conmueve la entrevista con Alejandro exiliado que vive solitario, angustiado que sin haber cometido delito alguno fue enjuiciado en el Caso Rózsa. es una de las 50 víctimas del MAS. (El Día)

Después de más de 2 años en el exilio, acusado de supuesta subversión del caso Rózsa, Alejandro Brown accedió a una entrevista exclusiva con El Día  para decir su verdad.

P. ¿Qué se siente ser un refugiado político?
A.B.: Debería preguntarme  ¡qué siento al ser un perseguido político.  Mi vida es complicada, solitaria, llena de angustia, sobrepasado por la impotencia que siento como víctima injusta del terrorismo estatal.

Jamás cometí delito alguno; sin embargo, el daño irreparable de semejante injusticia, me dejó heridas profundas que quedaron marcadas para el resto de mi vida.

Al solicitar el refugio político me sometí a una investigación independiente e imparcial, fuera de mi país, para demostrar mi inocencia lo que en Bolivia hoy no se puede.

La comunidad internacional está enterada de las arbitrariedades que se han cometido durante la investigación de los imaginarios delitos que nos acusan, violentando las normas vigente.

P. ¿Qué hace, de qué vive, cómo vive su familia?
A.B.:  Recibí la colaboración de muchas personas en el exterior, quienes enterados de la persecución política del gobierno contra personas inocentes se solidarizaron conmigo. Prefiero no referirme a aspectos que tengan que ver con mi familia.

P. ¿Cómo salió del país?
A.B.: Decido desterrarme  del país cuando me enteré que se mencionó mi nombre como uno de los involucrados en delitos inexistentes.

Por todas las violaciones al debido proceso, la clara persecución, el amedrentamiento extremo y por consejo de mis familiares y abogados tuve que entrar en la clandestinidad para luego salir del país, pues se veía que este proceso era político y no judicial.

P. ¿Cómo observa el proceso judicial en su contra?
A.B.: Esta parodia mal montada no puede ser denominada siquiera como un proceso judicial, no es otra cosa que el antecedente más funesto en la historia procesal y política de nuestro país. 

P. El fiscal Soza dijo que quemó las evidencias y en la audiencia conclusiva de la primera fase de la investigación le dijeron que sus pruebas no era suficientes. ¿Qué opina al respecto? 
A.B.: El fiscal Marcelo Soza hizo  muchas cosas raras, desarrollando una investigación viciada de atropellos, plagada de actos abusivos contrarios al procedimiento penal y a la normativa vigente.

El rechazo del juez Sarmiento fue disimulado, ya que después presentó la misma acusación, con apenas unos cambios en la redacción. Esta triste charada no es otra cosa que una flagrante demostración que el poder político no debe ser ejercido por personas llenas de odio y de deseos de opresión a sus hermanos bolivianos solamente por el hecho de pensar diferente.
Espero que en los diversos juicios internacionales que tiene en su contra el gobierno boliviano, no podrán huir jamás de esos resultados que les serán adversos.   

P. ¿Por qué cree que ningún juez quiere hacerse cargo del caso Rózsa?
A.B.: Es muy difícil que un juzgador se haga cargo de llevar adelante la audiencia conclusiva, y pueda dedicarse a resolver cada uno de los diversos incidentes, las excepciones, los pedidos y reclamos de nulidad.
Así como las diversas denuncias de violaciones al debido proceso, al principio de presunción de inocencia y al derecho a ser juzgados por el juez natural.

El juzgador que se haga cargo deberá aplicar la ley, rechazando la acusación por infundada, ordenando el sobreseimiento definitivo y el archivo de obrados.

P. ¿Se reúnen con los refugiados?
A.B.: Cada refugiado político vive su propio drama personal o familiar, no existe ni tiempo, ni recursos, ni ganas para hacer vida social. 

P. El 20 de junio de 2009 allanaron sus oficinas en la Monseñor Rivero e incautaron computadoras, hallando supuestamente fotos que lo muestran con el grupo Rózsa. ¿Es así o no?
A.B.: Acerca del allanamiento ocurrido en las oficinas de la avenida Monseñor Rivero quiero afirmar categóricamente que las computadoras ilegalmente secuestradas, no eran de mi propiedad, entonces pregunto ¿cómo podían contener supuestas fotos mías? Se han apropiado de fotos de mi facebook y con ellas han llenado de pruebas viciadas los discos duros de varias computadoras. Eso no aguanta un peritaje realizado con seriedad y profesionalismo.

