Es sabido por todos que en 2008, en lo más agudo de la polarización política entre el proyecto del MAS y el movimiento opositor autonomista cruceño, un reducido grupo, muy heterogéneo, entre exaltados, radicales, paramilitares frustrados, oportunistas y muchos ingenuos, se embarcó en una aventura que ‘militarizaba’ el conflicto político no se sabe bien si solo con fines de autodefensa o con fines de imponer una separación o por lo menos una autonomía radical y de facto. La iniciativa, a todas luces inmadura, fue rápidamente infiltrada por el Gobierno, que supo utilizar hábilmente la coyuntura para liquidar la legitimidad del movimiento autonomista cruceño. Todo cambió en Santa Cruz a partir de tan descabellada iniciativa.
Quienes tenían más posibilidades de ser claramente identificados como parte del ‘proyecto’ escaparon rápidamente de la justicia y del país, sin aclarar su situación, dejando a los investigadores solo personajes blindados de alto nivel o actores de tercera línea.
Lo más lamentable es que la investigación del Ministerio Público, con indudable presión del Ministerio de Gobierno, en vez de dimensionar adecuadamente los hechos, identificar a los ideólogos y autores intelectuales y a los brazos ejecutores con nombre y apellido, y ante la fuga de los pocos sobre los cuales tenía elementos más o menos sólidos, comenzó a dar manotazos de ahogado, citando a decenas y decenas de personas, para terminar con una lista de imputados a todas luces arbitraria, subjetiva y sin las pruebas necesarias.
Es por demás evidente que se trató de obtener una lista en la que se contara con personajes ‘representantes’ del mundo político, empresarial, cívico y militar cruceño para que el conjunto parezca organizado y creíble. En otros casos, se los incluye simplemente para aprovechar de la ocasión para ‘castigar’ a personalidades a las que se tiene temor o viejos rencores.
En ambos casos se entiende, por ejemplo, la inclusión en las listas del general (r) Gary Prado Salmón, que es incluido en el juicio como ‘trofeo’ político sin que exista la más remota prueba ni evidencia de su participación, pero necesitaban un militar de prestigio, “un estratega” brillante, como se dijo en el juicio, y que además no compartiera las ideas del Gobierno, sin tomar en cuenta que el Gral. Prado es un general con una trayectoria impecable de más de 40 años de servicio al país y que más bien tuvo un rol importantísimo en el retorno de la democracia.
Pero claro, en cumplimiento de sus obligaciones profesionales, derrotó militarmente al Che en Ñancahuazú y es un incómodo crítico del Gobierno. Por eso, hace un año y medio guarda detención domiciliaria y está prohibido de hacer declaraciones públicas.
Y así, hombres honestos y valiosos, como el Gral. Gary Prado, se ven arrastrados sin prueba alguna a un proceso plagado de ilegalidades y atropellos que quedará en la historia de nuestro país como una de las maquinaciones más vergonzosas ejecutadas desde el poder.
* Arquitecto
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