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viernes, 25 de mayo de 2012

decir la verdad es el reclamo clamoroso de OPINION en el caso de los 54 cadetes de la Policía. Encontrar la verdad serviría para reencauzar a la Institución por el sendero del Respeto Institucional

Quienes están en ejercicio de sus cargos tienen la obligación de decir la verdad, de lo contrario se colocan como cómplices y encubridores. 

El excomandante de la Policía Boliviana general Jorge Santiesteban anunció a tiempo de dejar el cargo que dirá la verdad “ahora y vamos acudir adonde nos llamen”. Es posible que un gesto altruista de las personas en función pública y que detentan altos cargos estaría en una conducta que demuestre que dejando un cargo pueden defenderse desde el llano de las acusaciones que pesan contra sus personas en determinadas circunstancias y al mismo tiempo demostrar a sus detractores de su inocencia o que las mismas sindicaciones no tienen fundamento. Muy raras veces se han visto estas actitudes no solo en la política nacional, sino en las funciones de jerarquía, incluso en aquellas que tienen que ver con dos instituciones fundamentales en el ordenamiento jurídico nacional, como son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Decir la verdad cuando se deja el cargo tiene una arista diferente cuando a una autoridad lo relevan del mismo o dicho en otras palabras lo sustituyen por otra persona como ha ocurrido con el excomandante de la Policía Nacional. Decir la verdad en este caso en el mejor sentido de la palabra, puede conducir al esclarecimiento de las graves denuncias contra la exautoridad policial en relación al presunto ingreso irregular de los cadetes a la Academia Nacional de Policías (Anapol), del cual se afirma, que existe una serie de situaciones que tienen que ver con favoritismos, pagos de dinero y otros actos que llegan incluso hasta esferas de la Asamblea Legislativa, además de las denuncias de intimidación a la Ministra de Lucha contra la Corrupción.

De cualquier modo los funcionarios y autoridades que están en ejercicio de sus cargos tienen la obligación, cuando están sometidos a cualquier investigación, a decir la verdad, o sea cooperar en el proceso de investigaciones, porque de lo contrario, aun suponiendo que son inocentes, se colocan como cómplices y encubridores. El hecho de decir la verdad luego de que dejan el cargo, puede servir también en el proceso de investigaciones, pero de algún modo suena como una especie de presión o advertencia a la misma investigación, o pero aún, algo así como una extorsión para frenar la investigación.

En cualquiera de las dos situaciones, antes en el ejercicio del cargo o después, nadie y mucho menos un funcionario público puede ocultar datos o piezas de una investigación. En el caso concreto del ingreso de 54 cadetes, las investigaciones centrales tienen que referirse a si el denominado Plan Piloto de admisión a la academia policial tenía las bases de un plan o se trata de un perfil que fue empleado para favorecer a algunos jóvenes relacionados con determinadas esferas del poder político y policial.

Este reciente escándalo que se ventila en esferas de la Policía Nacional y que afecta altos mandos, debería servir para desarrollar una investigación prolija, libre de presiones, sin prejuicios y sobretodo de manera honesta y transparente. Una investigación desde diferentes ángulos podría determinar esclarecimientos que posiblemente señalen a los responsables en este asunto que pone en tela de juicio la seriedad de la Policía y finalmente se encuentren culpables no importando cargos de poder en los que se encuentren. 

El caso de los cadetes, es cierto que no es el más emblemático en otros tantos que golpearon la credibilidad de la institución policial, pero podría ser algo por donde comenzar en medio de la impunidad que ha rodeado otros anteriores y de las actitudes de protección.

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