La incursión de 14 miembros de las Fuerzas Armadas en Chile en dos vehículos no oficiales (más bien, con placas de ese país), uniformados, con pocas armas, dizque cumpliendo tareas de combate al contrabando y que fueran arrestados por autoridades chilenas es –desde donde se analice– un acto que merece ser investigado para aplicar, si hubiera lugar, las sanciones correspondientes.
Felizmente, con las explicaciones ofrecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país (instancia del Estado que nuevamente sufrió una interferencia oficial) ante un reclamo chileno, el problema ha sido resuelto. Sin embargo, parecería que tanto los efectivos arrestados y posteriormente liberados, como las autoridades del Ministerio de Defensa, intentan dar a este evidente error –por decir lo menos– un cariz de acción valerosa. Aquello que dijo la Ministra del ramo, en sentido de que los efectivos se encontraban con la “moral alta”, no tiene sentido. Lo que corresponde, hay que reiterar, es investigar lo sucedido con la mayor transparencia posible, para evitar a futuro actos bochornosos como el que se comenta.
Desde ya, no es posible que nuestros efectivos se transporten en vehículos que no son oficiales –y si se trata de “camuflados”, por lo menos que tengan placa boliviana–; tampoco deben meterse a operaciones de este tipo sin contar con el armamento suficiente para eventuales enfrentamientos con contrabandistas; y, finalmente, quienes se mueven en el área fronteriza por lo menos deben tener amplio conocimiento de la zona.
Por último, siendo acertada la decisión de la ministra de Defensa de presentar queja porque los efectivos militares sufrieron injustificado maltrato en Chile, no corresponde que éstos tengan una “moral alta”, sino una moral avergonzada.
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