El Tribunal Constitucional (TCP) ha estado emitiendo señales que podrían generar algún tipo de entusiasmo sobre la restauración del Estado de Derecho en Bolivia. Recientes fallos han generado incomodidad en el régimen político gobernante porque, a simple vista, este se quedaría despojado de los mecanismos de persecución que ha estado aplicando en estos siete años y que le han servido con mucha eficacia para sacar del camino a los líderes de la oposición.
La primera de las determinaciones del TCP la tomó a principios del mes pasado cuando admitió una demanda de inconstitucionalidad de los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías, que facilita la suspensión de alcaldes y gobernadores a simple presentación de una imputación fiscal. Cuando se pensó que la seguidilla de golpes de Estado había terminado, el máximo organismo judicial aclaró que la norma en cuestión sigue vigente y como para ejemplificarlo, en San Ignacio de Velasco acaba de ser suspendido el alcalde. La decisión del TCP tampoco impidió el oprobio sufrido por el alcalde de San Juan de Yapacaní, Katsumi Bani.
Recientemente, el TCP ha emitido una resolución que parece mucho más clara. Nos referimos a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 162 del Código Penal que establece la figura del “desacato”, un instrumento jurídico retrógrado y medieval que ha desaparecido de casi todas las jurisdicciones del mundo a insistencia de la ONU y de otros organismos que lo consideran propio de las dictaduras porque restringe severamente la libertad de expresión y también hiere la vigencia de los Derechos Humanos.
El desacato ha sido precisamente el “caballito de batalla” del régimen del MAS para desatar una guerra sin cuartel contra la disidencia en el país y como era de esperarse, su eliminación ha generado un tremendo malestar en las filas oficialistas, donde ha surgido la advertencia clara de que, ya sea con la restitución del desacato o con cualquier otro instrumento, los gobernantes seguirán haciendo valer su poder y sus privilegios sobre los individuos de este país aún cuando esto suponga la eliminación de las garantías más elementales.
La tercera decisión del TCP tiene que ver con la eliminación de la retroactividad de la ley contra la corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, algo que no debería merecer ni siquiera un tratamiento de esta naturaleza, puesto que la aplicación de cualquier norma para hechos pasados es violatoria de un principio elemental, que sin embargo, es defendida a capa y espada por el régimen, que insiste en su vigencia.
En fin, no deja de ser un avance que los magistrados del TCP no quieran aparecer como trogloditas en el contexto internacional y vayan tomando posiciones encuadradas en el Estado de Derecho. El tiempo dirá si estas señales se consolidan en actitudes principistas sostenidas y falta saber qué tipo de consecuencias va a generar dentro de la hegemonía política que seguramente no se quedará de brazos cruzados viendo cómo destruyen “el andamiaje de miedo” que ha montado en el país.
El TCP tiene mucho trabajo por hacer y sería deseable que cobre la fuerza necesaria para actuar, por ejemplo, con el falso “caso terrorismo”, una gran patraña del régimen que constituye una vergüenza para el sistema de administración de justicia en el país. Este proceso viola todos los preceptos básicos del debido proceso, violenta los derechos humanos y establece conductas propias de las más despiadadas dictaduras.
La primera de las determinaciones del TCP la tomó a principios del mes pasado cuando admitió una demanda de inconstitucionalidad de los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías, que facilita la suspensión de alcaldes y gobernadores a simple presentación de una imputación fiscal. Cuando se pensó que la seguidilla de golpes de Estado había terminado, el máximo organismo judicial aclaró que la norma en cuestión sigue vigente y como para ejemplificarlo, en San Ignacio de Velasco acaba de ser suspendido el alcalde. La decisión del TCP tampoco impidió el oprobio sufrido por el alcalde de San Juan de Yapacaní, Katsumi Bani.
Recientemente, el TCP ha emitido una resolución que parece mucho más clara. Nos referimos a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 162 del Código Penal que establece la figura del “desacato”, un instrumento jurídico retrógrado y medieval que ha desaparecido de casi todas las jurisdicciones del mundo a insistencia de la ONU y de otros organismos que lo consideran propio de las dictaduras porque restringe severamente la libertad de expresión y también hiere la vigencia de los Derechos Humanos.
El desacato ha sido precisamente el “caballito de batalla” del régimen del MAS para desatar una guerra sin cuartel contra la disidencia en el país y como era de esperarse, su eliminación ha generado un tremendo malestar en las filas oficialistas, donde ha surgido la advertencia clara de que, ya sea con la restitución del desacato o con cualquier otro instrumento, los gobernantes seguirán haciendo valer su poder y sus privilegios sobre los individuos de este país aún cuando esto suponga la eliminación de las garantías más elementales.
La tercera decisión del TCP tiene que ver con la eliminación de la retroactividad de la ley contra la corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, algo que no debería merecer ni siquiera un tratamiento de esta naturaleza, puesto que la aplicación de cualquier norma para hechos pasados es violatoria de un principio elemental, que sin embargo, es defendida a capa y espada por el régimen, que insiste en su vigencia.
En fin, no deja de ser un avance que los magistrados del TCP no quieran aparecer como trogloditas en el contexto internacional y vayan tomando posiciones encuadradas en el Estado de Derecho. El tiempo dirá si estas señales se consolidan en actitudes principistas sostenidas y falta saber qué tipo de consecuencias va a generar dentro de la hegemonía política que seguramente no se quedará de brazos cruzados viendo cómo destruyen “el andamiaje de miedo” que ha montado en el país.
El TCP tiene mucho trabajo por hacer y sería deseable que cobre la fuerza necesaria para actuar, por ejemplo, con el falso “caso terrorismo”, una gran patraña del régimen que constituye una vergüenza para el sistema de administración de justicia en el país. Este proceso viola todos los preceptos básicos del debido proceso, violenta los derechos humanos y establece conductas propias de las más despiadadas dictaduras.
El TCP tiene mucho trabajo por hacer y sería deseable que cobre la fuerza necesaria para actuar, por ejemplo, con el falso “caso terrorismo”, una gran patraña del régimen que constituye una vergüenza para el sistema.
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