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sábado, 27 de mayo de 2017

Los Tiempos se detiene en el tono conciliador de Moreno cuando asume la presidencia de Ecuador desechando el fanatismo de los "bolivarianos chavistas" de los que Evo es seguidor empedernido. las políticas de subsidios, bonos y construcción de obras. Ecuador pasa a ser un referente del "cambio real" en la región.


Un peculiar traspaso de mando

El tono conciliador adoptado por Moreno y su predisposición a abrir espacios de diálogo y concertación permiten alentar la esperanza de que Ecuador sea un buen referente para la región.

Una lectura atenta del proceso político que ha vivido Ecuador que ha concluido en la asunción de su nuevo mandatario, da pie a postular dos hipótesis no necesariamente contradictorias.

Una, que los ideólogos del proyecto político encabezado por el exmandatario Rafael Correa y que se alineó en la corriente del Socialismo al Siglo XXI, pese a todas sus características autoritarias, decidieron apostar más por el proyecto que por el caudillo, pues una racional lectura de la experiencia de los países adherentes al socialismo radical permite comprobar que, sin excepción, una decisión inversa (apostar al cacique y no al proyecto) conduce, irremediablemente, a que al final desaparezcan ambos.

Sin ser de ninguna manera el único, el proceso chavista en Venezuela muestra ese destino. La otra es que se haya optado por un recambio que, bien conducido, puede permitir el retorno del caudillo, pero reciclado. El problema con esta apuesta es que no siempre el delfín se mantiene leal al mentor. Ejemplos en la historia de la región y el mundo abundan en este sentido, aunque también hay importantes excepciones.

En ese contexto, la ascensión a la Presidencia de Ecuador de Lenin Moreno no sólo abre una nueva etapa en la historia de ese hermano país, que ha sido siempre solidario, sino que puede convertirse en un microcosmos del devenir de una propuesta alternativa como la que encarnó el exmandatario Rafael Correa.

Sin embargo, hay un factor diferenciador fundamental. Como en Venezuela y Bolivia, el exmandatario tuvo a su favor un extraordinario período de bonanza económica, que le permitió adoptar medidas redistribuidoras de alto impacto social. Ahora, ese período ha terminado (y en ese país, como en Venezuela y a diferencia de Bolivia, se siente con más rigor una caída de los índices económicos) y se han reducido drásticamente las posibilidades de mantener las políticas de subsidios, bonos y construcción de obras públicas que garantizaron las dos gestiones anteriores de Correa.

Es decir, en Ecuador, como en Bolivia (y ya no en Venezuela donde la camarilla militar-familiar que gobierna ese país se ha aplazado rotundamente) ha llegado el momento de gestionar países que vuelven a vivir las dificultades que se atravesaron en la región a partir de la apertura democrática de la década de los 80 del siglo pasado.

En ese contexto, se comprende el tono conciliador adoptado por el nuevo mandatario en su discurso inaugural que, por eso mismo, y así sea por eso solamente, se diferencia radicalmente de su predecesor. La necesidad de abrir espacios de diálogo y concertación para enfrentar los nuevos tiempos es un imperativo de gobernabilidad, comprensión inteligente de una nueva élite política que parece adecuarse a las nuevas condiciones que el mundo real presenta.

Otro factor que exige dejar de lado políticas de confrontación es que pese a las evidentes falencias del principal candidato de la oposición (entre otras, una similar actitud autoritaria), es que hubo una segunda vuelta electoral y en ésta la diferencia de votos fue reducida.

Así, una vez más Ecuador puede convertirse en un referente de las fuerzas políticas que atraviesan nuestra región.


miércoles, 24 de mayo de 2017

imita García Linera a los regímenes de derecha que por ganar votos pretendieron impulsar la mesa de muerte y/o la cadena perpetua, ahora el Vice masista hace exactamente igual y quiere "simpatir con los violentos" aún a sabiendas que ambas medidas no son racionales en el tiempo moderno. por otro lado la llamada "justicia comunitria" sigue siendo una quimera mal entendida.


Prisión perpetua

La propuesta del Vicepresidente no puede ser aceptada por quienes nos adherimos, sin ningún viso de oportunismo, a la defensa de los derechos humanos.

