Vistas de página en total

miércoles, 30 de mayo de 2012

La Prensa con energía señala "linchar es igual que asesinar" no debe haber contemplación con los linchadores "demostraciones de justicia por mano propia" propios de la barbarie e ignorancia brutal


Todo linchamiento o intento de ejecutar a una persona es un acto de barbarie, aun en el caso de que el sometido a las consecuencias de la ira popular sea un criminal confeso, múltiple o haya sido sorprendido en flagrancia.
La humanidad ha decidido sancionar a los delincuentes con la privación de libertad. Para ello, se han creado las cárceles y los códigos establecen la gradualidad de las condenas que deben cumplir quienes, después de un juicio justo e imparcial, son encontrados, sin lugar a la menor duda, culpables de un determinado delito.
La más grave de todas las transgresiones a las normas de pacífica convivencia es el asesinato.
Para procesar a los individuos de la comisión de delitos, se han creado los tribunales de justicia,     que son los únicos organismos capaces de imponer sanciones de orden penal.
Ése el ordenamiento lógico y normal en una sociedad civilizada y moderna, que protege a sus ciudadanos.
Sin embargo, cuando se rompe esta línea de acción social, surge no sólo la anomia, que es la ausencia absoluta de normas y reglas, sino que se cae en un estado de completa descomposición de las estructuras.
A pesar de todos los esfuerzos realizados en sentido de que las entidades y reparticiones estatales funcionen adecuadas en Bolivia. La justicia, el Ministerio Público y la Policía no funcionaron adecuamente y el resultado ha sido un alarmante grado de impunidad. Han sido comunes los casos de los criminales reincidentes que vuelven a delinquir porque policías, fiscales y jueces complacientes, cuando no cómplices, les permitieron salir de los penales.
Es una situación que se arrastra desde hace décadas. No puede atribuirse a alguien en particular, inclusive a una determinada administración gubernamental, sino a un orden de cosas perverso, que tuvo que ver en el pasado mediato con el cuoteo de la justicia, con el mensaje de que sólo quienes tienen más, sin importar cómo consiguieron su fortuna, son los exitosos y los demás, unos simples fracasados.
Las personas, el ciudadano común, el padre de familia o quien ha resultado víctima de la delincuencia reacciona con violencia al encontrarse en presencia de un caso de este tipo y se desencadenan horribles linchamientos.
Estas demostraciones de justicia por mano propia, si es que se puede hablar de justicia, son ni más ni menos, delitos y, como se mencionó antes, de la más grave de las categorías, pues se da fin, y de una manera cruel, a una vida humana.
Los linchadores son tan criminales, como los que reciben agresiones y deben ser juzgados por la comisión del delito que es tipificado como el más grave de todos y que amerita la pena más fuerte, que en el caso de la legislación boliviana es de 30 años de presidio sin derecho a indulto. Lo demás, también, será complicidad.

dos medidas propone OPINION rápida movilización policial y mayor presencia del Estado para sancionar a los linchadores. los valores sobre la Justicia están trastocados.


Estas situaciones representan un abierto desafío a la autoridad del Estado y que, a medida de su falta de intervención en el propósito de frenarlas, se deteriora cada vez más.

Resulta cuando menos reveladora la declaración del director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Jorge Toro, quien acepta la impotencia de su institución para controlar los linchamientos que se registran en diferentes puntos del país, señalando como motivo principal, la falta de personal en las poblaciones rurales.

Sin embargo, el problema de estas acciones no está tanto en la vigilancia policial, sino en el establecimiento de una especie de cultura y valores que da la impresión que han sido relegados para dar paso a tomar la justicia por propia mano. El problema como se sabe tiene diferentes aristas y connotaciones, desde las que tienen que ver con esa especie de cansancio y también de impotencia de los pobladores que pretenden castigar a los presuntos delincuentes con acciones violentas que derivan incluso en la muerte, hasta la equivocada concepción de la justicia comunitaria.

El asunto de los linchamientos que cada vez con mayor frecuencia sacuden a la gente, no tiene hasta el momento un diagnóstico serio sobre las causas y aparentemente todo lo que se ha dicho está basado en criterios empíricos, pero la verdad es que esta forma de violencia colectiva no puede ser considerada como un hecho normal pues representa, sin ninguna duda, uno de los problemas más graves y serios que debe enfrentar el Estado.

Lo que se debería empezar a considerar frente a esta problemática, tiene que ver con señalar primero cuántos casos de linchamientos se han registrado en el país, bajo qué circunstancias y cuáles han sido los procedimientos policiales y del Ministerio Público para dar con los autores y los instigadores de las turbas y la participación de los vecinos. Por un lado, existen reacciones espontáneas que se presentan generalmente cuando se forman grupos de personas que luego derivan en la violencia, pero generalmente también se presenta gente que instiga e instruye para que la turba se convierta en ejecutora de situaciones extremas que, incluso, cuando existe intervención policial, son recuperados para darles un escarmiento.

En nuestro medio no se conoce, con precisión, si el linchamiento es una reacción ante la falta de la autoridad policial que garantice los bienes y la integridad física de las personas, o si se trata de una reacción colectiva que ejercita una peculiar violencia, porque sus valores sobre la justicia y otras consideraciones legales han sido trastocados por otras formas de entender la seguridad y la defensa vecinal.

De cualquier modo, estas situaciones representan un abierto desafío a la autoridad del Estado y que, a medida de su falta de intervención en el propósito de frenarlas, se deteriora cada vez más. Otro hecho que agrava el problema es que en los casos de linchamiento en los que fueron apresados algunos instigadores, los procesos de investigación y de aplicación de la norma penal, no prosperaron, lo que convierte a esta figura de violencia, a sus promotores y participantes en algo impune ante la ley.

Si por un lado, no existen condiciones adecuadas para que efectivos policiales sean desplazados con oportunidad y premura a las zonas rurales donde se registran estos hechos por carencia de recursos y por otro, se nota la ausencia de Estado en la aplicación de las normas y de procedimientos para sancionar a los culpables, estamos frente a un problema de dimensiones insospechadas.

martes, 29 de mayo de 2012

senador Roger Pinto se asiló en Embajada de Brasil. denuncia persecusión y amenazas contra su familia y su vida. lamentable!


El senador de la opositora Convergencia Nacional (CN) por el departamento de Pando, Roger Pinto, se asiló en la Embajada de Brasil por temor a las represalias que podría asumir el gobierno después de denunciar presuntos vínculos de algunos funcionarios de gobierno con el narcotráfico.
 
La decisión fue comunicada la mañana de este martes en conferencia de prensa por su compañero de bancada, el diputado Adrian Oliva, quien dio lectura a una extensa carta de Pinto en la que explica las razones que le llevaron a asumir dicha medida.
 
“Después de varios años de lucha intransigente por la defensa de los derechos humanos, la plena vigencia del sistema democrático, y el respeto a disentir y pensar diferente, hoy me veo en la difícil y dolorosa circunstancia de solicitar refugio en la Embajada de la República de Brasil, porque no me queda otra alternativa frente al acoso y la persecución inclemente a la que fui sometido durante todo este tipo por parte del gobierno de Evo Morales”, se lee en la carta.
 