P. ¿Qué les puede decir a los bolivianos respecto a su imputación como terrorista/separatista?
A.B.: La gente saca sus propias conjeturas, el pueblo conoce que esta acusación es un fruto malparido de un montaje político que tiene como objetivo ejercer la dominación del pueblo cruceño mediante la judicialización de la política y del ejercicio del terrorismo estatal. Tengo la conciencia tranquila porque nunca cometí delito alguno, lo más importante es cómo me siento cuando a solas me veo en el espejo y cómo veo a mi familia a la cara.

Tengo mi fe sólida, con la esperanza que pronto vendrán días mejores, por eso debemos recuperar la conciencia y ejercer el derecho a ser libres y pensar diferente.

Extraña ver crecer a sus hijas

Brown extraña el vivir sin sobresalto, el cariño de sus hijas y la ausencia del espíritu del ser cruceño en defensa de la  autonomía.

39 Personas 
Son los imputados del caso Rózsa por el fiscal Marcelo Soza. 

Demoledor contra Evo por la extravagante condecoración, por Sanabria que se declara culpable de graves delitos, por confrontar la Convención de Viena por su autoritarismo, corrupción, traición a la CPE y mucho más (El Deber, SC)

El Gobierno boliviano se ha metido en una guerra sin cañones con Chile de la que podría resultar seriamente dañado, mucho más de lo que quedó luego de la humillación que le encajó hace algunas semanas la diplomacia santiaguina en la Asamblea de la OEA celebrada en San Salvador.

El régimen de Evo Morales se ha propuesto desprestigiar a la democracia chilena, tras el insólito e inexplicable incidente de los 14 militares bolivianos que invadieron el territorio vecino, armados y a bordo de dos vehículos robados. En lugar de quedarse en las disculpas iniciales que fueron retribuidas con una actitud complaciente de las autoridades chilenas, que decidieron liberar a los soldados sin incurrir en mayores trámites ni investigaciones, ha recurrido a la estrategia del ataque y la provocación.

El presidente Morales no solo ha resuelto imponer una extravagante condecoración a los militares arrestados en circunstancias sospechosas, sino que ha anunciado que denunciará a Chile ante instancias internacionales por el supuesto trato inhumano del que fueron víctimas los flamantes “héroes nacionales”. En esta guerra Chile no está solo y lamentablemente para él, Evo Morales tiene muchos enemigos dentro de su propio bando y peor aún, últimamente se ha producido una inmensa cantidad de autogoles que vaticinan un resultado demoledor.

Qué posibilidades puede tener en esta batalla por la credibilidad, un Gobierno que acaba de ser acusado de “legalizar el robo” nada menos que por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, donde hay sectores empresariales y políticos que promueven sanciones contra Bolivia por decretar la amnistía de los autos ingresados al país de contrabando, medida calificada como “uno de los mayores premios al crimen organizado del que tenga noticia la historia de la humanidad”. En Chile ya existe una iniciativa en la Cámara de Senadores que también demanda castigo para el Gobierno boliviano.



Justo cuando Bolivia intenta estrellarse contra Chile buscando su descrédito, en Miami, un excolaborador de Evo Morales confiesa que es culpable de traficar cocaína a Estados Unidos y despierta gran expectativa mundial sobre las implicaciones del Gobierno nacional con el narcotráfico. Precisamente en estas circunstancias, el régimen del MAS incurre en una actitud inculpatoria y manda a la Asamblea Legislativa una propuesta de confrontación con la Convención de Viena de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes que pone en entredicho el interés del país por acompañar las políticas internacionales de lucha contra el narcotráfico.

