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lunes, 20 de febrero de 2017

Agustín Echalar demanda sobriedad ante el desastre de casas enterradas con el derrumbe de los cerros. no culpar directamente al Alcalde, aún cuando Laja concedió permisos para construir en sitios inestables...llama Agustín Echalar a la solidaridad de los paceños y ser prudentes con la construcción de casas.

El desastre de Auquisamaña inspira, en primera instancia, una gran compasión hacia las víctimas. Perderlo todo de un momento a otro y no sólo los bienes materiales de valor, sino los recuerdos, las cartas, tal vez las fotografías, es algo que conmueve a cualquiera. Lo bueno es que no se ha tenido que lamentar la pérdida de ninguna vida.
 
 Es obvio que ayudar a las víctimas es algo que debe nacer en el corazón de todos los paceños, precisamente porque lo que ha sucedido es algo inherente a  esta ciudad construida en un valle de greda y ríos subterráneos. Sin embargo, también este terrible evento tiene que servirnos de lección y eso sólo será si se entiende la situación en su justa dimensión.
 
 Como sucede en estos tiempos de rudeza política, hay quienes están queriendo sacar rédito político de esta desgracia. Específicamente sectores del partido de gobierno, que apuntan a culpabilizar al alcalde Revilla. Éste, a su vez,  ha hecho declaraciones bastante claras: dijo que  sobrevolaron el espacio con un dron y que en las alturas no hay ni un camino, ni movimiento de tierras alguno. Dijo que más abajo esa situación sí existe y que se trata de una urbanización ilegal, que eventualmente tiene permisos de Palca.
 
Desde mi ventana puedo tener una perspectiva completa del cerro de Auquisamaña y, sin necesidad de un dron,  puedo decir que lo que dijo el alcalde Revilla es verdad: ahí arriba no hay nada.
 
El problema es que algo que nuestros antepasados sabían de memoria, información que les era transmitida posiblemente por la comadrona,  en algún momento se perdió. Los cerros de greda son inestables, se derrumban constantemente. Hay  puntos donde esto sucede con más frecuencia y otros donde pasa con menos frecuencia, pero un paceño de pura cepa sabía  (y sabe)  que no debía afincarse junto a una mole de greda. 
 
 Aparte de este capital social de haber nacido en un valle inestable, está también el sentido común. Hasta tenemos enseñanzas bíblicas, aunque la metáfora de las casas se refería a la construcción de la fe. Jesús, para explicar este fenómeno, utilizó el ejemplo de quien construyó sobre la arena, quien construyó junto al mar y quien construyó sobre la roca: los dos primero perdieron sus casas, sólo la casa construida sobre roca permaneció.
 
Es indudable que hay una responsabilidad edil en el hecho de haber aceptado una urbanización al pie de esa mole de greda, pero los ciudadanos no pueden aducir desconocimiento de hechos elementales. Es peligrosísimo construir junto a un cerro de material tan inestable,  porque éste, tarde o temprano, podría venirse abajo. Los pobres en La Paz, necesitados con cara de herejes, han contravenido normas y construido en las laderas más arriesgadas. El caso que nos toca tiene una característica diferente, porque es un barrio de clase media, es más, hay casas que valen por sobre el cuarto de millón de dólares (eso sí, siempre y cuando estén a sensata distancia de esos montones de greda bellamente erosionada por el agua desde siempre).
 
La lección es durísima, sobre todo para los afectados, pero debe serlo para todos los paceños: no se debe subestimar los peligros de la naturaleza. La Paz no es una ciudad maravillosa; es una ciudad difícil, muy difícil, empezando por su topografía.

Agustín Echalar Ascarrunz es operador de turismo.

viernes, 17 de febrero de 2017

cosa de brujas. cómo puede alguno traficar tanta cantidad de armas largas y cortas por 4 aduanas y llegar a Bolivia..."tranquilamente" es inconcebible. alguién tendrá que responder. quién las embarcó, a quién estaban dirigidas, cuál su procedenci? las FFAA tienen la plalabra.


Incautan un cargamento de armas de uso militar proveniente de EEUU

Hay fusiles, carabinas y metralletas de largo alcance

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó este viernes que efectivos policiales incautaron un cargamento de armamento de uso militar, proveniente de Miami, Estados Unidos, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Romero dijo que sorprendentemente las armas pasaron controles de cuatro países, EEUU, Puerto Rico, Perú y Chile e ingresaron a Bolivia por Tambo Quemado, desde donde se hizo un seguimiento hasta lograr detener a los presuntos traficantes en Santa Cruz.

