Desde cualquier criterio que se quiera aplicar, Brasil es el más importante vecino que tiene Bolivia. Y así tendría que ser tratado por todos los gobiernos nacionales, incluido el presente.
Se ha observado con extrañeza que el Gobierno del presidente Evo Morales está aplicando criterios muy estrechos respecto de esa relación en las últimas semanas, poniendo en riesgo un clima amigable y de buena vecindad.
Lo que ha venido a crear esta lamentable situación ha sido el pedido de asilo político del senador opositor Róger Pinto, la decisión del Gobierno brasileño de concederle ese estatus, pero sobre todo la negativa del Gobierno boliviano de conceder el salvoconducto solicitado por Brasil para su protegido.
Se trata de un caso de derecho internacional público que el Gobierno boliviano ha decidido ignorar, alegando que el Gobierno brasileño se equivocó y esperando –cosa inaudita– que corrija esa determinación.
Se sabe que los funcionarios de carrera de la Cancillería fueron despedidos por el actual Gobierno, que en remplazo de ellos puso a voluntariosos militantes del partido oficial sin experiencia y, sobre todo, sin conocimiento del derecho internacional.
Cuando estaba vigente la guerra fría se dieron algunos casos de asilados en embajadas de países del occidente que no recibían el salvoconducto de las dictaduras comunistas, pero se supone que esas épocas han sido superadas.
Lo que no se había visto hasta ahora es que una situación semejante surja entre dos países amigos, entre dos socios comerciales vinculados por una serie de lazos, comenzando por la venta de gas natural boliviano.
En efecto, algunos funcionarios del Gobierno parecen ignorar que Brasil es el principal importador de productos bolivianos, precisamente por el caso del gas natural. No tendría que ser necesario recordar a esos funcionarios que de todas las fronteras que tiene Bolivia con países vecinos, la que tiene con Brasil es la más extensa. Contemplar el mapa bastaría para entender este concepto.
El deterioro de las relaciones bilaterales vino a darse cuando, según el cronograma del acuerdo tripartido contra las drogas, en el que participa también Estados Unidos, se preveía la realización de ejercicios fronterizos de las fuerzas aéreas de los dos países para controlar la salida de la droga del Chapare con destino a Brasil.
La opinión pública boliviana, angustiada por el accionar de las mafias del narcotráfico en el territorio circundante del Chapare, espera que los ejercicios mencionados hubieran sido realizados de todos modos. Los brasileños también están interesados en ese tipo de acciones para reducir el volumen de droga que ingresa a sus ciudades y que es responsable de gran parte de la inseguridad ciudadana.
El Gobierno nacional tendría que meditar en lo que está causando a las relaciones con el más grande y más importante vecino de Bolivia, guiado solo por intereses circunstanciales.
Malograr las relaciones con Brasil porque hay un asilado político es una decisión equivocada. Será preciso que el Gobierno sepa aquilatar la importancia de todos los factores en juego y admitir que estaba errado en el manejo que ha hecho hasta ahora del caso Pinto.
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