Pinto, en su misiva, hace referencia a las constantes amenazas de muerte que recibió, lo mismo que su familia. “La presión hoy es insostenible. Ya no se trata de mi libertad, sino de mi vida y la de mi familia. El odio político quiere cobrar nuevas víctimas”, agrega.
 
Ayer, el presidente Evo Morales y el gobernador de Pando, Luis Flores, se reunieron en el Palacio de Gobierno para hablar varios temas, entre ellos el pedido de asilo del senador Pinto.
 
Cuando Erbol le consultó al gobernador Flores sobre este tema, se limitó simplemente a señalar que era una noticia que conocía y no quiso comentar más sobre el asunto.
 

corrobora El Dia la denuncia de EEUU ante el mundo por graves delitos contra los DDHH del Gobierno de Morales



Han vuelto a recrudecer los linchamientos en el país, lo que delata el fracaso de las reformas estatales que supuestamente debían conducir al establecimiento de un sistema con mayor justicia, más equidad e inclusión.

Lo que más está fallando, sin duda alguna, es el sistema judicial, cuyos reformadores discuten si es recomendable usar las hojas de coca para determinar los fallos, mientras los otros se concentran en el minucioso plan de persecución política que ahora penaliza también el apoyo a los indígenas marchistas. Un ministro de Estado que trata de justificar el irregular nombramiento de un jefe policial, llega al extremo de admitir que el cumplimiento de las leyes es opcional y la vigencia de los procedimientos puede suspenderse temporalmente.

Los linchamientos son la mejor expresión de que la ausencia de Estado sigue siendo el problema fundamental de Bolivia. La mayoría de ellos ocurren en las áreas rurales, donde hay otros “imperios” que han sustituido a las normas y a la autoridad. No es casual que desde el año pasado, más de diez policías hayan sido linchados por vecinos y comunarios que se escudan en la justicia comunitaria para esconder situaciones reñidas con las leyes, especialmente contrabando y narcotráfico.

En Yapacaní, hace unos días, una multitud se encargó de truncar un operativo antidrogas de la Policía que intentaba intervenir en un centro de acopio de cocaína. La gente se movilizó para proteger a los mafiosos y consiguió su objetivo. Menos mal que ningún efectivo resultó herido como sucedió semanas atrás muy cerca de allí, en la zona de San Germán, donde dos policías fueron tomados de rehenes y azotados por los “narco-comunarios” que defienden la vigencia de un nuevo orden que aparentemente goza de la connivencia estatal.

Los casos más recientes, el asesinato de un policía que fue confundido por un ladrón en El Alto y el linchamiento de un sospechoso en la localidad de San Julián, forman parte del mismo fenómeno de la anomia social que lleva a los ciudadanos a defenderse como pueden de la criminalidad que no encuentra freno, porque la Policía está más atenta a los quehaceres del poder que derivan en corrupción y la reproducción de un esquema gubernamental que descuida la verdadera misión de las instituciones.

El “proceso de cambio” ha derivado lamentablemente en un sistema que le facilita las cosas a la economía ilegal e informal. Desde los púlpitos oficialistas nadie repara en admitir la realidad de los “chuteros” y otros sectores que gozan de la tolerancia oficial. A través de los fenómenos como los linchamientos, los ataques a la Policía y la conducta de grandes masas de la población que reivindican el delito como medio de supervivencia, no hay duda que estamos en el camino infalible hacia la descomposición social del país, un paso previo a la desaparición del estado formal y sus leyes.

Hoy es la Policía la que resulta víctima de los que se sienten empoderados por el régimen para imponer sus propias normas. Mañana serán otras las instituciones que resultarán incómodas para la nueva Bolivia marginal que se está construyendo. Es obvio que los gobernantes, sus organizaciones y todo lo que pueda estorbar a la vigencia del nuevo orden también figuran en la lista. Es como un terremoto o un aluvión que no deja nada en pie. Hay regiones de México donde esto ya está ocurriendo.

Los linchamientos son la mejor expresión de que la ausencia de Estado sigue siendo el problema fundamental de Bolivia. La mayoría de ellos ocurren en las áreas rurales, donde hay otros “imperios” que han sustituido a las normas.

sábado, 26 de mayo de 2012

lapidario para Bolivia, ignominioso para Evo Morales, una verguenza para la Justicia, el informe sobre DDHH del Gobierno de Obama cuyo segmento ofrecemos aquí en cuanto a privación de la libertad.

1ra. Sección - La privación arbitraria o ilegal de la vida

Entre los casos que son detallados por el gobierno estadounidense se encuentran el fallecimiento del subteniente Grover Poma Guanto, en febrero de 2011; las muertes de los dos jóvenes en los enfrentamientos entre pobladores de Caranavi y el Policía, en mayo de 2010; la muerte de David Olorio Apaza, supuestamente por torturas que habría recibido por parte de la Policía y la muerte de los cuatro policías en Uncía, Potosí.

“El caso que involucra a Mayo de 2010 miembros de la comunidad que capturaron y torturaron y ejecutaron a cuatro policías en la localidad de Uncía, departamento de Potosí, fue trasladado a la ciudad de Potosí para el juicio. Cinco sospechosos fueron acusados de la matanza, aunque al final del año sólo tres habían sido detenidos. La fase de investigación del caso se terminó”, señala el informe del Departamento de Estado.

Dentro de este capítulo, además, se menciona los actos de tortura y otros tratos crueles que se habrían registrado en el país. El documento hace mención al caso de José Cantoral y otros tres peruanos que fueron arrestados por cargos de terrorismo.

Informa además sobre detenciones arbitrarias, haciendo referencia al caso del ex presidente del Banco Central de Bolivia Juan Antonio Morales; Jorge Melgar, líder del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

Hace mención también a procesos judiciales en contra de figuras políticas, como ser el caso del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, procesado por desacato por el fiscal Marcelo Soza; el ex gobernador de Beni, Ernesto Suárez y de los ex alcaldes cruceños de Pailón y Cotoca, Marlene Jaldín y Estanislao Arauz respectivamente.

“En noviembre de 2010 el ex alcalde de Sucre, Jaime Barrón del Pacto de Integración Social (PAIS), partido fue encarcelado por acosar a los agricultores y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario”, señala el informe.

viernes, 25 de mayo de 2012

decir la verdad es el reclamo clamoroso de OPINION en el caso de los 54 cadetes de la Policía. Encontrar la verdad serviría para reencauzar a la Institución por el sendero del Respeto Institucional

Quienes están en ejercicio de sus cargos tienen la obligación de decir la verdad, de lo contrario se colocan como cómplices y encubridores. 