Es difícil conseguir la atención sobre la legitimidad de los reclamos que hace el Gobierno boliviano hacia Chile, cuando hay importantes grupos de disidentes internos que han denunciado públicamente al MAS y al presidente Morales por incurrir en el autoritarismo y la corrupción y por traicionar los postulados del proceso de cambio, el mismo que se han propuesto rescatar. Ni siquiera Evo Morales puede disimular el estigma en el que ha caído su administración cuando lamenta que los campesinos y las organizaciones sociales que habitan en las fronteras han abandonado las actividades productivas y se dedican al contrabando, proceso sobre el cual, el oficialismo no puede alegar inocencia.

Es obvio que en este contexto, es difícil para Evo Morales tratar de llevar adelante una guerra contra un enemigo externo, cuando sus principales adversarios son él y quienes lo rodean.

Cuando Bolivia intenta estrellarse contra Chile buscando su descrédito, en Miami, un excolaborador de Evo Morales confiesa que es culpable de traficar cocaína a EEUU y despierta gran expectativa mundial sobre las implicaciones del Gobierno.

Consuelo Espinoza de La Prensa suscribe un compendio del trámite para cumplir la Ley 2640 del 2004 que reconoce indemnización a las víctimas de la violencia política. Veamos:

Las víctimas de la represión política bajo las dictaduras militares anunciaron que interpondrán un juicio contra el Estado boliviano por no cumplir a cabalidad la Ley 2640, que ordena indemnizar a estas personas. El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Nelson Cox, dijo que los que se sienten afectados están en “todo su derecho”. 

Integrantes del Movimiento de Mujeres Libertad, que aglutina a una treintena de mujeres que padecieron diversos vejámenes, especialmente durante la dictadura de Hugo Banzer Suárez (1971-1977), manifestaron su enfático rechazo a la pretensión de las autoridades gubernamentales de resarcir económicamente sólo a 1.600 de 6.622 personas que se registraron para recibir un pago excepcional por los daños que soportaron durante los regímenes militares instaurados en Bolivia entre 1964 y 1982. 

Lourdes Koya, una de las representantes del movimiento, expresó su indignación por la falta de voluntad política del Gobierno para que se indemnice a la totalidad de las víctimas de los actos de violación a los derechos humanos en las condiciones y plazos que establece la Ley 2640. “El Ministerio de Justicia fue incapaz e ineficiente y no tuvo la capacidad de resarcir a las víctimas hasta diciembre de 2007, tal y como señala la normativa”. 

SOLICITUD DE PLAZOS. Empero, para el viceministro Cox, fueron los propios representantes de las víctimas de la violencia política quienes solicitaron la ampliación de fechas para que presenten pruebas fehacientes de que sufrieron represión militar, aspecto que prolongó los trámites administrativos para la efectivización del pago. 

“En algunos momentos, ellos nos pidieron flexibilización de los plazos, si el Ministerio hubiera sido radical en los términos señalados por ley, todo hubiese terminado el 2009”. Enfatizó que la cartera de Justicia hizo los mayores esfuerzos por lograr la mayor cantidad de beneficiarios para el pago del resarcimiento monetario. 

Según el inciso C del artículo 16 de la Ley 2640 de Resarcimiento a Víctimas de Violencia Política, los recursos para la indemnización debían hacerse efectivos a partir de enero de 2005, hasta cubrir con el 100 por ciento de todos quienes fueron calificados hasta finalizar la gestión 2007. 

Explicó que una vez que se concluyó con la etapa de elaboración de la lista oficial de las víctimas, el Ministerio de Economía y Finanzas será quien efective el pago correspondiente. 

Pesaron las pruebas orales 

Una gran parte de quienes sufrieron las secuelas de las dictaduras militares en Bolivia lograron demostrar su condición de víctimas gracias a los testimonios de personas que igualmente sufrieron detención, prisión arbitraria o exilio entre 1964 y 1982. 

Es el caso de Miriam Rodríguez, Kivie Murillo, Norma Bilbao, Lourdes Koya y Carmen Murillo, integrantes del Movimiento de Mujeres Libertad, que por las declaraciones juradas de sus compañeros lograron ser calificadas por el Ministerio de Justicia para que reciban un resarcimiento económico. 

De acuerdo con sus testimonios, pese a que la mayoría padeció una serie de violaciones a sus derechos humanos, como la tortura, persecución, lesiones y otras, el referido Ministerio tomó en cuenta sólo un hecho resarcible: la detención indebida. 