A contramano de los avances civilizatorios en defensa de los derechos humanos, pero de manera funcional a la búsqueda de apoyo ciudadano para, entre otros objetivos, prolongarse en el ejercicio del poder, el Vicepresidente del Estado ha instruido la elaboración de un proyecto de ley para reformar el parágrafo II del artículo 118 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que la “máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto”, para agregar la pena de prisión perpetua a quienes violen a niños y estos pierdan la vida.

Además de ser una propuesta que obligaría al Estado boliviano a denunciar algunos tratados internacionales por los cuales el país se comprometió a no endurecer las sanciones previstas al suscribirlos, violenta toda concepción moderna de derecho penal y sólo responde a la constatación de que, ante la ineficiencia de las instituciones estatales, fundamentalmente la Policía y la administración de justicia, han reaparecido peligrosamente sentimientos atávicos de aplicar la justicia por mano propia.

Así lo demuestran los salvajes linchamientos sucedidos en los últimos meses, en los que la tortura y asesinato del presunto delincuente han sido convertidos en una especie de espectáculo público, incluyendo, además de gente adulta de ambos sexos, a niños.

Además, hay una generalizada, pero no por ello equivocada, percepción de que el rigor de las penas permitiría disminuir la comisión de delitos. Empero, la realidad muestra que no es así. En los últimos años se han reformado una serie de leyes penales endureciendo las sanciones sin que ello haya disminuido los índices de violencia. El ejemplo más estremecedor es el de la violencia doméstica, campo en el que el aumento de la comisión del delito y la reincidencia es permanente sin que el Estado pueda hacer cumplir la norma.
En ese escenario se esperaría que el papel de los estadistas, además de cumplir y hacer cumplir la CPE y las leyes, sea el de orientar a la gente hacia el sendero del desarrollo humano, uno de cuyos componentes fundamentales es la pacífica convivencia, el respeto pleno a los derechos humanos y entidades estatales que los garanticen, y no aprovechar sentimientos atávicos que, al contrario, los violentan, desestructurando lazos vitales de la sociedad.

Además, se debe recordar que esta política insana de endurecer penas responde a corrientes autoritarias, negadoras del libre arbitrio. No ha habido dictadura que no desee implantar la prisión perpetua o la pena de muerte, y en 2002, los candidatos de la entonces Acción Democrática Nacionalista (ADN) incluyeron esta última en su plan de gobierno creyendo que de esa manera obtendrían más votos.

Es sobre lo señalado que la propuesta del Vicepresidente del Estado no puede ser aceptada por quienes nos adherimos, sin ningún viso de oportunismo, a la defensa de los derechos humanos, cimiento fundamental para la construcción de una sociedad solidaria, democrática e inclusiva, para lo cual habrá que impulsar debates que ayuden a persuadir al segundo mandatario de hacerlo.


domingo, 21 de mayo de 2017

José Luis Baptista jurista reconocido en el foro nacional, sale por los fueros de la Justicia y hace ver los excesos en la masiva destitución de jueces a cargo del "Consejo de la Magistratura" autorizada para promover, la revocatoria del mandato con atribuciones, aunque proclama J.Luis que no puede haber enjuiciamiento legítimo sin derecho a revisión, establecido en el art. 180 de la CPE.


Destitución de jueces sin apelación

El buen funcionamiento de la justicia depende de los seres humanos y no de las leyes. Quienes recibieron el extraordinario poder de juzgar a sus semejantes deben ejercitar esa facultad con suma prudencia, ciencia, paciencia, conciencia y diligencia, pues,  por su condición de seres humanos,  corren riesgo de falibilidad.

La opinión predominante según la cual la administración de justicia está totalmente sometida al poder político y es corrupta, resulta  plenamente válida respecto a algunos de sus representantes ante el innegable avasallamiento a la cúpula del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.

Tal apreciación es sumamente injusta con referencia a  jueces de áreas en las que los gobernantes no encuentran interferencia, porque se olvida frecuentemente que sobreviven muchos jueces canonizables.

Con carácter de simples reacciones de encono ante motivado rechazo de pretensiones no justificadas, son perceptibles denuncias que contra jueces y magistrados hacen algunos litigantes ante el órgano encargado del control disciplinario de los funcionarios judiciales. 

Hace poco, autoridades del Consejo de la Magistratura destituyeron de sus funciones a aproximadamente ochenta jueces de los distintos Distritos Judiciales, actuando así en ejercicio de las atribuciones de orden correctivo que les otorga la ley respectiva en relación a la labor de quienes tienen potestad para administrar justicia.