El excomandante de la Policía Boliviana general Jorge Santiesteban anunció a tiempo de dejar el cargo que dirá la verdad “ahora y vamos acudir adonde nos llamen”. Es posible que un gesto altruista de las personas en función pública y que detentan altos cargos estaría en una conducta que demuestre que dejando un cargo pueden defenderse desde el llano de las acusaciones que pesan contra sus personas en determinadas circunstancias y al mismo tiempo demostrar a sus detractores de su inocencia o que las mismas sindicaciones no tienen fundamento. Muy raras veces se han visto estas actitudes no solo en la política nacional, sino en las funciones de jerarquía, incluso en aquellas que tienen que ver con dos instituciones fundamentales en el ordenamiento jurídico nacional, como son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Decir la verdad cuando se deja el cargo tiene una arista diferente cuando a una autoridad lo relevan del mismo o dicho en otras palabras lo sustituyen por otra persona como ha ocurrido con el excomandante de la Policía Nacional. Decir la verdad en este caso en el mejor sentido de la palabra, puede conducir al esclarecimiento de las graves denuncias contra la exautoridad policial en relación al presunto ingreso irregular de los cadetes a la Academia Nacional de Policías (Anapol), del cual se afirma, que existe una serie de situaciones que tienen que ver con favoritismos, pagos de dinero y otros actos que llegan incluso hasta esferas de la Asamblea Legislativa, además de las denuncias de intimidación a la Ministra de Lucha contra la Corrupción.

De cualquier modo los funcionarios y autoridades que están en ejercicio de sus cargos tienen la obligación, cuando están sometidos a cualquier investigación, a decir la verdad, o sea cooperar en el proceso de investigaciones, porque de lo contrario, aun suponiendo que son inocentes, se colocan como cómplices y encubridores. El hecho de decir la verdad luego de que dejan el cargo, puede servir también en el proceso de investigaciones, pero de algún modo suena como una especie de presión o advertencia a la misma investigación, o pero aún, algo así como una extorsión para frenar la investigación.

En cualquiera de las dos situaciones, antes en el ejercicio del cargo o después, nadie y mucho menos un funcionario público puede ocultar datos o piezas de una investigación. En el caso concreto del ingreso de 54 cadetes, las investigaciones centrales tienen que referirse a si el denominado Plan Piloto de admisión a la academia policial tenía las bases de un plan o se trata de un perfil que fue empleado para favorecer a algunos jóvenes relacionados con determinadas esferas del poder político y policial.

Este reciente escándalo que se ventila en esferas de la Policía Nacional y que afecta altos mandos, debería servir para desarrollar una investigación prolija, libre de presiones, sin prejuicios y sobretodo de manera honesta y transparente. Una investigación desde diferentes ángulos podría determinar esclarecimientos que posiblemente señalen a los responsables en este asunto que pone en tela de juicio la seriedad de la Policía y finalmente se encuentren culpables no importando cargos de poder en los que se encuentren. 

El caso de los cadetes, es cierto que no es el más emblemático en otros tantos que golpearon la credibilidad de la institución policial, pero podría ser algo por donde comenzar en medio de la impunidad que ha rodeado otros anteriores y de las actitudes de protección.

miércoles, 23 de mayo de 2012

los medios ven como "inapropiada y poco cauta" la designación de Maldonado. ahora los argumentos menudean y la solución está a la vista. nombrar un Tercer Comandante.


Empezando la semana, de manera absolutamente previsible se produjo la destitución del comandante de la Policía nacional, Jorge Santiesteban, y en su lugar fue posesionado interinamente el coronel Víctor Maldonado, en medio de un inocultable malestar interno que hizo dar un paso al costado al director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) porque la nueva autoridad estudió en la Escuela de Detectives sin haber pasado por la Academia Nacional de Policías, lo que vulnera la Ley Orgánica policial.
El jefe de Estado, Evo Morales, a tiempo de posesionar a Maldonado, se refirió a la necesidad de transformar la institución y de continuar implementando la doctrina de “una Policía para el pueblo y no para el imperio”. El coronel Maldonado se ha comprometido, entre otras cosas, a desterrar los abusos de la institución. “No queremos un cargo para abusar de la gente”, dijo en partes de su alocución. Imágenes de televisión mostraron a Maldonado, vestido de civil, observando cómo se consumaba en Chaparina la brutal represión policial de los marchistas defensores del Tipnis en septiembre de 2011. Entonces realizaba ‘tareas de inteligencia’, según argumentó el aludido.
La salida forzada de Santiesteban estaba cantada por las denuncias en su contra por el ingreso irregular a la Universidad Policial (Unipol) de 54 bachilleres ‘interculturales’. La orden de incorporación de los aspirantes -que de ‘interculturales’ no tenían nada- fue firmada por el destituido comandante. Pero no cabe duda de que las denuncias de la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, sobre supuestas amenazas contra su familia por seguir el caso Unipol y que atribuyó a Santiesteban, terminaron haciendo rodar su cabeza. “Es una guerra sucia, una conspiración, todo es una mentira”, dijo el general acusado, siguiendo la misma línea discursiva de un excomandante y actual viceministro de Seguridad Ciudadana sobre la existencia de ‘mafias’ incrustadas en la  institución verde olivo a las que hace poco acusó públicamente de conspirar en su contra y de atentar contra su vida.
En la foja de servicios de Santiesteban está el haber encabezado, en abril de 2009, el sangriento operativo en un hotel de esta ciudad donde fueron acribillados unos presuntos ‘terroristas’. Luego se desataría una sañuda e  implacable persecución gubernamental contra opositores ‘separatistas’.
En medio del recelo de los aspirantes por las recurrentes manipulaciones, la posesión del nuevo jerarca policial dejó en suspenso el ascenso al generalato, a la espera de la implementación de una nueva norma que elimine los vicios procedimentales, derivados de las influencias y la injerencia del poder político en los mandos y cuadros de la Policía, como se ha podido evidenciar en diversas circunstancias.
El cambio de mando en la entidad policial se produce en medio de caras agrias y fuertes remezones. Es el peor momento de la entidad del orden, desgastada su imagen y debilitada en extremo su institucionalidad, costo que ha tenido que pagar por la inaudita subordinación al poder gobernante de turno y por los corrosivos efectos de la corrupción que han colocado a la Policía nacional de cara a una aguda crisis de credibilidad ciudadana muy difícil de revertir en las actuales circunstancias. Para peor, cuando con su perenne falta de recursos y equipos, se las tiene que ver con una irrefrenable oleada delincuencial y el avance sin pausa del narcotráfico, amén de las evidencias que delatan la presencia de cárteles de la droga y del crimen organizado en el país. En la buena estamos…

martes, 22 de mayo de 2012

compartimos con Emilio Martínez la nada envidiable situación de la policía con tres cambios en corto tiempo al más alto nivel y con un coronel Maldonado cuestionado por haber masacrado en Yucumo a los del TIPNIS