“Este hecho refuerza nuestra opinión de que el único propósito del Gobierno fue reducir el monto de la indemnización a favor del Estado”. 

A través de la Ley 2640, el Gobierno estableció un procedimiento administrativo destinado a indemnizar a las personas contra quienes se cometieron actos de violencia política en los “gobiernos inconstitucionales”, que violaron y conculcaron sistemáticamente los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución Política. 

El Gobierno asumirá la indemnización total 

El Gobierno cubrirá la totalidad de los gastos para el resarcimiento de las víctimas de la violencia política porque no pudo lograr que la cooperación internacional se haga cargo del 80 por ciento del pago, de acuerdo con el viceministro de Justicia, Nelson Cox. 

Explicó que, pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno, ningún organismo externo se mostró interesado en este tema, en razón a que fue el Estado boliviano el protagonista de la violencia ejercida en contra de miles de ciudadanos durante las dictaduras militares de las décadas del 60, 70 y principios de los 80. “Ningún organismo internacional ha mostrado interés para que se utilicen sus recursos para la efectivización de un pago excepcional, porque es una culpa del Estado la violencia política”. 

El artículo 16 de la Ley 2640 de Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política establece dos fuentes para la indemnización. Una, proveniente del Tesoro General de la Nación (TGN) con el 20 por ciento de aporte —equivalente a 3,6 millones de dólares—, y otra, resultante de las donaciones del sector privado o extranjero y de organismos internacionales que el Órgano Ejecutivo debía tramitar hasta cubrir el 80 por ciento del total del resarcimiento material. 

En este sentido, Cox manifestó que será la Asamblea Legislativa Plurinacional quien disponga, mediante una normativa, la erogación total del presupuesto a través del TGN, cuyo monto se estima llegue a nueve millones de dólares para cubrir la indemnización de 1.600 personas que lograron demostrar que sufrieron las consecuencias de las dictaduras. 

Para destacar 

La Ley 2640 fue promulgada durante el Gobierno de Carlos D. Mesa en marzo de 2004. 

A través de la normativa, el Estado reconoce que cometió crímenes de lesa humanidad. 

El Ministerio de Justicia calificó a 1.600 personas para que reciban el beneficio económico. 

Consuelo Espinoza

se está eligiendo a hombres y mujeres que serán los Tribunos, los magistrados de las cortes de Justicia. es una elección serie y responsable que si se partidiza justificará la oposición masiva de electores que anularán su voto

 Lo que se espera de nuestros líderes

Mauricio Aira

Terminado el  jolgorio en una parte de la geografía boliviana cuando repuestos unos de los efectos del ocio y de la bebida se aprestan al retorno de lo cotidiano me había propuesto tratar de los inventores suecos que son sin cuenta a propósito de la reforma educacional que se discute y con la idea de dibujar un medio bonancible al estudio y la educación en cambio del vagabundeo y el mal entretenimiento que genera violencia, sexo violento, robo y maltrato, lo dejamos para otra ocasión anteponiendo que las subsiguientes semanas el ciudadano tiene que elegir a otros que serán ungidos magistrados de la Justicia.

Los candidatos deben ser ejemplares en todo sentido, especialmente honrados y entregados a la defensa de los altos valores como libertad, justicia, democracia, bien común y no sólo deben aparentar ser ejemplares sino que también deben tener  figura y fama de ser responsables y por tanto dignos,  de la confianza de los electores.

Es evidente que la Comunidad nacional se encuentra en decadencia moral por motivos conocidos y que no hace falta repetir, carente de un comportamiento ético y moral que se ha ido perdiendo en nombre “del cambio” que no llega en la medida que se había deseado y pensado. Hemos recorrido de escándalo en escándalo como puntualiza el reputado columnista José Gramunt de pifia en pifia. Del fiasco de “las nacionalizaciones”, al desmoronamiento de YPFB cuyo primer titular está en la cárcel purgando el deshonor, la quiebra de un diálogo con Chile que presagiaba algún resultado concreto, el gasolinazo que sin haberse consumado, tuvo “la virtud” de descubrir algunas falsedades y mentiras que el aparato propagandístico oficial se encargaba de pregonar sin pausa. Del “perdonazo” que provoca escándalo en los vecinos que advierten de haberse legalizado el delito del contrabando y el robo de movilidades a nivel internacional al incidente con los 14 uniformados que mancha el nombre de Bolivia por cuanto en lugar de una investigación seria “se premia a los involucrados” cual se tratase de honrar a los protagonistas de una hazaña.