En la fase inicial de la República estuvo normado que los jueces se desempeñen  en sus cargos con carácter vitalicio, en mérito a la declaración que señaló que “durarán los magistrados y jueces tanto cuanto duraren sus buenos servicios”. En 1826 la Constitución Política del Estado declaró que los magistrados y jueces son responsables personalmente, y la de 1843 señaló que los funcionarios judiciales “no pueden ser depuestos sino por causa sentenciada conforme a las leyes”.

A fines del siglo XX la CPE creó una entidad denominada “Consejo de la Judicatura” con poder disciplinario sobre vocales, jueces y funcionarios judiciales. Tal atribución implicaba facultad de denuncia ante el Ministerio Público para fines de proceso penal y consiguiente deposición por condena debido a comisión comprobada de actos delictivos, manteniendo el criterio de despidos solamente en virtud de sentencia ejecutoriada en mérito al principio de presunción de inocencia.

No puede haber enjuiciamiento legítimo sin derecho a revisión. Desde épocas remotas se reconoció a los procesados la facultad de acudir a otro juez o tribunal para solicitar revisión de sentencias apreciadas como agravio. Ese precepto se encuentra establecido en la actual CPE en el numeral II del artículo 180 que dice: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”, que coincide con lo expuesto en el Código de Procedimiento Penal.

Contrariando esa regla, dicha Constitución sustituyó al anterior órgano disciplinario por otro denominado “Consejo de la Magistratura”, al que otorgó autoridad para  promover, sin derecho a apelación, la revocatoria de mandato de magistrados del Poder Judicial y disponer la cesación de  funciones correspondientes a los cargos de vocales, jueces y personal auxiliar y administrativo cuando en el ejercicio de sus funciones cometan faltas gravísimas.
 El autor es abogado.


miércoles, 17 de mayo de 2017

el verbo está de moda. es el proceso terminal del latrocinio que se repitió en Argentina y Uruguay y que afecta hoy a Venezuela, descripción acertada de Karen cuando se refiere a ese "momento culmen" del asalto al poder, en medio de la violencia, la sangre y la muerte y que no les deja otra escapatoria "el eschats" el descubierto ostentando bienes y lujos, pero sin abandonar el poder, las armas, sus instrumentos de represión como son el hambre y la falta de todo incluyendo medicamentos para sobrevivir.


LA HORA DEL ESCRACHE

El término "escrachar" antes usado y conocido casi exclusivamente en Uruguay y Argentina, se ha puesto a disposición de todos los latinoamericanos, sobre todo en aquellos  países donde la corrupción, la coartada libertad de expresión y actitudes totalitarias  que usan ciertos gobiernos para amedrentar  tales como la judicialización de todo tipo de iniciativa de oposición a determinadas políticas gubernamentales, ha generalizado el término y activado su utilización.

La necesidad de una censura social hacia ciertos individuos  - cuyo poder emana de la política- hace que la impotencia cobre impulso y encuentre salida en manifestaciones populares  de repudio no -ortodoxas. La moral y los principios éticos parecieran haber pasado de moda. Antes, los pillos hacían de todo para permanecer en el anonimato y se abstenían de hacer ostentación de sus riquezas recientemente adquiridas.  Pero juntamente a la era de la desfachatez, ha llegado la era de la necesaria confrontación pública y escandalosa.

Desde hace un par de semanas, las víctimas de "escrache" en diversos lugares públicos o en la puerta de sus casas para que todo el vecindario se entere, ha llegado para catarsis de miles de venezolanos que evidencian a estas horas, que la corrupción y el latrocinio del chavismo en manos de Maduro  -el abominable sucesor de Chávez-, está haciendo alarde de los fondos saqueados al pueblo venezolano por casi dos décadas, en importantes ciudades llenas de lujo y glamur. Sea Madrid, Miami o París, siniestros personajes se pavonean luciendo lujos recién adquiridos mientras en la tierra de Bolívar, están matando por decenas a jóvenes que gritan basta al descalabro mientras otras decenas de enfermos y niños, también están muriendo pero por criminal falta de medicamentos.