El general Jorge Santiesteban, quien encabezó el sangriento operativo del Hotel “Las Américas” en abril del 2009, acaba de ser desplazado de la comandancia nacional de la policía, luego de una pulseta de poder con la ministra de transparencia, Nardi Suxo.
El conflicto enfrentó a dos alas de la maquinaria persecutoria gubernamental: aquella que utilizó el pretexto del “terrorismo” para depurar opositores y la que instrumentalizó una supuesta “lucha anticorrupción” para cargarse a gobernadores y alcaldes.
Aunque es probable que el destino inmediato de Santiesteban sea alguna clase de “exilio dorado” (quizás diplomático), dado que se trata de alguien que sabe demasiado, cabe preguntarse si su alejamiento del círculo íntimo del régimen no significará, en un momento dado, la apertura de la verdad sobre los sucesos que acabaron con la muerte de Eduardo Rózsa y sus asociados.
Se trata del tercer comandante nacional de policía que debe dejar su cargo de forma intempestiva en menos de un año, síntoma de los graves problemas que aquejan a la institución del orden.
En efecto, el general Oscar Nina debió abandonar el cargo tras la detención en Panamá del entonces director del centro de inteligencia del Ministerio de Gobierno, René Sanabria, implicado en el tráfico de un gran cargamento de cocaína. Luego le siguió Ciro Farfán, caído en desgracia por la posesión de un lujoso automóvil con placas falsas.
El sucesor de Santiesteban tampoco empieza con buen pie: según la presidenta del comité de la IX Marcha en defensa del TIPNIS, Bertha Bejarano, el coronel Víctor Santos Maldonado ha sido premiado por su rol en la violenta “evacuación” de indígenas llevada a cabo en septiembre pasado, en Yucumo.
La policía se sume en una profunda crisis, sin responder a las demandas de seguridad ciudadana de la población, mientras que a la administración evista sólo parece importarle que los uniformados cumplan el rol de represores de las protestas sociales…
notishots@gmail.com

lunes, 21 de mayo de 2012

son varios los periodistas asesinados en Bolivia, hasta ahora por malechores que pretenden robarles lo que llevan encima. qué pobreza de espíritu y criminalidad! (Segmento de EJU:TV)

Previus. Algunos escribientes pretenden explicar que las muertes son resultado "del trabajo a horas inconvenientes de los comunicadores" lo que no justifica el ambiente de alta criminalidad que viven los centros urbanos como El Alto, La Paz, Santa Cruz, donde los índices de crímenes, varios de ellos a plena luz del día, se cometen con la mayor sangre fría. Algo está pasando en la siquis colectiva que hace permisible tan atroz conducta de los criminales. M.A. editor


Evidentemente, ayer (sábado) se ha procedido a la detención preventiva de los cuatro sospechosos. Hay suficientes elementos que implican a estas cuatro personas, que los vamos a hacer conocer en su momento”, señaló el fiscal. 
El 12 de mayo, Aduviri salió de este diario a las 22.30 a bordo de un radiotaxi que lo dejó en su casa, en inmediaciones de la Estación Central, a las 23.00. Minutos después volvió a salir para dirigirse a El Alto.
El periodista habría tomado el minibús de los malhechores, del que fue lanzado después de ser estrangulado, al parecer, con una bufanda. Al caer del vehículo sufrió un golpe en la cabeza y murió debajo de la última pasarela de la autopista La Paz-El Alto.
Su cuerpo fue hallado por personal de la FELCC a las 23.50 del mismo 12 de mayo.El sábado 19, a una semana del asesinato del periodista, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó a cuatro supuestos autores del hecho.
Los aprehendidos fueron Franklin Guido Calle Huisa (posible líder de la banda de cogoteros y autor de la muerte), Eddy Colque Quispe, Gimena Colque Quispe y Silvia Helen Colque Quispe.
Tras la detención de los sospechosos se instaló la audiencia de medidas cautelares, en la que la juez de turno, Julia Parra, dispuso la detención preventiva para los varones en el penal de San Pedro, mientras que las mujeres fueron remitidas al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, donde permanecerán mientras duren las investigaciones.
“Tenemos una etapa preliminar y estamos todavía en esa fase. Vamos a continuar recabando todos los aportes que nos den la Policía y los investigadores del caso”, sostuvo el fiscal Monasterios.
El representante del Ministerio Público remarcó que el minibús blanco con placa de control 2559-HCF, en el que supuestamente se habría realizado el violento atraco al periodista Aduviri, es uno de los principales elementos que ayudarán al esclarecimiento del caso.
“La etapa preliminar, según la ley, dura 20 días, sin embargo, ésta puede ampliarse”, señaló la autoridad, quien agregó que los inculpados se acogieron al derecho al silencio durante la audiencia de medidas cautelares, por lo que no se pudo tomar la declaración informativa de esas personas.
En el marco de la investigación del asesinato del periodista Aduviri, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Jorge Toro, adelantó que esta semana la Policía continuará con las acciones para esclarecer el hecho.
“Todavía resta hacer requisas y allanamientos a domicilios que no se pudieron realizar el fin de semana porque no teníamos las órdenes. Si bien se ha detenido a cuatro sospechosos, la indagación continúa para conseguir más elementos”, señaló Toro.
Respecto al voceador del minibús, que es un menor de edad y que también estaría implicado en el hecho, acusado de ser coautor material del crimen, Toro indicó que ya fue identificado y que puede ser detenido en cualquier momento.

sábado, 19 de mayo de 2012

Leonor SÌ fue torturada por policías. de las patadas y golpes que recibió tuvo que guardar cama 10 días cercana a la muerte. Harold Olmos en nuestro blog Primera Plana


Enfermera reafirma que fue torturada

La enfermera Leonor Boyan, detenida hace ocho días en una de las jornadas de mayor intensidad de la lucha de médicos, salubristas y la Central Obrera Boliviana a raíz de un episodio que al Viceministro de Gobierno Jorge Pérez le costó un hematoma o una  herida superficial en la cabeza,  ha dicho que sí fue torturada a puñetazos y puntapiés por los policías y agentes vestidos de civil que la detuvieron.  Boyan había desaparecido de los noticieros nacionales y resurgió esta noche en las páginas electrónicas de Erbol que trajo una versión del informe del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la tortura y la violencia Estatal encomendado por la Defensoría del Pueblo para determinar si la funcionaria no regular del Instituto del Tórax, de La Paz, sufrió malos tratos durante su cautiverio. El informe, dice la noticia de Erbol, determina que “las afrentas propiciadas por los efectivos de la Policía Boliviana sí son catalogables como tortura”.
La información (que puede ser leída aquí) no trae ningún comentario de la policía ni del Ministerio de Gobierno, así como tampoco de la fiscalía que investiga el caso. 
Erbol dice que el director del área socio terapéutica de la Defensoría del Pueblo, Andrés Gautier, se entrevistó con la enfermera de acuerdo a las normas del Protocolo de Estambul. La versión no precisa el lugar de la entrevista, si fue en el propio Hospital del Tórax o si la enfermera ya estaría en libertad. Ese protocolo, adoptado por las Naciones Unidas en 1999, fue redactado por decenas de expertos en leyes, salud y derechos humanos a lo largo de más de tres años de trabajo con la participación de unas cuarenta organizaciones y es considerado primordial en las investigaciones en torno a personas que alegan haber sufrido torturas y malos tratos.

jueves, 17 de mayo de 2012

CON PLENA RAZÓN ERIKA BROCKMAN SE REFIERE A LA VIOLENCIA POLITICA E INGRATITUD Y OLVIDO ANTE LA LEY Y LA JUSTICIA


Previo: Víctima de la violencia política fuí detenido, incomunicado, preso y desterrado a partir del 6 de febrero de 1981 por órdenes de Luis García Meza. Años más tarde inicié gestiones ante DDHH para obtener un fondo de resarcimiento a las víctimas de la violencia política. Cuando finalmente se dictó la Ley 2640 me acogí a su amparo sin que hasta el día de hoy, siete años después de su promulgación y puesta en vigencia, hubiese recibido un sólo centavo de un régimen que proclamó falsamente su apego a la Justicia y el Derecho. De ahí nuestro pleno respaldo al texto de E.B.Q.

