafío a la autoridad del Estado y que, a medida de su falta de intervención en el propósito de frenarlas, se deteriora cada vez más.
Resulta cuando menos reveladora la declaración del director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Jorge Toro, quien acepta la impotencia de su institución para controlar los linchamientos que se registran en diferentes puntos del país, señalando como motivo principal, la falta de personal en las poblaciones rurales.
Sin embargo, el problema de estas acciones no está tanto en la vigilancia policial, sino en el establecimiento de una especie de cultura y valores que da la impresión que han sido relegados para dar paso a tomar la justicia por propia mano. El problema como se sabe tiene diferentes aristas y connotaciones, desde las que tienen que ver con esa especie de cansancio y también de impotencia de los pobladores que pretenden castigar a los presuntos delincuentes con acciones violentas que derivan incluso en la muerte, hasta la equivocada concepción de la justicia comunitaria.
El asunto de los linchamientos que cada vez con mayor frecuencia sacuden a la gente, no tiene hasta el momento un diagnóstico serio sobre las causas y aparentemente todo lo que se ha dicho está basado en criterios empíricos, pero la verdad es que esta forma de violencia colectiva no puede ser considerada como un hecho normal pues representa, sin ninguna duda, uno de los problemas más graves y serios que debe enfrentar el Estado.
Lo que se debería empezar a considerar frente a esta problemática, tiene que ver con señalar primero cuántos casos de linchamientos se han registrado en el país, bajo qué circunstancias y cuáles han sido los procedimientos policiales y del Ministerio Público para dar con los autores y los instigadores de las turbas y la participación de los vecinos. Por un lado, existen reacciones espontáneas que se presentan generalmente cuando se forman grupos de personas que luego derivan en la violencia, pero generalmente también se presenta gente que instiga e instruye para que la turba se convierta en ejecutora de situaciones extremas que, incluso, cuando existe intervención policial, son recuperados para darles un escarmiento.
En nuestro medio no se conoce, con precisión, si el linchamiento es una reacción ante la falta de la autoridad policial que garantice los bienes y la integridad física de las personas, o si se trata de una reacción colectiva que ejercita una peculiar violencia, porque sus valores sobre la justicia y otras consideraciones legales han sido trastocados por otras formas de entender la seguridad y la defensa vecinal.
De cualquier modo, estas situaciones representan un abierto desafío a la autoridad del Estado y que, a medida de su falta de intervención en el propósito de frenarlas, se deteriora cada vez más. Otro hecho que agrava el problema es que en los casos de linchamiento en los que fueron apresados algunos instigadores, los procesos de investigación y de aplicación de la norma penal, no prosperaron, lo que convierte a esta figura de violencia, a sus promotores y participantes en algo impune ante la ley.
Si por un lado, no existen condiciones adecuadas para que efectivos policiales sean desplazados con oportunidad y premura a las zonas rurales donde se registran estos hechos por carencia de recursos y por otro, se nota la ausencia de Estado en la aplicación de las normas y de procedimientos para sancionar a los culpables, estamos frente a un problema de dimensiones insospechadas.
Sin embargo, el problema de estas acciones no está tanto en la vigilancia policial, sino en el establecimiento de una especie de cultura y valores que da la impresión que han sido relegados para dar paso a tomar la justicia por propia mano. El problema como se sabe tiene diferentes aristas y connotaciones, desde las que tienen que ver con esa especie de cansancio y también de impotencia de los pobladores que pretenden castigar a los presuntos delincuentes con acciones violentas que derivan incluso en la muerte, hasta la equivocada concepción de la justicia comunitaria.
El asunto de los linchamientos que cada vez con mayor frecuencia sacuden a la gente, no tiene hasta el momento un diagnóstico serio sobre las causas y aparentemente todo lo que se ha dicho está basado en criterios empíricos, pero la verdad es que esta forma de violencia colectiva no puede ser considerada como un hecho normal pues representa, sin ninguna duda, uno de los problemas más graves y serios que debe enfrentar el Estado.
Lo que se debería empezar a considerar frente a esta problemática, tiene que ver con señalar primero cuántos casos de linchamientos se han registrado en el país, bajo qué circunstancias y cuáles han sido los procedimientos policiales y del Ministerio Público para dar con los autores y los instigadores de las turbas y la participación de los vecinos. Por un lado, existen reacciones espontáneas que se presentan generalmente cuando se forman grupos de personas que luego derivan en la violencia, pero generalmente también se presenta gente que instiga e instruye para que la turba se convierta en ejecutora de situaciones extremas que, incluso, cuando existe intervención policial, son recuperados para darles un escarmiento.
En nuestro medio no se conoce, con precisión, si el linchamiento es una reacción ante la falta de la autoridad policial que garantice los bienes y la integridad física de las personas, o si se trata de una reacción colectiva que ejercita una peculiar violencia, porque sus valores sobre la justicia y otras consideraciones legales han sido trastocados por otras formas de entender la seguridad y la defensa vecinal.
De cualquier modo, estas situaciones representan un abierto desafío a la autoridad del Estado y que, a medida de su falta de intervención en el propósito de frenarlas, se deteriora cada vez más. Otro hecho que agrava el problema es que en los casos de linchamiento en los que fueron apresados algunos instigadores, los procesos de investigación y de aplicación de la norma penal, no prosperaron, lo que convierte a esta figura de violencia, a sus promotores y participantes en algo impune ante la ley.
Si por un lado, no existen condiciones adecuadas para que efectivos policiales sean desplazados con oportunidad y premura a las zonas rurales donde se registran estos hechos por carencia de recursos y por otro, se nota la ausencia de Estado en la aplicación de las normas y de procedimientos para sancionar a los culpables, estamos frente a un problema de dimensiones insospechadas.
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