Ya que se ha desechado la propuesta de la soga para los opositores, opción que hubiera resultado muy económica para el erario nacional, alguien debería llevar la cuenta de los costos que demanda la persecución política. La diputada Norma Piérola hablaba hace unos días de los millones gastados en los anuncios de televisión para destruir la imagen de un solo dirigente cívico de Santa Cruz. Nadie ha hecho los cálculos de todo el paquete. El jueves, el dirigente del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, anunciaba que ya van ocho juicios iniciados por gente del Gobierno en su contra, mientras que el alcalde paceño, Luis Revilla, tiene siete, Rubén Costas está por alcanzar los 20, Samuel Doria Medina anda por ahí y el senador pandino, Róger Pinto, decidió pedir asilo político tras enfrentar el proceso número 22, uno de ellos por derribar dos árboles en su propiedad.
Deben ser miles los juicios contra los opositores que consumen el tiempo de los jueces, fiscales, actuarios, secretarias y todo el personal del Órgano Judicial. A este paso no habrá quién atienda los otros casos, en su mayoría contra acusados de narcotráfico y tendrán que salir libres por retardación de justicia. ¿Esa es la idea?
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