Más de 50 días persisten en su vigilia frente al Ministerio de Justicia. En medio de las protestas urbanas su voz se escucha lejana. Me refiero a la Plataforma de luchadores sociales víctimas de la violencia política que exigen el cumplimiento de la ley Nº 2640, de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política durante gobiernos inconstitucionales. Curiosamente la ley fue una iniciativa del gobierno presidido por Hugo Banzer y promulgada por el Presidente Carlos Mesa en marzo del año 2004. Siete años después, el gobierno del MAS, tributario de las conquistas democráticas ignora la protesta, y restringe el acceso a este derecho. ¡Vaya paradojas de nuestra historia y del Estado Plurinacional!
Bolivia fue uno de los últimos países de la Región en aprobar este instrumento concebido como un acto de justicia y reparación a quienes experimentaron formas diversas y extremas de violencia política durante pasadas dictaduras. Fui testigo de los variopintos argumentos que motivaron la ley y limitaron progresivamente su alcance debido a la suma perniciosa de carencias financieras, desconfianza, sectarismo partidario y división entre dos organizaciones que disputaban la representación de las víctimas y su inclusión formal en la Comisión Calificadora.
Hoy no resisto la tentación de mirar autocríticamente la actitud que, como Estado y Sociedad tuvimos y aun tenemos respecto a los protagonistas que hicieron posible la inauguración del ciclo democrático imperfecto, pero inédito en nuestra historia. Lo hago a partir de la comparación con lo ocurrido en otros Estados que, como el chileno, asumieron con voluntad política la reparación universal plena y efectiva del derecho al resarcimiento, ampliando lo favorable y restringiendo lo odioso.
En Bolivia, pese a ser un derecho internacionalmente reconocido, se censuró éticamente la recepción de recompensa por una lucha que se abrazo con convicción desinteresada. Se acusó de oportunistas a ex presos y exilados radicados en el exterior, lo que derivo en la exclusión de quienes no retornaron al país hasta 1984. Se marginaron también a las víctimas que ejercieron algún cargo jerárquico o de representación política durante los gobiernos democráticos. En fin, presumimos mala fe, siendo inocultable nuestra persistente ingratitud y mezquina manera de valorar nuestra historia, a sus protagonistas, la política y la función pública.
Lo que hoy sorprende, es la actitud oficial que recorta de manera insensible este derecho; mientras que, coherentes con nuestra tradicional desconfianza colectiva, los afectados demandan una auditoria al proceso de calificación que desencadenó la protesta. ¿No era lógico que el gobierno del cambio y del pregonado superávit, financie la mayor parte de las obligaciones sin esperar el apoyo internacional al que aludía la ley en tiempos de escases?
¿Se intenta enterrar en el olvido las luchas que hicieron posible la apertura democrática?
¡Qué difícil resulta erradicar la intolerancia y las pulsiones autoritarias! Y es que los mentores del cambio conciben la política como campo de “lucha permanente” sin valorar ni dar espacio alguno a la deliberación democrática. Lo ocurrido con la diputada Revollo, la penalización de la actividad política y la agresión sufrida por la enfermera Boyan durante la protesta medica expresan poco apego al pluralismo consustancial a todo orden democrático. Lamentablemente, los cambios también son regresivos.
Psicóloga, politóloga y exparlamentaria

lunes, 14 de mayo de 2012

masacrados a media noche en un hotel cruceño, se los culpó de organizar un complot que nunca fue probado abogado húngaro indaga en nombre de su Gobierno y con apoyo de NNUU


Un diputado de Hungría Gergely Gulyas que visitó el país se fue preocupado por el avance de la investigación del caso de presunto terrorismo, específicamente por la situación del detenido Elod Tóázó y por lo ocurrido con Eduardo Rózsa y Arpad Magyarosi, asesinados hace tres años en un operativo policial en el Hotel Las Américas, de Santa Cruz.
¿Cuál es la conclusión principal de su visita a Bolivia?
Es natural que, habiendo en este caso un ciudadano húngaro, el Gobierno húngaro y los partidos representados en el Parlamento hagan lo posible para ofrecer una asistencia diplomática y, en la medida de lo posible, para que este ciudadano no sea privado de sus derechos humanos. Éste fue el objetivo de nuestra visita y se han confirmado nuestras preocupaciones en torno al caso de Tóázó y otros. Al parecer, Bolivia no respeta ni sus propias leyes, menos los acuerdos internacionales.
¿Está convencido que en el “caso Rósza” se trataba de una célula terrorista que intentó perpetrar un atentado para asesinar a Evo Morales?
Por supuesto que no estamos convencidos de ello. Sin embargo, como tres personas de aquel grupo ya no viven, han sido asesinadas, la información que tenemos es sobre Elod Tóázó y estamos convencidos de que él no ha venido a Bolivia con el fin de perpetrar semejante acto.
¿Cuáles son las leyes internacionales y bolivianas que nuestro Gobierno no respeta?
Primero, después de una vista realizada al centro penitenciario de La Paz, es evidente que no se respetan los derechos de Elod Tóázó. Segundo, hemos consultado con los abogados de Tóázó y nos informaron que los 36 meses que supone la ley en Bolivia para el arresto preventivo ya se han cumplido. Cuando él se encontraba arrestado, esta ley fue modificada con un efecto retroactivo que lo perjudica.
Las Naciones Unidas, el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, ha determinado que se violaron estas leyes y lo que es evidente es que los 36 meses, establecidos por una ley boliviana, durante los que debería concluir un proceso penal, ya se han cumplido. Sin embargo, el proceso ni siquiera ha comenzado. Y no podemos aceptar tampoco el argumento de que la postergación de este proceso haya resultado de ciertos obstáculos puestos por Tóázó o los otros imputados, porque las autoridades competentes han tenido la oportunidad de ponerlo en juicio en cualquier momento durante los tres últimos años.
¿Cree posible que las personas que murieron en el Hotel Las Américas hayan sido ajusticiadas, acribilladas?
Lo que sabemos es que dentro del país hay un debate de política interna. Lo que es evidente es que la autopsia que tenemos no demuestra que los hechos hayan pasado de la forma que expone la acusación. Sin embargo, la posición del Gobierno húngaro es que no quiere entrometerse en ninguna forma y bajo ningún concepto en la política interna de Bolivia . Nuestra posición general es que los principios de derecho internacional deben ser respetados en todos los procesos judiciales. Mientras un ciudadano húngaro esté detenido en un país extranjero, el Gobierno húngaro va a hacer un seguimiento desde muy cerca para que sus derechos sean respetados.
Usted ya ha visto que este caso, al parecer, no se está llevando adelante de manera justa; ¿cuáles son las acciones concretas que Hungría va a tomar?
Hungría es miembro de la Unión Europea, por tanto, lo que el Gobierno va a hacer es llamar la atención de las instituciones europeas sobre este proceso. Esto significa tanto a la Comisión Europea como el Parlamento Europeo. La Unión Europea da un considerable dinero en cooperación internacional para Bolivia cada año. Y opinamos que si Bolivia no respeta los derechos de un ciudadano europeo, entonces hay que repensar, hay que reflexionar sobre la vigencia de estas ayudas de cooperación.
Las Naciones Unidas también están pendientes de este caso. Ya se ha hecho una resolución sobre detención arbitraria en diciembre del año pasado, diciendo que la detención de Tóázó ha sido arbitraria y vamos a acudir a todos los organismos internacionales que tengan jurisprudencia en Bolivia.
No es un secreto que, en esta ocasión, nos hemos reunido con el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y nos han dicho que están muy pendientes de la evolución del proceso. Estamos intentando que se forme una cooperación entre todas estas instituciones involucradas. Lo que debe quedar claro es que de ninguna manera queremos entrometernos en los asuntos internos de este país.
¿Cuánto conoce sobre Elod Tóázó?
En principio estamos al corriente de lo que ha pasado desde que él ha sido detenido en Bolivia. El es húngaro, de Transilvania, es decir de la comunidad húngara que vive en Rumania, en el país limítrofe con Hungría. Ha venido engañado a Bolivia. Le dijeron que hay muchas oportunidades en Bolivia y lo invitaron a montar una empresa de viajes, de turismo, y una empresa de transportes. Ésta fue la promesa por la que él ha decidido venir a Bolivia.

