Los postulantes para ejercer de autoridades judiciales del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional han sido presentados en público por parte del Tribunal Supremo Electoral. Con ese paso, se ha supuesto se hallan expeditas las vías que conducen a la recta final del proceso electoral judicial boliviano. Si no aparecen dificultades insalvables, que no se han previsto, las elecciones para conformar el Órgano Judicial se convertirán en un hecho inédito en la historia del Poder Judicial del país, tanto por la previsible masiva participación ciudadana para elegir autoridades judiciales en octubre próximo, como por el propio proceso de polémica selección de candidatos.
En los hechos, varios sectores de la oposición se han manifestado a favor de promover entre la población el voto nulo como protesta ante lo que consideran unas elecciones amañadas por el oficialismo. Existe, pues, una abierta disconformidad con la selección de los postulantes a autoridades judiciales y con el proceso electoral mismo. Si bien el Gobierno se ha esforzado en dar señales de transparencia e imparcialidad en el proceso, éstas no han sido lo suficientemente convincentes ni han alejado la sospecha del intervencionismo oficialista, lo que ha fortalecido la creencia opositora de que los postulantes son afines al partido gobernante y lo que se busca es un Poder Judicial servil.
Ante esta situación, resulta lógico coincidir que no es posible saber hasta qué punto la ciudadanía ha llegado a compartir este mismo criterio de disconformidad generado a lo largo del proceso, y de qué manera procederá en el momento de elegir las autoridades entre los numerosos postulantes incluidos en la papeleta del sufragio. Si bien lo positivo del proceso electoral judicial radica en la inédita participación popular a través de la elección directa de sus autoridades judiciales, que en otro momento histórico sería una clara señal de fortalecimiento de la democracia boliviana, este supuesto avance podría verse empañado si la población decide rechazar a los candidatos en el momento de votar.
No obstante, hasta un categórico rechazo ciudadano a los postulantes sería una manifestación democrática concreta por sí misma y un espaldarazo a la postura de la oposición. En este caso nadie podrá discutir que la ciudadanía ha percibido anomalías en el proceso, de modo que tácitamente exigiría un nuevo proceso más transparente. Existe también la posibilidad cierta de un masivo apoyo popular al inédito proceso, por su esencia de suya democrática, pese a todas las deficiencias e insuficiencias, de modo que le otorgaría la validez que necesita para consolidarse como el procedimiento idóneo de elección de sus autoridades judiciales. Como sea, también conviene aprender de ello.
Cualquiera sea el resultado final, la primera lección a extraer podría ser que la gente sigue creyendo en la democracia del país, al punto de tolerar con estoicismo las enormes lagunas que hacen falta llenar todavía en lo legal y lo legítimo. La segunda lección señalaría que a los actores políticos, tanto de la oposición como del oficialismo les está faltando estatura para ponerse de acuerdo en función de los intereses del país en su conjunto. A pesar de los supuestos, conviene dejar sentado que el Gobierno ha dejado pasar una valiosa e histórica oportunidad para elegir autoridades judiciales que gocen del favor popular sin que se cuestione su idoneidad e imparcialidad para ejercer su rol.
En los hechos, varios sectores de la oposición se han manifestado a favor de promover entre la población el voto nulo como protesta ante lo que consideran unas elecciones amañadas por el oficialismo. Existe, pues, una abierta disconformidad con la selección de los postulantes a autoridades judiciales y con el proceso electoral mismo. Si bien el Gobierno se ha esforzado en dar señales de transparencia e imparcialidad en el proceso, éstas no han sido lo suficientemente convincentes ni han alejado la sospecha del intervencionismo oficialista, lo que ha fortalecido la creencia opositora de que los postulantes son afines al partido gobernante y lo que se busca es un Poder Judicial servil.
Ante esta situación, resulta lógico coincidir que no es posible saber hasta qué punto la ciudadanía ha llegado a compartir este mismo criterio de disconformidad generado a lo largo del proceso, y de qué manera procederá en el momento de elegir las autoridades entre los numerosos postulantes incluidos en la papeleta del sufragio. Si bien lo positivo del proceso electoral judicial radica en la inédita participación popular a través de la elección directa de sus autoridades judiciales, que en otro momento histórico sería una clara señal de fortalecimiento de la democracia boliviana, este supuesto avance podría verse empañado si la población decide rechazar a los candidatos en el momento de votar.
No obstante, hasta un categórico rechazo ciudadano a los postulantes sería una manifestación democrática concreta por sí misma y un espaldarazo a la postura de la oposición. En este caso nadie podrá discutir que la ciudadanía ha percibido anomalías en el proceso, de modo que tácitamente exigiría un nuevo proceso más transparente. Existe también la posibilidad cierta de un masivo apoyo popular al inédito proceso, por su esencia de suya democrática, pese a todas las deficiencias e insuficiencias, de modo que le otorgaría la validez que necesita para consolidarse como el procedimiento idóneo de elección de sus autoridades judiciales. Como sea, también conviene aprender de ello.
Cualquiera sea el resultado final, la primera lección a extraer podría ser que la gente sigue creyendo en la democracia del país, al punto de tolerar con estoicismo las enormes lagunas que hacen falta llenar todavía en lo legal y lo legítimo. La segunda lección señalaría que a los actores políticos, tanto de la oposición como del oficialismo les está faltando estatura para ponerse de acuerdo en función de los intereses del país en su conjunto. A pesar de los supuestos, conviene dejar sentado que el Gobierno ha dejado pasar una valiosa e histórica oportunidad para elegir autoridades judiciales que gocen del favor popular sin que se cuestione su idoneidad e imparcialidad para ejercer su rol.
A los actores políticos, tanto de la oposición como del oficialismo, les está faltando estatura para ponerse de acuerdo en función de los intereses del país en su conjunto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario