Sin moral y sin derecho
Conflictos paralelos en La Paz y en Camiri, no solo reflejan la doble moral con la que actúa el Gobierno, sino también un hecho muy grave: la constatación de que no quedan vestigios del estado de derecho en Bolivia, donde hay quienes gozan de ciertos privilegios y otros son tratados como ciudadanos de segunda categoría, a los que se reprime y se persigue sin contemplaciones.
En la sede de Gobierno, la Federación de Juntas Vecinales lleva adelante el segundo día de bloqueo en protesta por una norma municipal que busca poner orden en las construcciones. Los dirigentes de la Fejuve, vinculados al oficialismo, han podido llevar adelante sus protestas, interrumpir el tráfico en la ciudad más importante del país, la policía no ha hecho más que mirar, mientras que desde el Ministerio de Comunicaciones se justifica esta situación argumentando que “en Bolivia se respeta el derecho a la protesta”.
Esta afirmación suena destemplada, porque justo hace unos días se impidió mediante una resolución judicial impulsada y manipulada entre el Gobierno y el Defensor del Pueblo, una protesta de los médicos y además por lo que está sucediendo en Camiri, donde las fuerzas represivas han descargado todo su poder para proteger a un alcalde cuestionado por la población que exigen nuevas autoridades que ayuden a frenar los abusos y la corrupción.
Obviamente, detrás de todo existe una motivación política, pues en La Paz se está buscando desacreditar y ponerle palos en la rueda a la gestión del alcalde Luis Revilla (opositor) y en Camiri se protege la administración de un oficialista, que viene siendo cuestionada desde hace meses por la mala gestión y el nepotismo, dos elementos que se repiten en cada una de las instituciones manejadas por el oficialismo.
No se debe justificar desde ningún punto de vista el uso del bloqueo como medida de protesta, pues se trata de uno de los males más infames de nuestra política que debemos desterrar de raíz. Pero precisamente la peor forma de hacerlo es dar la señal de que hay “bloqueos malos” y otros que deben ser tolerados y estimulados porque les conviene a los mandamases de turno o porque los organizan ciertas minorías eficientes que han conseguido enquistarse en el poder, adueñarse de la ley y de las instituciones a fuerza del chantaje y la paralización. Esta situación nos confronta entre bolivianos y también con la comunidad internacional que ha visto cómo las autoridades nacionales lloriqueaban en importantes foros multilaterales en reacción por el bloqueo de los aduaneros chilenos que cortaron durante dos semanas el comercio en Bolivia.
Esta manera de proceder, muy característica de un régimen que ha sido juez y parte; legislador y transgresor, comienza a provocar hastío en la población y eso se puede ver en hechos recientes como en Los Yungas, donde los cocaleros no admiten la discriminación respecto de sus pares del Chapare; en La Paz, han sido los propios ciudadanos los que se han organizado para desbloquear y en Camiri, los pobladores están dispuestos a dar pelea para conseguir sus propósitos.
En La Paz, han sido los propios ciudadanos los que se han organizado para desbloquear y en Camiri, los pobladores están dispuestos a dar pelea para conseguir sus propósitos.
En la sede de Gobierno, la Federación de Juntas Vecinales lleva adelante el segundo día de bloqueo en protesta por una norma municipal que busca poner orden en las construcciones. Los dirigentes de la Fejuve, vinculados al oficialismo, han podido llevar adelante sus protestas, interrumpir el tráfico en la ciudad más importante del país, la policía no ha hecho más que mirar, mientras que desde el Ministerio de Comunicaciones se justifica esta situación argumentando que “en Bolivia se respeta el derecho a la protesta”.
Esta afirmación suena destemplada, porque justo hace unos días se impidió mediante una resolución judicial impulsada y manipulada entre el Gobierno y el Defensor del Pueblo, una protesta de los médicos y además por lo que está sucediendo en Camiri, donde las fuerzas represivas han descargado todo su poder para proteger a un alcalde cuestionado por la población que exigen nuevas autoridades que ayuden a frenar los abusos y la corrupción.
Obviamente, detrás de todo existe una motivación política, pues en La Paz se está buscando desacreditar y ponerle palos en la rueda a la gestión del alcalde Luis Revilla (opositor) y en Camiri se protege la administración de un oficialista, que viene siendo cuestionada desde hace meses por la mala gestión y el nepotismo, dos elementos que se repiten en cada una de las instituciones manejadas por el oficialismo.
No se debe justificar desde ningún punto de vista el uso del bloqueo como medida de protesta, pues se trata de uno de los males más infames de nuestra política que debemos desterrar de raíz. Pero precisamente la peor forma de hacerlo es dar la señal de que hay “bloqueos malos” y otros que deben ser tolerados y estimulados porque les conviene a los mandamases de turno o porque los organizan ciertas minorías eficientes que han conseguido enquistarse en el poder, adueñarse de la ley y de las instituciones a fuerza del chantaje y la paralización. Esta situación nos confronta entre bolivianos y también con la comunidad internacional que ha visto cómo las autoridades nacionales lloriqueaban en importantes foros multilaterales en reacción por el bloqueo de los aduaneros chilenos que cortaron durante dos semanas el comercio en Bolivia.
Esta manera de proceder, muy característica de un régimen que ha sido juez y parte; legislador y transgresor, comienza a provocar hastío en la población y eso se puede ver en hechos recientes como en Los Yungas, donde los cocaleros no admiten la discriminación respecto de sus pares del Chapare; en La Paz, han sido los propios ciudadanos los que se han organizado para desbloquear y en Camiri, los pobladores están dispuestos a dar pelea para conseguir sus propósitos.
En La Paz, han sido los propios ciudadanos los que se han organizado para desbloquear y en Camiri, los pobladores están dispuestos a dar pelea para conseguir sus propósitos.
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