sábado, 12 de mayo de 2012

mientras Bolivia entera se consterna por la pateadura a una enfermera por la Policía, ministro Romero habla de "teatro".


El jefe Nacional de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, Gregorio Lanza, informó a Erbol que se inició con el proceso de indagación de la situación de la enfermera Leonor Boyán, quien se encuentra en terapia intensiva, luego de recibir el jueves la agresión de efectivos de la Policía.

“Se trataría de una gravísima violación de los derechos humanos, cabe preguntarse y eso también deben hacerse las autoridades del Ejecutivo, especialmente los del Ministerio de Gobierno que deben responder a las tremendas dudas que existe. ¿Ha sido una orden de ese nivel o de dónde ha salido?, ¿es un caso que corresponde a una agresión de efectivos del orden o de agentes?”, afirmó.

Testimonio de la víctima

La enfermera Boyán este sábado tomó contacto con los medios de comunicación donde contó, entre sollozos, la agresión violenta a la que fue sometida por policías el pasado jueves tras su detención por agentes de inteligencia y uniformados que la llevaron al Comando de la Policía Departamental de La Paz.

“Los policías (…) me trataron muy mal. Estaba como una media hora con los dolores que me estaba retorciendo, estaba casi como dos horas en lugar, luego me trajeron al hospital de Clínicas porque les dije que quiero ir al médico, luego me internaron”, relató la víctima.

Boyán agregó que tuvo que invocar que estaba embarazada para que dejaran de golpearla y agredirla. “Estaba totalmente traumada y no podía entender lo que estaba pasando y no pude identificar (a los policías) porque todos parecían iguales”, sostuvo.

Situación médica 

El médico de turno, Carlo Vercosa, señaló que la paciente presenta un cuadro psíquico de estrés post-traumático, que se produce por una situación severa y que físicamente está bajo el diagnóstico de insuficiencia renal aguda secundaria a una rabdomiolisis, que es un trastorno producido por diferentes circunstancias.

Sin embargo, la paciente que está hospitalizada en el Instituto Nacional del Tórax, en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz, manifestó que el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, -junto a un fiscal- la visitó aproximadamente a la 01.30 de la madrugada de este sábado, donde le pidió que no magnificara el hecho. “Me dijeron que no haga problemas, pero aquí nadie está mintiendo”, dijo la afectada, entre lágrimas.

Derechos Huamnos: Madre y mujer golpeada

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, tras la visita a Boyán, en el Instituto Nacional del Tórax muy consternada señaló que escuchó a la paciente por lo que se encuentra preocupada por el estado de Boyán.

Hemos solicitado una explicación del “extremo de violencia que se ha generado en esta persona, una madre soltera y con un hijo que ha sido golpeada y por esa consecuencia está en terapia intensiva. El ámbito físico es lo que podemos esperar, pero psicológicamente está destrozada y atemorizada”, afirmó Herrera.

"Una mujer y madre fue golpeada y está en terapia intensiva que psicológicamente está muy grave y pedimos a las autoridades del gobierno no presionarla, pero es muy grave lo que ha sucedido. Nadie puede ser sometido a golpes para que se incrimine, pero lo que sí ha sufrido son vejámenes”, sostuvo.

El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, en declaraciones al canal gubernamental señaló que "no hubo golpes, sino forcejeos" entre la enfermera Boyan los policías que intentaban fotografiarla.


Ministro Romero dijo que es un “teatro”

El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre el caso manifestó que “es uno de los casos más sorprendentes de sobreactuación que se ha visto en los últimos tiempos”, que ha sido inventado por la prensa, según informa Oxigeno.

“Es un gran teatro; ella ha sido atendida por los mismos policías, se la ha llevado a una clínica privada donde recibió todas las atenciones después que ha sido la agresora de una autoridad de Gobierno. Ha mentido, dijo que estaba embarazada y resulta que no, todo es un gran teatro”, señaló.

La autoridad agregó que cuando la afectada recibió la visita en el Hospital del Tórax de parte del Viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, le dijo que no había declarado lo publicado en la prensa, “ella misma dijo que todo lo habían inventado los periodistas, que ella nunca dijo que fue torturada”, agrega el reporte.

La Paz, 12 mayo 2012 – J.C.

Hace pocos días Gastón Cornejo planteó la cuestión Platón o Maquiavello, ahora Edgar Flores se refiere al mismo paradigma, con otro texto

Hay quienes sostienen que la relación entre moral y política es indisoluble; como también, existen aquellos que consideran que la política se basta a sí misma. Lo que me propongo en el presente artículo es examinar estos dos principios que -por cierto- brotan en tiempos antiquísimos.

La Antigua Grecia es la cuna de la política, ahí es donde la palabra política tiene su origen. Para los griegos la política es el estudio o conocimiento de la vida en común de los hombres y su participación en los asuntos de la polis o Ciudad Estado. Mientras participe en la organización de esa comunidad e inserto en la misma organización social, el hombre, es definido por Aristóteles, como un animal político. Precisamente en la Grecia es donde la relación moral y política emerge vinculada estrechamente.