Venezuela ha tardado mucho en reaccionar, cuando la situación casi ha llegado al borde de una guerra civil. Es comprensible considerando que para ser uno de los países más ricos del mundo, era inconcebible que llegara donde está. Los venezolanos no tenían en su memoria, situaciones ni siquiera aproximadas. Pensar que estarían escarbando la basura de los protegidos del régimen, tratando de encontrar algún residuo que saciara su hambre, es de verdad un cuadro que no cabía en el imaginario colectivo. es más fácil ser pobre y acostumbrarse a la riqueza que al revés.

Miles son los ciudadanos que en una especie de diáspora del Siglo XXI, se han visto obligados a migrar, la mayoría de ellos a países vecinos como Colombia o Brasil, escapando de lo que no pueden asimilar. Todo el discurso socialista revolucionario, sólo ha traído tragedia, pobreza y desesperación. Encima, para los venezolanos agraciados geográficamente en el paraíso conocido como Caribe, siempre han hecho gala de liviandad de ánimo, de risas despreocupadas y alegría de vivir, ayudados además por  el clima tropical, la cercanía del mar y la vegetación lujuriante, era pues inimaginable una pesadilla de estas dimensiones.

El petróleo ha brotado por doquier en Venezuela.  Muchos países han sobrevivido con esa riqueza. Y los dólares han caído por siempre como una catarata imparable de recursos para su bienestar. Dubái es en estos momentos, la expresión más precisa de lo que hace la ingente riqueza bien administrada. Porque la plata llama a la plata.

Es claro que son muchas las enseñanzas que está dejando el drama venezolano. Nadie  se debe recostar en una fuente exclusiva de ingresos y menos dormirse en los laureles. Por supuesto que la capacidad destructiva de toda la actividad industrial estatal más los emprendimientos  privados que al final son los generadores de riqueza que ha liquidado la mal llamada revolución bolivariana,  debe ser un caso único en el mundo.  Pero hay que detenerse a pensar que experimentar en un país con ingresos mucho menores -como es el caso de Bolivia- , la urgencia de activar alertas se hace indispensable.

En nombre de un socialismo trasnochado y caduco, aceptar que el estado sea el administrador de vidas y haciendas privadas, es lo más cercano a un suicidio colectivo. Todo eso, sumado a una perversidad enfocada en la aniquilación de emprendimientos basados en el riesgo de inversión y esforzado trabajo, es lo que puede con facilidad, transformar una sociedad estable y que debería igualar a todos hacia arriba, en una verdadera catástrofe.

Los grupos interesados pueden a la larga convertirse en los verdaderos enemigos de un gobierno al momento de pretender hacer un alto para no terminar de desbarrancar. Los intereses de estos grupos, adictos a las mieles del poder,  es probable que terminen por tomar de rehén, en este caso al caudillo, pues está en juego su supervivencia. El miedo a perder la impunidad y enfrentar a la ineludible interpelación de la sociedad, hace que no se le permita dar un solo paso atrás. Y esta parece ser la situación actual de Nicolás Maduro. Por muy listo que esté su equipaje para irse, por ejemplo, de asilado a Panamá, hay cientos de interesados en dejarle saber que solo, jamás. Deberá ir con ellos hasta el final.

Karen Arauz

 

martes, 16 de mayo de 2017

antes de ceder piedra libre a Iván y su sapiencia, un previus con las declaraciones de la Embajadora de Venezuela, entrevistada a sus anchas y mangas por el inefable Iturri. "que los opositores son apenas el 2%" insiste una y otra vez. "pero son agresivos y bien articulados", el entrevistador no es capaz de mencionar muertos, heridos, detenidos, exiliados, que ese "2x100" es imaginario y que la sangre es la sangre más aún si se trata de jóvenes y mujeres asesinados vilmente, para Iturri,, no tiene ningún valor, qué clase de "comunicador tenemos a sueldo"?


Venezuela: Hacia allá vamos…


Iván Arias Durán


Alberto Barrera (Caracas, 1960) escribió Patria o muerte (2014), un libro que reúne historias con un lazo común: la destrucción de una sociedad. Luis Condori (La República, 2015) le hizo una entrevista en profundidad, en la que el autor venezolano habla sobre el Socialismo del Siglo XXI y señala que el mismo “es una ficción petrolera. Hugo Chávez, como gobernante, no hubiera podido existir en Guatemala o en Paraguay. Su retórica de izquierda setentosa, su política populista, sólo puede funcionar si el barril está a más de 100 dólares. La autoproclamada “revolución bolivariana”, el Socialismo del siglo XXI, ya fracasó. Sólo fue otro lujo de un Estado petrolero”.

