Las víctimas de la represión política bajo las dictaduras militares anunciaron que interpondrán un juicio contra el Estado boliviano por no cumplir a cabalidad la Ley 2640, que ordena indemnizar a estas personas. El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Nelson Cox, dijo que los que se sienten afectados están en “todo su derecho”. Integrantes del Movimiento de Mujeres Libertad, que aglutina a una treintena de mujeres que padecieron diversos vejámenes, especialmente durante la dictadura de Hugo Banzer Suárez (1971-1977), manifestaron su enfático rechazo a la pretensión de las autoridades gubernamentales de resarcir económicamente sólo a 1.600 de 6.622 personas que se registraron para recibir un pago excepcional por los daños que soportaron durante los regímenes militares instaurados en Bolivia entre 1964 y 1982.
Lourdes Koya, una de las representantes del movimiento, expresó su indignación por la falta de voluntad política del Gobierno para que se indemnice a la totalidad de las víctimas de los actos de violación a los derechos humanos en las condiciones y plazos que establece la Ley 2640. “El Ministerio de Justicia fue incapaz e ineficiente y no tuvo la capacidad de resarcir a las víctimas hasta diciembre de 2007, tal y como señala la normativa”.
SOLICITUD DE PLAZOS. Empero, para el viceministro Cox, fueron los propios representantes de las víctimas de la violencia política quienes solicitaron la ampliación de fechas para que presenten pruebas fehacientes de que sufrieron represión militar, aspecto que prolongó los trámites administrativos para la efectivización del pago.
“En algunos momentos, ellos nos pidieron flexibilización de los plazos, si el Ministerio hubiera sido radical en los términos señalados por ley, todo hubiese terminado el 2009”. Enfatizó que la cartera de Justicia hizo los mayores esfuerzos por lograr la mayor cantidad de beneficiarios para el pago del resarcimiento monetario.
Según el inciso C del artículo 16 de la Ley 2640 de Resarcimiento a Víctimas de Violencia Política, los recursos para la indemnización debían hacerse efectivos a partir de enero de 2005, hasta cubrir con el 100 por ciento de todos quienes fueron calificados hasta finalizar la gestión 2007.
Explicó que una vez que se concluyó con la etapa de elaboración de la lista oficial de las víctimas, el Ministerio de Economía y Finanzas será quien efective el pago correspondiente.
Pesaron las pruebas orales
Una gran parte de quienes sufrieron las secuelas de las dictaduras militares en Bolivia lograron demostrar su condición de víctimas gracias a los testimonios de personas que igualmente sufrieron detención, prisión arbitraria o exilio entre 1964 y 1982.
Es el caso de Miriam Rodríguez, Kivie Murillo, Norma Bilbao, Lourdes Koya y Carmen Murillo, integrantes del Movimiento de Mujeres Libertad, que por las declaraciones juradas de sus compañeros lograron ser calificadas por el Ministerio de Justicia para que reciban un resarcimiento económico.
De acuerdo con sus testimonios, pese a que la mayoría padeció una serie de violaciones a sus derechos humanos, como la tortura, persecución, lesiones y otras, el referido Ministerio tomó en cuenta sólo un hecho resarcible: la detención indebida.
“Este hecho refuerza nuestra opinión de que el único propósito del Gobierno fue reducir el monto de la indemnización a favor del Estado”.
A través de la Ley 2640, el Gobierno estableció un procedimiento administrativo destinado a indemnizar a las personas contra quienes se cometieron actos de violencia política en los “gobiernos inconstitucionales”, que violaron y conculcaron sistemáticamente los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución Política.
El Gobierno asumirá la indemnización total
El Gobierno cubrirá la totalidad de los gastos para el resarcimiento de las víctimas de la violencia política porque no pudo lograr que la cooperación internacional se haga cargo del 80 por ciento del pago, de acuerdo con el viceministro de Justicia, Nelson Cox.
Explicó que, pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno, ningún organismo externo se mostró interesado en este tema, en razón a que fue el Estado boliviano el protagonista de la violencia ejercida en contra de miles de ciudadanos durante las dictaduras militares de las décadas del 60, 70 y principios de los 80. “Ningún organismo internacional ha mostrado interés para que se utilicen sus recursos para la efectivización de un pago excepcional, porque es una culpa del Estado la violencia política”.
El artículo 16 de la Ley 2640 de Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política establece dos fuentes para la indemnización. Una, proveniente del Tesoro General de la Nación (TGN) con el 20 por ciento de aporte —equivalente a 3,6 millones de dólares—, y otra, resultante de las donaciones del sector privado o extranjero y de organismos internacionales que el Órgano Ejecutivo debía tramitar hasta cubrir el 80 por ciento del total del resarcimiento material.
En este sentido, Cox manifestó que será la Asamblea Legislativa Plurinacional quien disponga, mediante una normativa, la erogación total del presupuesto a través del TGN, cuyo monto se estima llegue a nueve millones de dólares para cubrir la indemnización de 1.600 personas que lograron demostrar que sufrieron las consecuencias de las dictaduras.
Para destacar
La Ley 2640 fue promulgada durante el Gobierno de Carlos D. Mesa en marzo de 2004.
A través de la normativa, el Estado reconoce que cometió crímenes de lesa humanidad.
El Ministerio de Justicia calificó a 1.600 personas para que reciban el beneficio económico.
Consuelo Espinoza
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