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sábado, 17 de junio de 2017

preocupado el Régimen por su propis supervivencia y ante la evidencia que el próximo aparato Judicial juzgará y condenará sus actos, ante la imposibilidad de cumplir sus propios "acuerdos" retrocede, traslada a diciembre el evento y se empecina en cometer los mismos errores que en la anterior elección judicial.

¿Qué debemos esperar los ciudadanos del proceso de selección y elección de autoridades judiciales? Nada, absolutamente nada. Esto empezó mal y terminará, como no puede ser de otra manera, muy mal.

Usted lo sabe, yo lo sé y el Gobierno también lo sabe, pero no le queda otra que seguir adelante a como dé lugar, porque para ellos mantener el control político sobre el sistema judicial es una cuestión de vida o muerte.

Saben también que con un proceso limpio y consensuado no podrán conservar unos tribunales que respondan a sus intereses, y a sus necesidades y, por lo tanto, deben continuar con esta inmensa farsa, asumiendo todos los costos políticos que les significará.

Lo que está en juego para ellos es, ni más ni menos, que la repostulación de Evo Morales y la garantía de que no tendrán que rendir cuentas ante la justicia en el futuro. Por eso asumen el resultado de estos comicios como un seguro de vida, al que no pueden renunciar bajo ninguna circunstancia.

Lo que está en juego para el resto del país es la oportunidad, la expectativa y la necesidad imperiosa de salvar  un sistema judicial en estado terminal, pero eso los tiene a ellos sin cuidado porque, repito, en esto se les va la vida.

El problema que tienen es que están plenamente conscientes de que en un nuevo referendo para habilitar a Morales como candidato perderían nuevamente, pero esta vez con un margen mucho más grande que el del 21 de febrero. La solución a sus entuertos debe venir, entonces, del ámbito judicial, y allí no pueden darse el lujo de depender de unos tribunales independientes.

Tan imperiosa es su necesidad política, que han tenido incluso que pasar por alto la propia confesión que habían hecho, en sentido de que la elección directa de autoridades judiciales realizada hace seis años había sido un fracaso en términos de resultados.

Pese al reconocimiento y al mea culpa, han repetido el error de no conseguir un acuerdo político nacional que le diera validez al proceso, y apostar por la imposición congresal a través del rodillo, sólo que esta vez lo han hecho peor que la primera vez. 

En una flagrante muestra de agotamiento y envejecimiento (gobierno geriátrico diría Eduardo Pérez), la han tarreado  dos veces en la convocatoria a postulantes y en el reglamento, viéndose obligados a manosear el proceso de forma impresentable.

Para colmo de males, en el intento de blanquear la oscura maniobra, se han cargado la credibilidad del sistema universitario, que se ha prestado hasta el momento a ser cómplice de la jugarreta, mostrándole al país la hilacha de su dependencia política. La única honrosa excepción fue la UMSA y su rector, Waldo Albarracín, a quien hay que reconocerle el mérito de haber resistido las presiones.

Ante la evidencia de que, como acostumbran, le van a meter nomás, a los ciudadanos no nos queda otra que olvidarnos del motivo de estas elecciones truchas, y asumirlas como un plebiscito.

Tal como hicimos la primera vez, estoy seguro de que todos iremos a votar nulo, para mostrarle de esa manera al poder que repudiamos no solamente a los candidatos (en su mayoría exempleados del régimen), sino a la manera abusiva y autoritaria con la que pretenden perpetuarse en el Gobierno.

Una nueva derrota en las urnas, esta vez aplastante, será el costo que les haremos pagar. Ellos tendrán a sus jueces genuflexos, pero nosotros, los ciudadanos, habremos marcado en las urnas la antesala de su derrota definitiva.   

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