Barrera es claro al señalar que “Chávez tiene una enorme responsabilidad en lo que ocurre ahora en Venezuela. Chávez apareció y resucitó dos tradiciones terribles de nuestra historia: el militarismo y el sueño petrolero. A eso habría que agregarle su propia personalidad, su mesianismo.

Actualmente, más de 45 días de continuas manifestaciones populares y el régimen chavista, encabezado por Maduro, ha optado por la represión y la descabellada idea de convocar a una Asamblea Constituyente como fórmula para, dicen, salir de la crisis. Esto no lo apoya el pueblo, pero, cual caballo cochero, Maduro y sus acólitos están empecinados en instalar una asamblea constituyente con representantes sociales, políticos y empresariales que ellos elegirán. La idea es cerrar el actual Parlamento de mayoría opositora y que, mientras duren las sesiones de la constituyente, no se puede convocar a elecciones ni se puede cambiar Gobierno. Como se verá, el objetivo es quedarse en el poder a como dé lugar por dos o cinco años que duren las sesiones de la Asamblea Constituyente.

Cuando se conformó el Foro de Sao Paulo (1990), el objetivo de los entonces marginales izquierdistas latinoamericanos fue prepararse para tomar el poder vía elecciones. Fidel Castro les advirtió y empujó: “Los revolucionarios sólo vamos a elecciones si vamos a ganar y, en América Latina se abre un ciclo donde podemos acceder al poder mediante el voto y debemos prepararnos, y aprovecharlos”.

Por ello, los bolivianos debemos estar conscientes que aquí, el régimen seguirá esa ruta y, por ello, ya está barajando las posibilidades para entornillarse en el poder sin someterse al voto popular porque saben que en una justa electoral no llevan las de ganar. Desde el centro de poder cubano, donde está de embajador Juan Ramón Quintana, se están elaborando dos opciones. Una, es la idea del enarbolar la reconquista del “mandato constituyente originario”, bajo el precepto que la Asamblea Constituyente de Sucre, en la que se establecía la reelección indefinida y vitalicia del Presidente y Vicepresidente, es la originaria y no derivada. Es decir, que lo que hizo después de Sucre (2008) en Oruro y La Paz, no “respetaron el mandato originario y los derivaron a acuerdos que distorsionaron el mandato del pueblo”.

La segunda idea que están barajando los estrategas caribeños y andinos se refiere a la necesidad de abrir la actual CPE para modificarla en varios aspectos de forma y fondo. Esta idea la posicionarían en el ideario colectivo después del previsible fracaso de las elecciones judiciales de octubre de este año. El “brillante” planteamiento señalará que la actual CPE reconoce tres tipos de democracia: la representativa, la participativa y la comunitaria. Actualmente la representativa ya está electa en el Parlamento, por lo que no sería necesario elegirlos de nuevo, y simplemente se autoconvocaría, por mandato popular, a constituyentes.

A esta democracia se le debe sumar los representantes de la democracia participativa (expresada en los movimientos sociales que son la base del proceso de cambio) y de la originaria (expresada en la organizaciones campesinas, indígenas, y originarias controladas por el MAS). Los 150 delegados participativos los elegirían los movimientos sociales según sus usos y costumbres al igual que los 100 delegados de los IOC.

De esta manera, en 2019 se instalaría la Asamblea Constituyente con más de 400 miembros para hacer los cambios. Mientras se diseñe el “nuevo país” no se puede ir a ningún proceso electoral y todos los cargos elegidos en 2015 Presidente, Vicepresidente, diputados y senadores, convertidos en constituyentes, gobernadores, concejales y alcaldes se mantendrían en sus cargos durante los dos o cinco años que duren las sesiones de la Asamblea Constituyente.

Alerta Bolivia porque el espejo roto de Venezuela devela la ruta de los socialistas del siglo XXI que no están dispuestos a dejar el poder.

lunes, 15 de mayo de 2017

cuesta un poco entender este último mensaje del gran comunicador Carlos Mesa, se refiere quizá a la recuperación de "la democracia por los años 80 con Siles a la cabeza" aunque no incide en lo que está pasando hoy día. no se entiende este silencio, quizá porque vendrán notas posteriores...por ahora queda la nebulosa y una gris referencia a mejores dias...esperemos qué viene.