Bajo la consideración precedente, tenemos en la Grecia Antigua una unidad evidente entre la moral y la política. En la cotidianidad de los atenienses la moral de los hombres que viven en comunidad se cumple en la política; es decir, que en la política es donde los individuos desarrollan y extienden sus virtudes: justicia, prudencia, fortaleza, amistad y templanza; el hombre, no puede carecer de aquellos valores si es que desea alcanzar la felicidad propia y de la comunidad que gobierna. Se trata, por consiguiente, de una moral que impregna en la acción colectiva valores de igualdad, justicia social y libertades, es decir, una democracia efectiva que abraza la dignidad humana.

Más tarde, en la época moderna, esta vinculación entre moral y política -con Nicolás Maquiavelo (1469 – 1527)- se disuelve. Se separa la política de la moral. Política sin moral, principio cuyo contenido pregona la política autosuficiente, que se basta por sí misma; constituyéndose entonces la otra posibilidad de acción colectiva para incursionar el ámbito gubernamental y conformar lo que se conoce en la actualidad con el nombre de Realismo Político, que no admite -menos aprueba salvo sus conveniencias premeditadas- ningún juicio moral en la consecución del fin que persigue, todos los medios, en consecuencia, sirven y se subordinan para lograr el fin que satisfaga el interés nacional y la angurria de poder.

Este problema de relaciones entre moral y política aparece constantemente. En ocasiones combatiendo, en un marco democrático, actos de corrupción moral política que perjudican al Estado; en otras, prescindiendo de los valores, se subordina la moral a la política autoritaria.

jueves, 10 de mayo de 2012

galimatías o cantinflada? Jorge Pérez el funcionario que pronto se irá a su casa. metepata. cantinflero. ofrece trabalenguas y es alto portavoz del Estado...que desprestigio, qué falto de seriedad...además intrigante y perverso


Viceministro de Régimen Interior se retracta de sus acusaciones
La Paz.- “Que la información venía de denuncias de la población, la población hace conocer a mi persona que ellos habrían tomado conocimiento que la marcha estaría recibiendo apoyo, de que estaría recibiendo financiamiento, en otras palabras la gente decía: ellos tienen plata, están recibiendo plata, los están apoyando, etcétera. Entonces esa denuncia es la que yo se las he transmitido a la población misma para hacerles recuerdo que ellos mismos me han dicho eso, entonces no es que yo estoy diciendo”.
De esta manera el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, se retractó de las acusaciones en contra de la novena marcha en defensa del Tipnis, aclarando que dichos rumores fueron vertidos por los pobladores de esa región y que en concreto el Gobierno no cuenta con nada oficial al respecto.
“Lo que estamos haciendo es dando a conocer una situación, no estamos indicando que producto de que se movilicen o no, financien o no se tenga que iniciar alguna acción legal, solamente son indicios”. (Rtp)

apoyo al TIPNIS porque su causa es justa. reconoce la diputada Marcela. Carlos Romero me espía y ese es un delito contra la libertad individual. (Opinión)


La diputada por el Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo, presentó ayer una querella contra el ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusándolo de espionaje gubernamental luego de que la autoridad del Ejecutivo la señaló de ser una de las financiadoras de la marcha indígena del TIPNIS, con base en la grabación secreta de una conversación en su oficina.
“Lo que califica de financiamiento es la actividad de un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que a nivel nacional estamos vendiendo unas tarjetas a 5 bolivianos que son fotos de la octava marcha en coordinación con los pueblos indígenas. Esto está sirviendo para llevar agua, pañales, medicamentos a la marcha  en una actividad absolutamente ciudadana”, argumentó la diputada del Movimiento Sin Miedo.

El martes, Romero hizo uso de una presentación en data show donde mostró una transcripción de la conversación mientras el audio se reproducía. Según el ministro el registro fue obtenido por el Gobierno mediante una persona quien envió un sobre con el rótulo de confidencial el anterior 16 de abril.

“El día de hoy, estoy presentando una querella contra el ministro Romero para que dé la cara, para que no se oculte en la confidencialidad o el anonimato y que diga a quién introdujo en mi oficina de la Circunscripción 10, con qué resultados, cuánto pagó y cómo justifica la comisión de delitos y la violación de la Constitución”, anunció Revollo. 

martes, 8 de mayo de 2012

conflictos a granel. lo peor de todo sin visos de solución. García Linera lanza consignas de mayor violencia en lugar de apaciguar...Bajo el Penoco

Ha empezado la semana más complicada del conflicto más prolongado de los últimos tiempos. Dos días de paro de transporte en La Paz y otras ciudades; los médicos que están por cumplir un mes y medio de huelga; la COB en preparativos de suspensión de actividades; los indígenas que se acercan a San Ignacio de Moxos, donde han decretado un paro cívico indefinido para evitar que los marchistas ingresen al pueblo y donde los habitantes -bajo amenaza-, tienen órdenes de no darles ni un vaso de agua. Hay tantos sectores movilizados que es difícil llevar la cuenta. El último en lanzarse al ruedo de las protestas ha sido el sistema universitario nacional con dos días de suspensión de clases y movilizaciones en apoyo a los médicos. Es la primera vez en seis años que las universidades públicas se lanzan a las calles a protestar. El Gobierno hizo muy bien su tarea al mantener a las casas de estudio con abundantes recursos económicos, neutralizando de esa manera a uno de los sectores más combativos del país. Ese fue el motivo del tremendo enojo presidencial contra las universidades el otro día. Y seguramente esa reacción es la que ha provocado temor en la UAGRM, la única universidad del país que no levantó cabeza. Todos mansos  y tranquilos.

lunes, 7 de mayo de 2012

golpe a golpe...el MAS tumba la democracia. hace caer alcaldes y coloca los suyos no siempre populares ni conocidos ejecutores de acciones municipales. "los fiscales son unos superhombres" capaces de todo atropello a la Ley


La ley corta que sancionó el Gobierno para procesar y poder derrocar “legalmente” a las autoridades electas democráticamente, es hasta hoy, la más rendidora de todas las normas que ha llevado adelante el régimen, que precisamente acaba de ponerle freno de mano al decreto que extendía el horario de trabajo de los médicos de seis a ocho horas. En Santa Cruz nomás, 30 alcaldes opositores han sido destituidos de sus cargos desde el 2010, por la vía de procesos judiciales iniciados por fiscales allegados al oficialismo, convertidos hoy en los “súper hombres” de la democracia plurinacional.
El último en recibir el “golpe de estado legal” ha sido el alcalde de La Guardia, Jorge Morales, cuyo municipio fue declarado en reiteradas ocasiones como un modelo a seguir. Durante algunos días, los seguidores de Morales estuvieron tratando de evitar su caída, pero al final se impuso la montonera masista. La mayoría de los alcaldes del departamento que han sido derrocados son de la agrupación Verdes, a la que pertenece el gobernador Costas. Queda claro que con este tipo de democracia, no hay modelo, estructura o respaldo que valga. El que se cayó, ahí quedó. Nadie podrá defenderlo, ni el Chapulín.

