Teniendo en cuenta la significación de la realización de la cuadragésima segunda Asamblea General de la OEA que tuvo lugar en nuestro país, centenares de ciudadanos bolivianos alistaron sus demandas para presentarlas y hacerlas llegar al Pleno de la Asamblea General, con la esperanza de que dicha instancia internacional realice los llamados de atención correspondientes al Gobierno boliviano dada la inobservancia de normas internacionales que practica el Gobierno, cuando despliega su estrategia de judicialización de la política.
El denominador común que hace a la mayoría de las demandas elaboradas por diversos sectores de la sociedad, radica en múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por el Gobierno. Cuyas violaciones se traducen en unos casos a derechos y garantías constitucionales establecidas curiosamente en la propia Constitución Política del Estado vigente, derechos y garantías protegidos a su vez por el denominado bloque de constitucionalidad establecido por tratados, pactos y convenios internacionales.
Traduciéndose las referidas violaciones a derechos humanos en primer término en privación ilegal de libertad de decenas de ciudadanos sometidos a juicio, violaciones a garantías judiciales fundamentales como el derecho al debido proceso, a ser sometidos ante jueces independientes e imparciales, violación a reglas competencia y jurisdicción, violación al principio de legalidad, inmediatez, continuidad, concentración, celeridad y otros. Entre cuyas víctimas que simbolizan de manera elocuente esta cadena de violaciones a derechos humanos encontramos al exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández Ferreira, y a la decena de ciudadanos pandinos que junto a él guardan detención preventiva e ilegal por más de tres años en medio de un proceso penal tramitado ilegalmente en el departamento de La Paz, así como también a casi un centenar de ciudadanos pandinos refugiados hoy día en territorio brasileño, a exgobernadores que optaron por la vía del asilo o refugio en otros países,
a un número importante de ciudadanos acusados de supuesto terrorismo y que guardan detención preventiva más allá de los plazos que prevé la ley y sin que hasta ahora se haya celebrado el juicio oral respectivo en su contra.
Del mismo modo que tenemos a pueblos indígenas sometidos a una violación de sus derechos que les asisten al amparo no solo de la propia constitución, sino que se encuentran también protegidos por el Convenio 169 de la OIT. Todos estos sectores quisieron hacer escuchar su voz de protesta y reclamo ante la Asamblea de la OEA.
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