Hace unos días, un medio escrito de circulación nacional le puso reparos a la publicación de una nota “solicitada” porque había en ella una palabra que podría traerle problemas con la dichosa ley contra el racismo. Llamaron abogados, expertos y consejeros y al final decidieron cambiarla; menos mal que el castellano es rico en sinónimos. La palabrita en cuestión era “escollo”, cuyo significado es: dificultad, obstáculo, inconveniente, problema, peligro, riesgo, tropiezo.
A esos extremos está llegando la autocensura en los medios de comunicación del país, sometidos a un peligroso hostigamiento jurídico que amenaza con generar profundos vacíos comunicacionales. Voces embargadas, terrenos peligrosos, asuntos intocables. Lo cierto es que la sociedad boliviana cada vez tiene menos conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor. El acceso a la información siempre ha sido tema delicado en el país y si a esto se le suma el hecho de que muchos han decidido callar, otro prefieren no denunciar y el resto hace todo lo posible por ocultar, el resultado es una opinión pública retaceada con perspectivas de convertir a Bolivia en un pueblo silenciado, obligado a “tragarse” la única voz imperante, la oficial.
La semana pasada causó conmoción la violenta toma de la mina Sayaquira en el departamento de La Paz, donde se produjeron enfrentamientos a dinamitazos, saqueos, robo de mineral y ataques armados a los trabajadores de la empresa que realiza la explotación conforme a una concesión otorgada por el Estado. Un representante de la industria minera paceña dijo, en reacción a la barbarie cometida por hordas de campesinos, que en los últimos años se han producido más de 200 casos de avasallamiento en la región y lamentablemente el Gobierno hace poco y nada por proteger la propiedad privada. Lo peor de todo es que la mayor parte las invasiones se consolidan gracias a la connivencia de la autoridades y movimientos sociales que avalan esas acciones. El crimen se vuelve perfecto cuando estos terribles acontecimientos, que ahuyentan inversiones y acrecientan la inseguridad jurídica en el país, ya no son noticia y dejan de aparecer en los medios ya sea porque el régimen los ha comprado, por autocensura o porque el instinto de supervivencia de los periodistas se impone en las graves encrucijadas que ha instaurado el totalitarismo.
Quién se atreve a denunciar la constante toma de tierras en el oriente boliviano, a mencionar la reversión de millones de hectáreas por motivos insulsos y a hablar del floreciente tráfico de terrenos auspiciado por connotados dirigentes del oficialismo. El ex ministro de la Presidencia, Óscar Coca y el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres no pudieron disimular su asombro por lo que vieron después de un sobrevuelo por el Chapare, donde, según afirmaron, a los cocaleros se les ha ido la mano con su boyante negocio. Horas después, el ministro se había quedado sin trabajo y su colega hacía todo por bajar el tono y tragarse sus palabras. Ese es un claro mensaje a la gente del Gobierno, a los periodistas y a la sociedad en general sobre las arenas movedizas que comienzan a rodearnos a todos, sobre las cuales nadie sabe, nadie vio nada y nadie debe hablar. ¿Cuál es el modelo a seguir? Cuba, donde un año después de la muerte del disidente Orlando Zapata, la mayoría de los cubanos ni siquiera se ha enterado de este hecho, de fuertes repercusiones mundiales y sobre todo, de una decisiva incidencia sobre el futuro de la dictadura castrista.
A esos extremos está llegando la autocensura en los medios de comunicación del país, sometidos a un peligroso hostigamiento jurídico que amenaza con generar profundos vacíos comunicacionales. Voces embargadas, terrenos peligrosos, asuntos intocables. Lo cierto es que la sociedad boliviana cada vez tiene menos conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor. El acceso a la información siempre ha sido tema delicado en el país y si a esto se le suma el hecho de que muchos han decidido callar, otro prefieren no denunciar y el resto hace todo lo posible por ocultar, el resultado es una opinión pública retaceada con perspectivas de convertir a Bolivia en un pueblo silenciado, obligado a “tragarse” la única voz imperante, la oficial.
La semana pasada causó conmoción la violenta toma de la mina Sayaquira en el departamento de La Paz, donde se produjeron enfrentamientos a dinamitazos, saqueos, robo de mineral y ataques armados a los trabajadores de la empresa que realiza la explotación conforme a una concesión otorgada por el Estado. Un representante de la industria minera paceña dijo, en reacción a la barbarie cometida por hordas de campesinos, que en los últimos años se han producido más de 200 casos de avasallamiento en la región y lamentablemente el Gobierno hace poco y nada por proteger la propiedad privada. Lo peor de todo es que la mayor parte las invasiones se consolidan gracias a la connivencia de la autoridades y movimientos sociales que avalan esas acciones. El crimen se vuelve perfecto cuando estos terribles acontecimientos, que ahuyentan inversiones y acrecientan la inseguridad jurídica en el país, ya no son noticia y dejan de aparecer en los medios ya sea porque el régimen los ha comprado, por autocensura o porque el instinto de supervivencia de los periodistas se impone en las graves encrucijadas que ha instaurado el totalitarismo.
Quién se atreve a denunciar la constante toma de tierras en el oriente boliviano, a mencionar la reversión de millones de hectáreas por motivos insulsos y a hablar del floreciente tráfico de terrenos auspiciado por connotados dirigentes del oficialismo. El ex ministro de la Presidencia, Óscar Coca y el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres no pudieron disimular su asombro por lo que vieron después de un sobrevuelo por el Chapare, donde, según afirmaron, a los cocaleros se les ha ido la mano con su boyante negocio. Horas después, el ministro se había quedado sin trabajo y su colega hacía todo por bajar el tono y tragarse sus palabras. Ese es un claro mensaje a la gente del Gobierno, a los periodistas y a la sociedad en general sobre las arenas movedizas que comienzan a rodearnos a todos, sobre las cuales nadie sabe, nadie vio nada y nadie debe hablar. ¿Cuál es el modelo a seguir? Cuba, donde un año después de la muerte del disidente Orlando Zapata, la mayoría de los cubanos ni siquiera se ha enterado de este hecho, de fuertes repercusiones mundiales y sobre todo, de una decisiva incidencia sobre el futuro de la dictadura castrista.
Lo cierto es que la sociedad boliviana cada vez tiene menos conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor. El acceso a la información siempre ha sido tema delicado en el país y si a esto se le suma el hecho de que muchos han decidido callar, otros prefieren no denunciar ...
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