sábado, 5 de mayo de 2012

excelente texto de Roger Cortez traído por L.R.Baptista. un acierto



Maratón de simulaciones

Finge el gobierno que escucha y es sensible a las necesidades de sus votantes y, como suprema prueba de tal devoción, realiza la compra forzosa de la transportadora de energía eléctrica. Para darle a su acción el toque de virilidad que parece sentir como su primera obligación y compromiso, despliega una escenografía en la que resaltan los uniformes de soldados y los puños en alto.
Los altos jerarcas se encuentran tan desprevenidos sobre el contenido y proyecciones de la última estatización que cuando llega la hora de hablar del valor de lo expropiado y las indemnizaciones, disparan cifras al tuntún, sin que atinen a explicar la diferencia de sus cálculos y las devaluadas cifras que se mencionan en la casa matriz de la compañía.
Simulan asombro los expropiados, atizando la quema de hojarasca que dispara una ola periodística sensacionalista, que exagera la acción gubernamental boliviana y la coloca de la manera más forzada como falso equivalente de la reciente estatización argentina de YPF, olvidando las frescas garantías y elogios del gobierno nacional para con Repsol. Cuadro ideal para que el feriado local sacado de la manga, combinado con el anuncio de expropiación, cumpla su fugaz propósito de aparentar que las cosas se encarrilan en nuestro país.
Finge la dirigencia laboral, que desconoce las responsabilidades e historia de la organización que comanda, exigiendo alzas salariales que sabe bien que no conseguirá, pero que sirven a la perfección a los gobernantes, ciertamente no por los paros y la agitación callejera, sino porque la máxima organización sindical tuerce el rostro y calla frente a la IX marcha, el conflicto social más importante, porque interpela el modelo de desarrollo, la traición oficial a la Constitución y las leyes, y pugna por la defensa de las libertades y la autonomía del movimiento popular.
Esa misma dirigencia, deserta de establecer las reales proporciones y límites del conflicto de la sanidad pública, probablemente por desconocimiento e improvisación, y ayuda a ocultar el Estado mezquina recursos a la salud pública, en la época de mayores ingresos y del avance capitalista más concentrado y rápido que vive el país.
“La Prensa”, 5 de mayo

viernes, 4 de mayo de 2012

para Harold Olmos la "guerra que sostiene Evo contra la rebelión" no de baja intensidad, es intensa y violenta


No es más de baja intensidad

La violencia vista en esta jornada y mostrada por los canales de la TV no es más debaja intensidad. La Paz, Santa Cruz y Cochabamba fueron campos de batalla que desmentían la idea de que en Bolivia los conflictos en curso son de menor intensidad. Casi toda la red troncal de carreteras experimentaba bloqueos.
Piedras contra gases lacrimógenos tronaron en Puerto Pailas, una de las poblaciones de las afueras de la ciudad de Santa Cruz. Los vecinos denunciaban airados que los gases habían caído incluso en escuelas, aterrorizando a niños, a quienes se les suele enseñar que la policía es la representación de la seguridad de la población. La fuerza policial se impuso y consiguió levantar el bloqueo establecido personas de los servicios de salud, en huelga indefinida desde hace más de un mes. Los heridos de la policía eran tres. No se conocía cuántos heridos hubo entre los manifestantes.
En la autopista principal La Paz-El Alto también se desencadenó una batalla campal cuando la policía decidió dispersar a médicos, estudiantes de medicina y funcionarios de salud que bloqueaban el lugar.
En Cochabamba, las imágenes parecían las de una poblada que la policía intentaba contener. Los protagonistas eran los mismos: empleados del sistema nacional de salud y estudiantes, frente a la fuerza policial que no ahorró descargas de gases lacrimógenos.
Los bloqueos iban a extenderse al sur, en las próximas horas hasta afectar inclusive localidades fronterizas con Argentina. Parecía que toda Bolivia –o gran parte del país-  estaba en los momentos más agudos (¿?) de una convulsión generalizada.
Eran los momentos extremos de una crisis, como una olla de presión en pleno estallido. No había un conteo oficial de víctimas, salvo la de los tres policías, incluso un coronel, en Santa Cruz. Dos hechos más se sumaron a la jornada. Sobresalía la voluntad de los marchistas del TIPNIS rumbo a La Paz de continuar su recorrido, a pesar de las amenazas de pobladores de San Ignacio y de otros lugares con fuerte presencia oficialista de someterlos privándolos de agua y alimentación. Hasta ahora, en dos semanas de caminata, los marchistas no han sido frenados ni por el frío ni por el fango de los deteriorados caminos del norte y oriente bolivianos. Esta noche sus dirigentes aseguraron que su ánimo de continuar el trayecto en paz no sería doblegado.
No menos explosiva, por los inevitables peligros que encierra, fue la decisión de la Central Obrera Boliviana (COB)  de apoyar al sector salud en sus demandas y de rechazar el aumento salarial del 8% ofrecido por el presidente Morales el 1 de mayo. La organización decretó un paro general de 72 horas, del miércoles al viernes de la semana próximo. Al concluir este paro, habría una reunión para decidir un paro nacional indefinido. Para el lunes y el martes está previsto un paro del transporte.
Esta noche, era cada vez más insistente la pregunta para la que no había respuesta: ¿Qué vendrá después?

jueves, 3 de mayo de 2012

en efecto como anota Emilio Martínez ahora después del "enamoramiento evista" reaccionan los medios mundiales para los que no es más que "un dictador populista"


¡Qué lejanos aquellos tiempos, cuando Evo Morales recorría el planeta ante el aplauso ingenuo o frívolo de quienes creyeron con ligereza en el cuento del “primer presidente indígena de América Latina”!
Por aquel entonces, el mandatario solía encontrar amplio eco favorable en los medios de prensa internacionales, que repetían acríticamente las consignas demagógicas fabricadas por los asesores presidenciales.
Pero, como bien dice el refrán, “la mentira tiene patas cortas”. El error suele ser una nube pasajera y tarde o temprano la verdad liberadora sale a la luz. Es el momento de la caída de las máscaras.
Así parece estar sucediendo actualmente, de manera que las acciones y los dichos del (des)gobernante son calibrados de modo mucho más realista en el exterior. Al punto que, ante la reciente “nacionalización” de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), el propio vicepresidente del Parlamento Europeo no ha dudado en calificar a Morales de “dictador populista”.
De hecho, la mentada estatización sería más bien una compra de acciones, al estilo de la realizada en el caso de varias empresas petroleras, en medio de un frondoso operativo mediático-militar con el cual el presidente cocalero pretende mantener en pie su tinglado socialista, al precio de liquidar la imagen internacional de Bolivia, convirtiéndola en país expulsor de inversiones.
¡Qué difícil había sido tratar de volverse un gobernante pragmático, ante el riesgo de una pronta desaparición de la tutoría y el paraguas chavista!
¡Difícil, sobre todo, cuando en el mismo momento Argentina opta por meterle a fondo al populismo!
notishots@gmail.com