El Gobierno de Brasil aceptó conceder asilo al senador opositor Róger Pinto (CN), que pidió protección en la embajada de ese país el 28 de mayo. Fuentes cercanas al caso dieron la información ayer a Página Siete.
Las fuentes explicaron que la decisión fue informada a las autoridades bolivianas y que Brasil solicitó al canciller David Choquehuanca el salvoconducto respectivo para permitir la salida del país del senador Pinto. Una vez entregado ese documento, el político opositor puede ser trasladado al país vecino, probablemente a Brasilia, en un avión de la Fuerza Aérea de esa nación. Si el Gobierno no entregara el mencionado salvoconducto, Pinto se quedaría de manera indefinida en la embajada.
Ésta es la primera vez en la democracia que un político opositor pide, y obtiene, asilo internacional solicitado en territorio boliviano. Desde la llegada al poder del MAS, decenas de otros dirigentes han logrado el estatus de refugiados en varios países, pero obtuvieron esa garantía estando en el exterior.
Las fuentes contactadas por Página Siete no quisieron comentar sobre el hecho de si la aceptación del asilo para Pinto puede implicar el surgimiento de pedidos similares de otros dirigentes opositores ni sobre si implica que Brasil acepta la validez de las denuncias del senador contra el Gobierno de Evo Morales.
El asilo es un derecho que tienen las personas que se sienten perseguidas. Cada Estado “receptor” tiene derecho de aceptar o rechazar ese pedido. Pinto es senador por Pando del partido Convergencia Nacional y se ha caracterizado por sus fuertes críticas al Gobierno, entre otras las referidas a los supuestos nexos de autoridades con el tráfico de drogas. También criticó el accionar del Gobierno en los sucesos de El Porvenir, que terminaron con la muerte de 13 personas.
El principal acusado por esa matanza es el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, que está preso en la cárcel de San Pedro desde septiembre de 2008, cuando se produjeron los sucesos. Fernández y Pinto, sin embargo, afirman que el MAS alentó los enfrentamientos. En la carta divulgada a la opinión pública tras su pedido de asilo, Pinto acusa al Gobierno de estar perseguido. “Me veo en la difícil circunstancia de solicitar refugio (‘) porque no me queda otra alternativa frente al acoso y la persecución inclemente a la que fui sometido durante este tiempo”, dice la misiva de Pinto dirigida a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
Pinto tiene 20 acciones judiciales en su contra, la mayoría por “desacato” y otras por difamación, todas iniciadas a instancias del oficialismo. También figuran denuncias de corrupción. El oficialismo criticó con dureza el pedido de Pinto de asilarse.
El mismo lunes 28, el senador del MAS Fidel Surco rechazó que Pinto esté “perseguido por el Gobierno”. El legislador afirmó: “Pinto debe defenderse en la justicia y si es inocente seguro que saldrá libre”.
Algunos detalles
Solicitud. El 29 de mayo de 2012, el senador Pinto solicitó refugio político a Brasil, tras denunciar que el Gobierno del presidente Evo Morales inició 20 procesos penales en su contra por denunciar casos de corrupción y narcotráfico que implican a funcionarios públicos.
Proceso. Por el supuesto delito de daño al Estado en la Zona Franca de Pando; por este caso existe un mandamiento de detención. Al menos cinco casos son por delitos forestales. Al menos hay cuatro procesos por el delito de desacato iniciados por el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera; la Ministra de Transparencia y el fiscal del caso Rózsa. Otro juicio es por presunto asesinato en el caso de la masacre de Porvenir (Pando), además de otros.
Punto de Vista
Karen Longaric
Docente de la UMSA
La decisión de la República Federativa de Brasil de otorgar asilo político al senador Róger Pinto constituye un fuerte cuestionamiento a la política implementada por el Gobierno del presidente Evo Morales en materia de derechos humanos y seguridad jurídica que se vive en el país, lo cual pone en evidencia un deteriorado Estado de Derecho.No nos debe caber duda que el Brasil ha analizado juiciosamente la solicitud del senador Róger Pinto y en ese proceso de reflexión ha procedido a analizar los elementos jurídicos, políticos y humanitarios que rodean al caso específico de Pinto, componentes que distinguen a la institución del asilo.
La responsabilidad del Estado asilante es altamente delicada pues asume la facultad de calificar el tipo de delito que ha cometido el perseguido, si se trata de un delito político o es, más bien, un delito común. En este caso, Brasil ha calificado al senador Pinto como un perseguido político, cuya vida y seguridad corren serio peligro en el país.
De acuerdo con el procedimiento, la embajada del Brasil en Bolivia hará conocer a la Cancillería boliviana esta decisión soberana de su Gobierno y al mismo tiempo solicitará el salvoconducto respectivo para que el senador Pinto pueda salir del país a territorio brasileño; corresponderá a las autoridades bolivianas otorgar dicho salvoconducto.
Sería un error del Gobierno negar la salida del asilado, esto podría confrontar a dos países amigos y la institución del asilo político no tiene ese objetivo, si fuera así, hace muchos años que hubiese sido proscrita de la norma y de la práctica internacional. El asilo está reconocido en sendos instrumentos internacionales y en la Constitución boliviana.
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