Recordando un momento estelar

Igual que entre 1810 y 1830, la región logró como bloque una meta entre 1978 y 1990 que merece ser grabada con letras de molde en la historia colectiva de la sociedad humana. Hoy, más que nunca, es necesario recordarlo para entender que en tiempos de desazón, es imprescindible no perder la perspectiva de las cosas.

Los dramáticos e inciertos días que vive Venezuela, el escándalo Odebrecht, la incertidumbre de la transición ideológica en muchas naciones, el evidente autoritarismo y culto a la personalidad en algunos Gobiernos, el descrédito de los partidos, provocan en la población latinoamericana una comprensible sensación de desencanto, de falta de fe en personas e instituciones que se hace extensiva al sistema. La democracia como forma de vida de nuestras sociedades se pone en duda, casi se asume como un sinónimo de corrupción y uso de la política en beneficio directo de los políticos. Es que América Latina tiene ya una generación entera de jóvenes menores de 35 años que han nacido en democracia y han vivido siempre en democracia. La democracia es un hecho dado, es la única forma política que conocen… no tienen parámetros de comparación, lo que le da sentido a la profundidad de sus críticas y fuerza a su escepticismo.

Recordemos que nuestra región ha hecho, como no podía ser de otra manera, que la guerra de independencia que nos liberó del imperio español sea considerada como una gesta que transformó nuestra historia. Hechos, personajes, momentos de ese proceso de principios del siglo XIX, son hoy hitos inexcusables de la historia, próceres que sirven de modelo de comportamiento y símbolos que vemos erigidos en calles y plazas desde México hasta Argentina.
La reconquista o conquista a secas de la democracia en nuestra América se produjo, salvo contadas excepciones, al finalizar los años 70 del siglo pasado y duró algo más de una década. En ese periodo logramos la hazaña real, que en otras regiones se bautizó como primavera democrática, de que prácticamente la totalidad de la veintena de países que llevan el denominativo de latinoamericanos, comenzara a vivir en democracia. Más de 30 años después, ese modelo político sigue vigente y, más que eso, cuando ha enfrentado crisis dramáticas (Bolivia la vivió con mucho rigor) en todos los casos esas crisis fueron resueltas siguiendo los mecanismos democráticos establecidos por nuestras respectivas normas, sea por nuestros propios medios o con la mediación de países de la región u organismos multilaterales.

Esa tarea que en algunos casos terminó no sólo con secantes dictaduras militares sino con acciones brutales como el proceso argentino, o guerras que desangraron a países como Guatemala y El Salvador, fueron producto de una decisión clara y de acciones heroicas. La lucha por la libertad, por la paz, por el Estado de derecho, por la recuperación de la soberanía popular y la posibilidad de decir libremente lo que pensábamos, fue larga y muchas veces sangrienta. La base popular, los líderes políticos y sindicales, pero sobre todo los jóvenes, se jugaron por ese ideal.

No sé si es posible comparar esta etapa con la independencia, pero sí sé que hoy esos acontecimientos que se produjeron a lo largo y ancho de América, están infravalorados, no tienen el lugar estelar que les corresponde en nuestra historia. El fragor de la lucha ideológica, la mezquindad y la participación todavía activa de muchos de sus protagonistas, no contribuye a lo que debiera ser un imperativo, colocar ese momento como uno de los mayores éxitos de América latina en su historia, sin remilgos, sin mala conciencia, con generosidad.

Los jóvenes de hoy que viven en democracia y en libertad, con todos los problemas ya mencionados y que, obviamente, exigen no sólo correcciones sin acciones concretas para cambiar el rumbo equivocado de élites de poder que han usufructuado abusivamente de ciertos privilegios otorgados irónicamente por el voto popular, deben conocer los hechos, valorarlos, saber que la libertad se ganó frente a dictaduras secantes, la palabra se recuperó luchando, los derechos se asentaron en la aplicación de constituciones que habían sido secuestradas por los poderosos de entonces, la mayoría respaldados por las bayonetas y los uniformes.

Es tiempo de que en la educación cívica, la de ciencias sociales, se incorpore esa conquista como un referente tan importante como aquellos otros acontecimientos que marcan un antes y un después, pero no sólo con relación a Bolivia, sino como parte de un todo. Que seamos conscientes de que el país no se mueve aislado y descolgado de la nada, sino que, igual que a lo largo de todo nuestro pasado, los hechos que nos tocó vivir estuvieron siempre relacionados con las sociedades de otras culturas, de otras naciones que forman parte de un todo al que hemos bautizado como América Latina.

