Legisladores de nueve países de América Latina se reúnen en Colombia y alertan del deterioro de la democracia y de las libertades civiles en la región.
El creciente ataque de que son objeto las instituciones democráticas en varios países de Latinoamérica fue esta semana el centro de los debates de un grupo de legisladores de nueve naciones del continente reunidos en Bogotá , Colombia, para participar en el Primer Encuentro de la Alianza Parlamentaria por la Democracia de América (APDA).
Congresistas de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay se dieron cita a fin de dar cuerpo y espíritu a una alianza regional frente el creciente deterioro de las libertades civiles en el continente, y la sistemática labor de varios gobiernos que minan la independencia de poderes y atentar contra la libertad de expresión.
En un documento denominado “Declaración de Bogotá” los participantes puntualizaron que buscan defender la democracia, las libertades, los derechos humanos y luchar contra la corrupción frente a un nuevo modelo político dictatorial que se ha ido entronizando en América Latina.
La declaración, dada a conocer por el coordinador del grupo, el diputado boliviano Adrián Oliva, sostiene que “desde las décadas de los 60 y 70, la democracia y las libertades en Latinoamérica no habían estado tan amenazadas por el terrorismo y las dictaduras”.
Según los legisladores, “un nuevo modelo totalitario, que se suponía superado y desaparecido, ha cobrado vida en la región, y se ha ido expandiendo peligrosamente” . La intención de la APDA es presionar para que la comunidad internacional se pronuncie con mayor vigor, frente a gobiernos que siendo en apariencia democráticos se perpetúan ilegalmente en el poder.
La APDA dijo en su declaración que este neo-totalitarismo se da en países donde los gobiernos se establecen por la vía electoral, pero luego destruyen la democracia desde adentro, secuestran los poderes públicos, destruyen las libertades, persiguen ferozmente a la disidencia y arremeten contra la propiedad privada.
La mayor preocupación la despierta la denominada revolución bolivariana del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuya naturaleza autoritaria y antidemocrática ha ido ganando terreno también en otras naciones de la región con gobiernos que son estrechos aliados suyos: Bolivia, Nicaragua y Ecuador.
De acuerdo con el diputado Oliva, “estos regímenes están generando un deterioro acelerado de las bases mismas de la democracia en cada uno de los países y se están vulnerando y violando los derechos humanos de ciudadanos que hoy son víctimas de los abusos del poder”.
Los diputados se hicieron mayormente eco de las denuncias de la oposición en todos esos países respecto al control que ejercen los gobiernos sobre los sistemas judicial y legislativo, lo que les permite perseguir con impunidad legal a la disidencia, promulgar leyes en beneficio propio, y llevar a cabo elecciones que terminan siendo consentidamente fraudulentas.
El caso más reciente, citado por la diputada nicaragüense Graciela Zambrana, es el de los comicios realizados a principios de mes en ese país, donde las autoridades electorales declararon amplio ganador al presidente Daniel Ortega a pesar de las denuncias de la oposición de que se había cometido un fraude de mayúsculas proporciones.
Los parlamentarios denunciaron también lo que llamaron la red de tolerancia y complicidad por parte de organismos regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) que según dijeron no actúan en la medida en que se espera en defensa de los principios democráticos y de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
De modo que uno de los principales objetivos del APDA, que aspira tener en sus filas a más de un centenar de diputados para fines de año, será denunciar las violaciones de los derechos humanos en los países del continente y combatir toda forma de autoritarismo.
De hecho tendrán que enfrentarse también a otra manifestación de ese totalitarismo que viene proliferando en América Latina: la ideologización de las fuerzas armadas, especialmente en países como Venezuela, donde los militares están de hecho “casados” con el gobierno de Chávez, y Bolivia, donde el ejército se proclamó desde al año pasado “socialista”, “antiimperialista”, y “anticapitalista”, al viejo estilo del modelo totalitario cubano.
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