Llamar desatinados a los brasileños por haberle otorgado asilo político al senador Róger Pinto es lo más desatinado que ha podido hacer el Gobierno boliviano, sobre todo porque ha tenido más de una semana para cavilar muy bien lo que iba a decir después del tremendo remezón que se produjo justo cuando Bolivia estaba en los ojos del mundo en ocasión de la 42 asamblea ordinaria de la OEA.
Tal vez el desatino del que habla el vicepresidente está en el hecho de que Brasil tomó la decisión de asilar al legislador pandino, cuando las alfombras rojas no habían sido arrolladas en Cochabamba. Pero el Gobierno, que tanto entiende de cuidar la imagen pública, debe comprender que todo el mundo tiene derecho de guardar las formas.
Róger Pinto aprovechó la ocasión para dar un golpe mediático formidable ante la comunidad internacional que se ha estado portando muy complaciente con el deterioro de la democracia boliviana y la persecución política que se está perpetrando en el país. Y Brasil, por su parte, con la delicada decisión tomada casi de manera inmediata, no ha hecho más que corroborar las denuncias que hacen cientos de opositores que están sufriendo el acoso del régimen gobernante.
Brasil ha sido muy elocuente con su determinación, pese a que en primera instancia la mantuvo entre bambalinas, hasta que la “bendita” prensa hizo su trabajo y consiguió la primicia que ocupó titulares mucho más grandes que las conclusiones de la cumbre de la OEA (como para enojar a cualquiera).
Es obvio que por tanto insistir la realidad de lo que ocurre en Bolivia está comenzando a hacer carne en la comunidad internacional y nadie quiere aparecer de cómplice del oprobioso linchamiento político que se está produciendo en el país, donde los procesos judiciales contra líderes y autoridades elegidas democráticamente salen a montones de los tribunales sin garantía ninguna de obtener un juicio justo, tal como lo ha denunciado la ONU en reiteradas ocasiones.
El Gobierno boliviano está molesto y por eso surgen apreciaciones tan desatinadas. A veces es mejor mirar lo que se hace y no escuchar lo que se dice. En este plano, las autoridades nacionales también han dado señales muy claras. A pocos días de otorgado el asilo a Pinto, la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, ha decidido retirar dos de las 22 denuncias que pesan contra el senador opositor, una de ellas por haber derribado dos árboles dentro de su propiedad ganadera.
Ayer, el vicepresidente García Linera también decidió retirar otra de las querellas, con lo que ambos tratan de negar que en Bolivia haya persecución. Si fuera así, habría que proceder de la misma manera en cientos y tal vez miles de casos, revisar qué pasa con más de 600 exiliados y refugiados que se encuentran en el extranjero, con los cientos de detenidos que están sobre todo en La Paz y restituir en sus cargos a decenas de alcaldes y gobernadores que han sido derrocados gracias a la manipulación de la justicia.
Si Bolivia quiere demostrar que no hay persecución política, debe eliminar de la nomenclatura jurídica la figura del “desacato”, un instrumento retrógrado y antidemocrático que ha sido usado con saña por el Gobierno para perseguir a los opositores.
Tal vez el desatino del que habla el vicepresidente está en el hecho de que Brasil tomó la decisión de asilar al legislador pandino, cuando las alfombras rojas no habían sido arrolladas en Cochabamba. Pero el Gobierno, que tanto entiende de cuidar la imagen pública, debe comprender que todo el mundo tiene derecho de guardar las formas.
Róger Pinto aprovechó la ocasión para dar un golpe mediático formidable ante la comunidad internacional que se ha estado portando muy complaciente con el deterioro de la democracia boliviana y la persecución política que se está perpetrando en el país. Y Brasil, por su parte, con la delicada decisión tomada casi de manera inmediata, no ha hecho más que corroborar las denuncias que hacen cientos de opositores que están sufriendo el acoso del régimen gobernante.
Brasil ha sido muy elocuente con su determinación, pese a que en primera instancia la mantuvo entre bambalinas, hasta que la “bendita” prensa hizo su trabajo y consiguió la primicia que ocupó titulares mucho más grandes que las conclusiones de la cumbre de la OEA (como para enojar a cualquiera).
Es obvio que por tanto insistir la realidad de lo que ocurre en Bolivia está comenzando a hacer carne en la comunidad internacional y nadie quiere aparecer de cómplice del oprobioso linchamiento político que se está produciendo en el país, donde los procesos judiciales contra líderes y autoridades elegidas democráticamente salen a montones de los tribunales sin garantía ninguna de obtener un juicio justo, tal como lo ha denunciado la ONU en reiteradas ocasiones.
El Gobierno boliviano está molesto y por eso surgen apreciaciones tan desatinadas. A veces es mejor mirar lo que se hace y no escuchar lo que se dice. En este plano, las autoridades nacionales también han dado señales muy claras. A pocos días de otorgado el asilo a Pinto, la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, ha decidido retirar dos de las 22 denuncias que pesan contra el senador opositor, una de ellas por haber derribado dos árboles dentro de su propiedad ganadera.
Ayer, el vicepresidente García Linera también decidió retirar otra de las querellas, con lo que ambos tratan de negar que en Bolivia haya persecución. Si fuera así, habría que proceder de la misma manera en cientos y tal vez miles de casos, revisar qué pasa con más de 600 exiliados y refugiados que se encuentran en el extranjero, con los cientos de detenidos que están sobre todo en La Paz y restituir en sus cargos a decenas de alcaldes y gobernadores que han sido derrocados gracias a la manipulación de la justicia.
Si Bolivia quiere demostrar que no hay persecución política, debe eliminar de la nomenclatura jurídica la figura del “desacato”, un instrumento retrógrado y antidemocrático que ha sido usado con saña por el Gobierno para perseguir a los opositores.
Brasil, por su parte, con la delicada decisión tomada casi de manera inmediata, no ha hecho más que corroborar las denuncias que hacen cientos de opositores que están sufriendo el acoso del régimen gobernante.
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