México, Costa Rica, Colombia y Venezuela (hoy asediada por el autoritarismo) son los cuatro países que, con diferentes características, experimentaron procesos democráticos de larga duración anteriores a 1979. Cuba vivió desde su revolución de 1959 un desarrollo político que fue por una ruta totalmente distinta al de la democracia política de raíz liberal. Los otros 15 países, en cambio, tuvimos que esperar hasta 1979 cuando Ecuador inició la saga irreversible de retorno a la democracia después de la dictadura, que culminaron en 1990 Panamá y Chile. Fue un periodo preñado de esperanza, de héroes colectivos y figuras políticas de talla que merecen un reconocimiento que no hemos hecho en la adecuada dimensión.

Igual que entre 1810 y 1830, la región logró como bloque una meta entre 1978 y 1990 que merece ser grabada con letras de molde en la historia colectiva de la sociedad humana. Hoy, más que nunca, es necesario recordarlo para entender que en tiempos de desazón, es imprescindible no perder la perspectiva de las cosas.
El autor fue presidente de la República
Twitter: @carlosdmesag 

domingo, 14 de mayo de 2017

qué hay del pedido a Francisco de un niño que tiene en la cárcel a su padre sin acusación ni sentencia? recuerda El Deber cuando menciona que Evo le pide al mismo Francisco por la libertad de 9 bolivianos detenidos en una cárcel por contrabando y otros delitos cometidos dentro del territorio de Chile. Valiente El Deber que se atreve a reclamar justicia por 15 mil detenidos sin sentencia judicial en las prisiones por ausencia de Justicia, justamente.


Privados de libertad

EL DEBER |                       

En medio de la escalada de tensiones con Chile, el presidente Evo Morales ha enviado una carta al papa Francisco solicitándole que interceda para que los nueve ciudadanos bolivianos detenidos preventivamente en el vecino país, tras un confuso incidente fronterizo, recuperen su libertad de la que están privados desde el 22 de marzo.

Morales también ha pedido que un delegado de la Santa Sede verifique las condiciones en que nuestros compatriotas guardan detención en el penal de Alto Hospicio, en la ciudad de Iquique, para que sus derechos sean reconocidos. La solicitud elevada al pontífice es una de las diversas acciones emprendidas por el Gobierno para obtener la liberación de los funcionarios en cuestión. A la vez, un equipo jurídico les presta asistencia y el propio ministro de Justicia, Héctor Arce, afina la estrategia legal para la audiencia fijada para el 25 de mayo. Arce dijo que el caso quedará grabado en la “infamia de la injusticia”.

Cabe recordar que durante su visita a Bolivia en 2015, el papa recibió una conmovedora carta escrita por un niño que le pedía que hiciera regresar al lado suyo a su padre, preso en la cárcel de Palmasola desde hace más de un lustro, acusado por un supuesto caso de terrorismo.

Desde entonces, el chico sigue esperando por un milagro que haga posible la vuelta a casa de su progenitor porque la justicia en Bolivia no funciona, peor aún, en su nombre se cometen graves arbitrariedades contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el privarlos de libertad. Es una contradicción grosera que esto ocurra en un Estado de Derecho como el que es proclamado en Bolivia, donde, de ser así, ni una sola persona, cualquiera sea la falta que se le impute, puede ni debe sentir violentados sus derechos básicos.

Por consiguiente, nos solidarizamos plenamente con los nueve bolivianos encarcelados en Chile y ojalá que pronto sean liberados y puedan regresar junto a los suyos. El mismo sentimiento solidario despierta la suerte de más de 15.000 ciudadanos presos sin sentencia que, con sus más elementales derechos vulnerados, soportan un duro calvario en condiciones infrahumanas en las hacinadas cárceles bolivianas, convertidas en bombas de tiempo.

Ya no es posible seguir ignorando este drama que lacera el alma humana. Quienes tienen la sartén por el mango deben disponer las medidas que conduzcan a la prevalencia de la justicia, eliminando, de todos los casos, la “infamia de la injusticia”, al decir del ministro Arce. Será una forma de lograr la ansiada pacificación de los espíritus.