Hace un par de años me referí al mismo tema (des)motivado por el uso del bloqueo de carreteras como método de presión para obtener algún beneficio. Pasado el tiempo, la misma (des)motivación me embarga porque encuentro que aquél no sólo se ha “institucionalizado” como herramienta de presión social, sino que existe una ausencia de respuesta ante la conculcación de derechos constitucionales y la comisión de delitos que debe preocuparnos. En otras palabras, los mecanismos institucionales del Estado no funcionan ante una ola de manifestaciones que bien pueden ser razonables y estar sustentadas, pero que han atravesado la clara línea divisora entre lo que se puede y no puede hacerse en términos legales.
En el pasado, cuando Evo utilizaba el bloqueo como arma de lucha en la serie de conflictos y reclamos del que era parte como opositor, manifesté mi rechazo a toda acción dirigida a lesionar los derechos de las personas y a infringir la ley considerando que bloqueando, se la incumple. Hoy hago lo mismo bajo el argumento de que independientemente de quién esté a cargo de la administración pública, bloquear un camino o una carretera trae consigo un daño al país, a su economía, a los afectados directos, y a la estructura institucional que exige determinada conducta en gobernantes y en gobernados.
Perder la óptica de esos postulados, y ser permisivo a la hora de aplicar la ley, cuando lo que se hace es violentarla, es una señal poco auspiciosa para quienes creemos en la importancia de consolidar espacios democráticos y legales de interrelación entre el poder político y el soberano, sin que de por medio exista la presión abanderada con actos punitivos. Es más, perder de vista, bajo este enfoque, el axioma que establece que el derecho de una persona termina donde comienza el derecho de la otra, nos está llevando a una suerte de permisibilidad que ya ha puesto en el tapete de las interrogantes ¿en qué queda el deber constitucional del Ministerio Público de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad?
El bloqueo de caminos asfixia la economía, la daña tanto como la credibilidad del Gobierno y los derechos de las víctimas. No existe, por tanto, razón alguna que dé cuenta de que la justa lucha por mejores condiciones de vida deba estar apalancada por la transgresión de derechos. En el pasado, fui crítico de Evo diputado cuando bloqueaba caminos porque entendía –como ahora– que no existe nada más perjudicial para la economía e imagen del país, que tropezarse a diario con una “dinámica bloqueadora” que desaparece únicamente cuando el conflicto también lo hace, y no cuando el hecho nace a la vida jurídica. En aquellas épocas se interpusieron acciones legales en defensa de un principio, que no era otro que respetar la ley por encima de cualquier interés. Hoy, con pesos y contrapesos políticos que marcan otro escenario, penosamente la situación es la misma. Pareciera que el bloqueo le está torciendo la mano al Estado y a sus instituciones democráticas y pareciera que no existe una respuesta –y no porque los instrumentos para hacerla no estén a mano– que ponga coto a esta vorágine delictiva que está cercenando la imagen del Estado responsable de garantizar el bienestar y seguridad de las personas, y el cumplimiento de principios, derechos y deberes reconocidos por la Constitución.
El momento exige erradicar el bloqueo de caminos aplicando, ordenada y constitucionalmente la ley, y estableciendo un orden jurídico que respete el derecho ajeno.
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