"De manera preliminar se puede establecer que se trata de 34 armas largas y 41 armas cortas (...) Hay personas arrestadas que se va definir su situación jurídica (en las siguientes horas)", señaló Romero.

Entre las armas incautadas figuran fusiles, metralletas, carabinas de largo alcance e incluso algunas con mira telescópica.

La autoridad mencionó que las armas estaban hábilmente camufladas con cartones, plastoformo y papel estañado. 

"Se trata de un cargamento muy importante de armas, de hecho estamos frente a delitos de organización criminal, tráfico de armas, todavía tenemos que establecer cuáles son los propósitos y los fines por los que se ha internado a territorio boliviano", manifestó.

Sin embargo, se presume que las armas estaban destinadas a fines ilícitos.
Romero indicó que se solicitará información, a través de la Cancillería, a las autoridades de EEUU con el fin de identificar a los remitentes de este cargamento.

Por su parte, la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, indicó que, además del armamento, se encontró artefactos de contrabando valuados en 321.000 bolivianos, que serán investigados por las autoridades correspondientes.

Las armas ahora serán entregadas a las Fuerzas Armadas (FFAA) y esa instancia definirá si corresponde su destrucción o no.
autor : ANF

martes, 14 de febrero de 2017

Olmos sobre la RE3 (re-re-reelección) cuando una oposición tonificada resurge después del 21F con vientos históricos a su favor. las vacas gordan pasaron y los cuadros políticos se rearman, será el marte 21F un punto de partida en busca de apuntalar la re3 y de fortalecer el NO

Las cartas para una contienda política decisiva están echadas: el presidente Evo Morales no está dispuesto a obedecer el mandato del 21 de febrero y en el aniversario de esa fecha puede comenzar un camino sin retorno. Todos los indicios hasta ahora disponibles señalan que cualquiera que sea la modalidad que el gobierno escoja, la ciudadanía que hace un año detuvo su empeño por una re3 (re-re-reelección), reafirmará su decisión y esta vez más convencida de la corrección de su voto.
 
Son grandes los obstáculos que el presidente y su partido tendrán que sortear. A diferencia de hace un año, la oposición se ha visto tonificada con la victoria sobre la re3. Su ánimo es mayor porque cree que los vientos históricos ahora soplan a su favor. Antes de perder el referéndum, Evo Morales lucía como un coloso. Ahora se lo ve con su caudal popular disminuido y envuelto en una tendencia que luce irreversible al haber acabado la temporada de las vacas gordas que un tiempo le permitió gastar a manos llenas y cubrir demandas de sus partidarios. También animadas por la victoria del No, las fuerzas opositoras aceleran su reorganización y se preparan para la gran batalla contra la re3. 
 
Conducido por su líder fundador Jaime Paz, el MIR está cerca de recuperar la personería jurídica que perdió hace algunos años y con la identidad complementaria de Comunidad Política Ciudadana se dispone a reunir más de 100.000 firmas requeridas por la legislación electoral para su rehabilitación como organización política. Lograr ese número de firmas en un período relativamente breve puede colocar a ese partido dentro de la vanguardia anti re3.

Sectores que participaron de manera activa en la conformación del bloque cívico opuesto a la re3 están en el mismo empeño movilizador que exhibe un dinamismo curioso: gana ímpetu al hacerse más ostensible el esfuerzo del gobierno al colocar la re3 como su primera prioridad. Es una retroalimentación continua. Por otro lado, también aumenta el esfuerzo del gobierno para asegurarse que su empeño no será en vano.

En este marco el martes 21 de febrero luce como un punto de partida fundamental en el calendario político boliviano. Si es lo que los primeros escarceos propagandísticos señalan, plazas y lugares públicos de gran parte del país serán escenario de concentraciones a favor y contra de la re3. En busca de apuntalar la re3 y desacreditar la derrota del año pasado trabajan en una sola estrategia todas las reparticiones del Estado en un despliegue pocas veces visto en el país.
El gobierno atribuye la derrota de hace un año “al cartel de la mentira” (para muchos otros “la mentira del cartel”) y que un puñado de medios (Página Siete, El Deber y Agencia de Noticias Fides) maquinó su ruina electoral. Resulta interesante notar los parecidos de los juicios sobre la prensa bajo el gobierno actual de Estados Unidos y el de Bolivia. Ambos atribuyen sus dificultades mayores a medios informativos.

