Un abogado potosino, exconstituyente del Movimiento al Socialismo y exmagistrado de la Corte Suprema nombrado por el presidente Evo Morales, acaba de convertirse en el nuevo fiscal general del Estado Plurinacional. Se trata de Ramiro Guerrero Peñaranda, que lleva 20 años de ejercicio como abogado.
Su elección tuvo lugar en una maratónica y bochornosa sesión de la que se retiraron varios legisladores de la oposición mientras otros de la misma línea permanecieron en sus curules para votar. Tal disparidad de criterios y de acción facilitó el acceso de Guerrero Peñaranda al cargo y equivale a llorar sobre la leche derramada el ‘mea culpa’ de última hora de los despistados opositores. El oficialismo logró imponer los dos tercios de sus votos que no había conseguido cuando hace poco buscó la suspensión de la asambleísta opositora Adriana Gil. Tras la designación del nuevo fiscal, se pone en duda su capacidad en materia penal y, además, se anuncian procesos en su contra por acusaciones sobre supuestos casos de terrorismo y de favorecimiento judicial.
Con la elección del fiscal general, se considera que el partido de Gobierno ha cerrado el círculo de la toma de instituciones relacionadas con la administración de justicia en el país y se teme que desde el Ministerio Público se acentúen las persecuciones judiciales contra los oponentes del régimen masista. Entre los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado y la Ley del Ministerio Público, un fiscal no debe tener militancia política para que pueda desempeñar sus funciones en defensa de la sociedad y garantizar la legalidad con imparcialidad. La trayectoria y antecedentes de la flamante autoridad no acreditan plenamente su independencia, aunque el fiscal Guerrero negó tener filiación partidaria alguna, mientras que abogados constitucionalistas advirtieron irregularidades procedimentales presuntamente cometidas en el proceso de elección.
Sin ocultar su satisfacción por el resultado de la elección en la Asamblea Legislativa, el presidente Evo Morales destacó el comportamiento de los parlamentarios de su partido que en representación del ‘proceso de cambio’ le asestaron un ‘mazazo’ a la derecha, al neoliberalismo que junto al ‘imperio’, desde la óptica presidencial y de sus colaboradores, son causantes de todos los males habidos y por haber que aquejan a los bolivianos.
Casi al mismo tiempo, el vicepresidente Álvaro García Linera, en un rapto de sinceridad, dijo que el cambio de la justicia (en el país) va a requerir un largo trabajo, la justicia está mal, estaba mal antes y aún sigue mal”. Hay una considerable diferencia conceptual y de valoración entre el ‘mazazo’ de Evo Morales y la reflexión de García Linera sobre la maltrecha justicia boliviana, con su crédito, eficacia y confiabilidad por los suelos.
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