El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, recomendó este domingo al gobierno de Evo Morales otorgar salvoconducto al senador opositor Roger Pinto y actuar con racionalidad en el manejo de este tema con Brasil, país que otorgó asilo político al legislador.
Mesa dijo a ERBOL que las relaciones entre Brasil y Bolivia en la actualidad son tensas y frías, desde el 1 de mayo de 2006, luego que se produjo la intervención al campo hidrocarburífero de San Alberto, en manos de Petrobras.
Sostuvo que con algunas salvaguardas, el gobierno debió otorgar inmediatamente el salvoconducto para que el parlamentario pandino abandone el país y no dilatar el hecho, porque sólo provocan más problemas en las relaciones, a partir de un asunto que no debería merecer más atención que lo que corresponde.
“El Brasil valoró las razones de (Roger) Pinto y la dio. En ese criterio Bolivia tiene el derecho de no compartir. El gobierno boliviano podía decir no estamos de acuerdo con el Brasil y creemos que el señor Pinto tiene deudas con la justicia, y queremos hacerle saber que cuando él pise territorio boliviano vamos a enjuiciarlo. Peor, ahí está, le estamos dando el salvoconducto”, enfatizó.
Algunas autoridades de gobierno y parlamentarios del MAS criticaron la decisión de Brasil por el asilo otorgado a Pinto y anticiparon que no se le entregará el salvoconducto.
La presidenta del Senado La presidenta del Senado, Gabriela Montaño, -según Los Tiempos- se sumó a las críticas al embajador de Brasil en Bolivia, Marcel Biato, por sus declaraciones en el caso del senador Roger Pinto, y exhortó al diplomático a no hacer quedar a su Embajada como “un refugio de delincuentes comunes”.
“Los delitos por los que se ha procesado a Roger Pinto en la justicia tienen que ver con corrupción, con delitos comunes. Aquí no hay ninguna persecución política”, dijo,
Tensión innecesaria
El ex presidente Mesa sostuvo que las relaciones del Palacio Quemado con Brasilia “son para preocuparse”. Hizo un inventario de las fricciones que se produjeron en el último tiempo.
La denominada nacionalización del 2006, la salida de la empresa brasileña OAS por el tema de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y los cuestionamientos que hizo el oficialismo a la conducta del embajador Biato.
“Las relaciones son para preocuparse, innecesariamente generamos tensión. Yo diría que en los largos últimos años las relaciones fueron fluidas y activas. Un momento estelar fue la construcción del gasoducto. El período de problemas fue la intervención física de la planta de Petrobras.
Mesa recordó que quien otorga el asilo político es Brasil y a Bolivia no le toca calificar si fue correcta o no la decisión para otorgar el salvoconducto.
En esa misma línea, la analista política Karen Longaric recordó que en el artículo 12 del tratado de asilo político aprobado en Caracas el año 1954, se define la situación jurídica de las personas beneficiarias.
“Otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero, y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias a que se refiere el artículo V y el correspondiente salvoconducto”, indica el documento.
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