Hace algunas semanas circuló una película financiada por el gobierno a través de un productor argentino que endosa esa tesis. Para formarse un juicio equilibrado, sugiero ver la respuesta de Carlos Valverde que circula en la red desde hace pocos días. La respuesta de Valverde, refugiado en Argentina desde el año pasado, subraya que el caso sigue abierto y que el punto mayor -tráfico de influencias- continúa descubierto con todas sus implicaciones. La crónica reabre las interrogantes que han rondado la cabeza de un gran número de bolivianos sobre la forma de gobernar y sobre la utilización de recursos públicos para una causa política y el comportamiento de los gobernantes actuales.

El escenario para la contienda anti y pro re3 está nublado en casi todos los frentes. En la economía, no hay signos de mejoría del sector petrolero, ahora con un tercio de los ingresos que tuvo hace tres años, y la minería está lejos de la exuberancia de un pasado no tan distante. Las señales de malos tiempos tuvieron estos días nuevas expresiones: el aumento lineal de impuestos para las importaciones de la línea blanca (refrigeradores, lavadoras, hornos de micro-ondas) aleja para muchos la posibilidad de adquirir esos productos, y el sector bancario, uno de los que mejor relación ha tenido con el gobierno, está disconforme, a causa de un impuesto que grava sus robustas utilidades. Está claro que la quimera de la abundancia se disipó.
http://haroldolmos.wordpress.com

lunes, 13 de febrero de 2017

una "dictadura de jueces y fiscales" gobiernan, están sujetos a órdenes del Ejecutivo, son los verdugos de las causas que entremezclan a personajes del Gobierno, sus conmilitones, sus secuaces. es triste y lastimero. Raúl Peñaranda


Dictadura de jueces y fiscales

La presunción de inocencia no existe en el país. En vez de que se cumpla el principio de que todas las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, un nefasto grupo de autoridades, fiscales y jueces ha hecho que esté vigente la situación contraria: si un ciudadano tiene la mala suerte de estar inmerso en un caso judicial de repercusión mediática, muy probablemente vaya preso. Si su situación tiene que ver con algún interés gubernamental, con mayor razón: en muchos de los casos, los sindicados no podrán defenderse en libertad e ingresarán a ese tenebroso sistema judicial que han construido en los últimos años operadores de justicia y funcionarios públicos.

La justicia en Bolivia nunca fue buena. Pero hoy ha pasado todos los límites de negligencia, deshumanización y perversidad. Y mientras siga el MAS en el poder, será muy difícil luchar contra sus falencias. 

Y el abuso es más claro aún cuando se trata de usar la justicia para castigar a ciudadanos con el fin de exculpar a las máximas autoridades. Un chofer de Gestión Social sigue preso, acusado de haber ¡transportado a Gabriela Zapata, la exnovia del presidente! Todo el entorno de Zapata fue detenido también, incluido su abogado, y parece que fuera mentira, de ‘tráfico de menores’, cuando lo que hicieron fue cambiarle la identidad a un niño para hacer creer que era hijo de Morales. Nuevamente, en un país en el que jueces y fiscales son independientes, esas personas podrían defenderse en libertad. Pero aquí acatan, no órdenes, sino carajazos del poder. Sigamos: después de que un grupo de adherentes masistas saqueó e incendió la Alcaldía de El Alto, los acusados por la Policía y los fiscales fueron… los funcionarios ediles que estaban dentro del recinto, intentando escapar del fuego y del humo. ¿Puede haber algo más insensato? 

Para no mencionar el caso hotel Las Américas (Santa Cruz)  o El Porvenir (Pando) o el de Samuel Doria Medina.