Reponiéndonos de los escándalos apelar a la Asamblea, podemos en verdad llamarla  “la casa del pueblo?” para que por encima de la consigna partidaria reponga la dignidad y los excesos pasando por encima del derecho de la oposición minoritaria elegida legítimamente por los ciudadanos. En la sede de la democracia que en realidad debería ser algo así como el templo de la bolivianidad, se han posado indignos asambleístas que procuran leyes “chutas” y otras como la de los transgénicos que descalifican tanto a la CPE, cuanto a las conclusiones de la Cumbre de Tiquipaya, que pusieron un concluyente “stop” a la negociación con las transnacionales tipo Monsanto que han logrado convencer a la cúpula gobernante de ser lo mejor para la producción agrícola actual.

Se habrán dado cuenta “los personajillos” de la importancia de su misión que no es sólo la de “levantamanos” o algo más craso como “cría callos en el traste”, sin la más peregrina idea de la grandeza de su representación a la hora de legislar para todo el pueblo boliviano? De ninguna manera estamos insinuando el retorno al pasado, no, estamos pidiendo sólo algo de nobleza, de altura de miras, de consecuencia con sus electores.

De modo que los Tribunos, lo ponemos con mayúscula, deben encarnar lo más representativo de nuestro colectivo, ser justos, de sano juicio, probos y sin otro compromiso que la recta conciencia. Si esta condición es pedir demasiado entonces la votación será sólo  una mera formalidad para guardar las apariencia democráticas del Estado Plurinacional,  y estará condenada a la pifia, al fracaso a marcar el retroceso y la entrada previsible de una dictadura secante con el imperio de la discriminación y la segregación planificada.

Cristina Fernández acaba de cometer su mayor error político. Acepta lanzarse a la candidatura como Presidenta de Argentina.

La información está en La Tercera de Chile. Inmediatamente Google seguimientos, empezó a ofrecer la reacción, la repercusión de esta sensacional noticia en todos los medios a nivel planetario. Cristina debió esperar un período y entonces sí, con toda autoridad lanzarse a la lucha política. Está quemando naves y agotando reservas. Una gran mayoría está cansada del peronismo y espera nuevas figuras en la arena política... de parte nuestra continuaremos con el análisis

"Moral alta" o moral avergonzada? se pregunta Los Tiempos refiriéndose al bochornoso incidente de militares tratados como delincuentes por mover en vehículos robados con placa chilena

La incursión de 14 miembros de las Fuerzas Armadas en Chile en dos vehículos no oficiales (más bien, con placas de ese país), uniformados, con pocas armas, dizque cumpliendo tareas de combate al contrabando y que fueran arrestados por autoridades chilenas es –desde donde se analice– un acto que merece ser investigado para aplicar, si hubiera lugar, las sanciones correspondientes.

Felizmente, con las explicaciones ofrecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país (instancia del Estado que nuevamente sufrió una interferencia oficial) ante un reclamo chileno, el problema ha sido resuelto. Sin embargo, parecería que tanto los efectivos arrestados y posteriormente liberados, como las autoridades del Ministerio de Defensa, intentan dar a este evidente error –por decir lo menos– un cariz de acción valerosa. Aquello que dijo la Ministra del ramo, en sentido de que los efectivos se encontraban con la “moral alta”, no tiene sentido. Lo que corresponde, hay que reiterar, es investigar lo sucedido con la mayor transparencia posible, para evitar a futuro actos bochornosos como el que se comenta.

Desde ya, no es posible que nuestros efectivos  se transporten en vehículos que no son oficiales –y si se trata de “camuflados”, por lo menos que tengan placa boliviana–; tampoco deben meterse a operaciones de este tipo sin contar con el armamento suficiente para eventuales enfrentamientos con contrabandistas; y, finalmente, quienes se mueven en el área fronteriza por lo menos deben tener amplio conocimiento de la zona.

