El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró ayer que el tratamiento del proyecto de ley de Extinción de Dominio de Bienes continuará hasta su aprobación, porque es una decisión gubernamental “que no tiene retorno”.
En contraposición, el transporte sindicalizado, gremialistas y fabriles, por separado, pidieron anular el proyecto en su totalidad. Los choferes declararon un paro indefinido que comenzaría la próxima semana hasta que el proyecto sea archivado definitivamente.
En Cochabamba, transportistas sindicalizados, gremialistas, trabajadores fabriles y dirigentes de la Central Obrera Departamental (COD) protagonizaron ayer una multitudinaria marcha contra el proyecto de ley a la que calificaron de “maldita” porque permitirá la confiscación de sus vehículos, inmuebles, mercadería y otros bienes, sin respetar la presunción de inocencia, a la sola sospecha de contrabando, narcotráfico o haya sido adquirido ilegalmente.
“Ni pequeños ni grandes gremiales o transportistas se salvarán de esta maldita ley, afecta a todos los que tengan un bien”, reiteraron en sus discursos.
El ministro Romero, en la mañana, minimizó las movilizaciones de los gremialistas contra el proyecto y aseguró que la mayoría de los bolivianos apoyaba la iniciativa y quienes se oponían a la normativa protegían a contrabandistas y narcotraficantes.
Minutos antes de que la marcha en Cochabamba llegara a la plaza principal, en rueda de prensa Romero manifestó que estas movilizaciones eran “absolutamente inoportunas” y lo que estaban haciendo es dar tiempo a los narcotraficantes y contrabandistas para que vayan saneando sus bienes”, porque la intención de la ley es “afectar los bolsillos de los magnates” del contrabando y narcotráfico.
Agregó que preocupa que los transportistas, pese a los cambios en la normativa que excluyen al sector, sigan convocando a movilizaciones y “queriendo o sin querer están actuando en complicidad con narcotraficantes y contrabandistas”.
No obstante, dijo que el Gobierno está abierto al diálogo y a la modificación de la normativa. En esa misma línea, la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, reitera su invitación al sector del transporte a retomar la mesa de diálogo para consensuar el proyecto de ley.
“La ley es positiva de por sí misma, habrá que hacer ajustes constitucionales, que los estamos realizando en la Asamblea y no vamos a ingresar en detalle hasta que no se despejen las dudas”, aseguró Delgado.
El secretario Ejecutivo de la Federación del Autotransporte de Cochabamba, Lucio Gómez, dijo que sólo aceptarán reunirse con el Gobierno para “hacer conocer que el proyecto de ley no va” y por lo mismo dijo que el paro indefinido es un hecho.
“La decisión ya está dada, el compañero Franklin Durán está dispuesto y pendiente para declarar el paro general indefinido en cualquier instante. Vamos a esperar que pasen las fiestas de Todos Santos”, dijo Gómez.
"Si es que trataran la ley, inmediatamente vamos a lanzar el paro general indefinido con bloqueo de carreteras. Antes que se trate debíamos hablar", manifestó por su parte en La Paz el máximo dirigente de los choferes del país, Franklin Durán.
Gremiales piden su anulación
Los gremialistas de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí y Sucre se movilizaron ayer en rechazo al proyecto de ley de Extinción de Dominios de Bienes a favor del Estado, porque consideran que afectará sus distintas actividades y bienes.
En Cochabamba, los vendedores de ropa usada marcharon y llegaron hasta la plaza central, donde expresaron su protesta.
Al igual que los transportistas, exigen la anulación de todo el proyecto y la suspensión de su aprobación en la Cámara de Diputados.
Las movilizaciones de ayer en Santa Cruz y La Paz estuvieron acompañadas de bloqueos, y los mercados funcionaron a medias.
"Esta ley ya ha sido aprobada en grande y la población no lo sabe. Si quieren controlar a los contrabandistas ya existe una ley, si quieren controlar a los narcotraficantes por qué no aplican la Ley 1008. Ahora quieren que en cinco días rindamos cuentas del patrimonio que nos ha costado todo una vida", protestó el dirigente de los gremiales de Santa Cruz, Jesús Cahuana.
"Lo que el Gobierno quiere hacer con esta ley es ponernos al nivel de los contrabandistas y narcotraficantes. Nosotros hemos reunido nuestro patrimonio en años de trabajo. De qué sirve trabajar con honestidad, si ahora seremos tratados igual que los delincuentes", dijo.
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