Por último, siendo acertada la decisión de la ministra de Defensa de presentar queja porque los efectivos militares sufrieron injustificado maltrato en Chile, no corresponde que éstos tengan una “moral alta”, sino una moral avergonzada.

Qué pasa en Bolivia? se pregunta El Dia e intenta respuesta en las aguas movedizas de una información cada vez más peligrosa. la Ley mordaza cobra cuerpo

Hace unos días, un medio escrito de circulación nacional le puso reparos a la publicación de una nota “solicitada” porque había en ella una palabra que podría traerle problemas con la dichosa ley contra el racismo. Llamaron abogados, expertos y consejeros y al final decidieron cambiarla; menos mal que el castellano es rico en sinónimos. La palabrita en cuestión era “escollo”, cuyo significado es: dificultad, obstáculo, inconveniente, problema, peligro, riesgo, tropiezo.

A esos extremos está llegando la autocensura en los medios de comunicación del país, sometidos a un peligroso hostigamiento jurídico que amenaza con generar profundos vacíos comunicacionales. Voces embargadas, terrenos peligrosos, asuntos intocables. Lo cierto es que la sociedad boliviana cada vez tiene menos conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor. El acceso a la información siempre ha sido tema delicado en el país y si a esto se le suma el hecho de que muchos han decidido callar, otro prefieren no denunciar y el resto hace todo lo posible por ocultar, el resultado es una opinión pública retaceada con perspectivas de convertir a Bolivia en un pueblo silenciado, obligado a “tragarse” la única voz imperante, la oficial.

La semana pasada causó conmoción la violenta toma de la mina Sayaquira en el departamento de La Paz, donde se produjeron enfrentamientos a dinamitazos, saqueos, robo de mineral y ataques armados a los trabajadores de la empresa que realiza la explotación conforme a una concesión otorgada por el Estado. Un representante de la industria minera paceña dijo, en reacción a la barbarie cometida por hordas de campesinos, que en los últimos años se han producido más de 200 casos de avasallamiento en la región y lamentablemente el Gobierno hace poco y nada por proteger la propiedad privada. Lo peor de todo es que la mayor parte las invasiones se consolidan gracias a la connivencia de la autoridades y movimientos sociales que avalan esas acciones. El crimen se vuelve perfecto cuando estos terribles acontecimientos, que ahuyentan inversiones y acrecientan la inseguridad jurídica en el país, ya no son noticia y dejan de aparecer en los medios ya sea porque el régimen los ha comprado, por autocensura o porque el instinto de supervivencia de los periodistas se impone en las graves encrucijadas que ha instaurado el totalitarismo.

Quién se atreve a denunciar la constante toma de tierras en el oriente boliviano, a mencionar la reversión de millones de hectáreas por motivos insulsos y a hablar del floreciente tráfico de terrenos auspiciado por connotados dirigentes del oficialismo. El ex ministro de la Presidencia, Óscar Coca y el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres no pudieron disimular su asombro por lo que vieron después de un sobrevuelo por el Chapare, donde, según afirmaron, a los cocaleros se les ha ido la mano con su boyante negocio. Horas después, el ministro se había quedado sin trabajo y su colega hacía todo por bajar el tono y tragarse sus palabras. Ese es un claro mensaje a la gente del Gobierno, a los periodistas y a la sociedad en general sobre las arenas movedizas que comienzan a rodearnos a todos, sobre las cuales nadie sabe, nadie vio nada y nadie debe hablar. ¿Cuál es el modelo a seguir? Cuba, donde un año después de la muerte del disidente Orlando Zapata, la mayoría de los cubanos ni siquiera se ha enterado de este hecho, de fuertes repercusiones mundiales y sobre todo, de una decisiva incidencia sobre el futuro de la dictadura castrista.

Lo cierto es que la sociedad boliviana cada vez tiene menos conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor. El acceso a la información siempre ha sido tema delicado en el país y si a esto se le suma el hecho de que muchos han decidido callar, otros prefieren no denunciar ...