Lo que pasa es que el Gobierno usa a la justicia para afectar a los adversarios del oficialismo. Pero luego los operadores se ensañan contra todos los demás. Los mencionados en esta columna son, por lo menos, casos mediáticos, de alta resonancia pública. Los pobres y anónimos ciudadanos sufren más. El 80% de los presos no tiene sentencia ni puede defenderse en libertad. En los centros penitenciarios deben aceptar las reglas impuestas por otros reos, más poderosos y violentos, que les cobran por una celda, por seguridad y por un plato de sopa. Mal vamos 


domingo, 12 de febrero de 2017

si algo agrada sobre manera de Alfonso Gumucio es la honestidad de su lenguaje directo y al grano. no repara adjetivos para referirse a otra muestra del exceso autoritario de Evo, que no solo compró un avión de lujo o pagó por un satélite chino que nadie ha visto ni sentido, o la construcción de "un palacio que destruye la fisonomía del casco viejo de La Paz, ahora el Museo de Evo, hecho a medida de la megalomía presidencial. mientras Tiahuanaco tiene carencias visibles Orinoca vale "un ojo de la cara", construido sin pedir permiso a nadie con dineros del Tesoro.

De gastos reservados a gato encerrado. Se ufana el régimen de Morales Ayma de haber eliminado los "gastos reservados” que eran supuestamente una forma escondida de corrupción en los gobiernos "neoliberales”, pero, en cambio, parece haber "gato encerrado” en el uso de una caja chica que no tiene fondo, de la que se sirve el Presidente cómo quiere y cuándo quiere.

 Con la inauguración del Museo de Orinoca, el pasado 2 de febrero, culmina una más de esas muestras de exceso autoritario. Hace unos años nos sorprendía la ligereza con que compró el lujoso avión presidencial o el satélite chino, pero luego se fueron añadiendo el Palacio Presidencial (que destruye la fisonomía del casco antiguo de la ciudad) y ahora el Museo de Orinoca, hecho a medida de las ambiciones y de la megalomanía presidencial.

 Rodeado de aquellos que "chupan sus tetillas” (según sus palabras del día anterior) y ataviado de un sombrero con un cintillo que anuncia sus pretensiones presidenciales de 2020 a 2025, Morales inauguró "el museo más grande del país” (y "de Latinoamérica” según el comentarista del canal de televisión gubernamental). 

 Para quienes nos leen fuera de este feudo, el Museo de Orinoca ("patrimonio de la humanidad”, según el canal de televisión del gobierno) está situado en la localidad donde nació Evo Morales.
 
El pueblito no estaba en el mapa hace algunos años, pero ahora tiene una carretera asfaltada que lo vincula al resto del país. Según los datos estadísticos de 2012, de las 243 viviendas de la localidad, solamente 77 cuentan con servicio de agua potable y 12 con alcantarillado. 

 No es un lugar de importancia histórica, allí no tuvo lugar ninguna batalla emblemática, ni fue cuna de una cultura ancestral. Su único mérito es ser la cuna de un dirigente autoritario y soberbio que, paradójicamente, cuando amenaza con dejar la política, habla de irse a su "chaco” en el Chapare y no a Orinoca, muy a pesar de las emotivas lágrimas que derramó el día de la inauguración en su terruño. 

 El enorme museo cuenta con varios bloques, el primero sobre las culturas indígenas de Bolivia, pero el más ostentoso es el dedicado a su majestad presidencial, donde  se exhiben, entre otras cosas, una colección de fotos históricas (falta su foto con Goni Sánchez de Lozada) y los regalos que ha recibido el Presidente en sus 11 años de ejercicio, o mejor sería decir de "ejercicios”, porque incluye una colección de camisetas de fútbol que ha vestido con el número 10 en sus frecuentes viajes internacionales, donde un punto infaltable en la agenda era jugar fútbol, hasta que se lastimó una rodilla, la misma con la que hace unos años golpeó rabiosamente a otro jugador que le quitó la pelota (tampoco está ese video en el museo histórico). 

 Los museos y bibliotecas presidenciales constituyen una práctica común en países como Estados Unidos, pero no le cuestan al Estado y a los contribuyentes, como sucede aquí. Las bibliotecas presidenciales de Estados Unidos se alojan en universidades y son el resultado de donaciones privadas, así como su mantenimiento. No tendrían por qué costarle al Estado, no sería ético. 

 Pero en la era Evo la ética es lo último que importa, ya que el Presidente está seguro de que el país es su feudo y  que en su espacio territorial él puede decidir y hacer lo que le venga en gana, sin pedir permiso a nadie. Mientras que Tiwanaku muestra carencias evidentes por falta de mantenimiento, aquí tenemos un costoso museo que reverencia a una persona como si fuera la culminación de todas las culturas ancestrales. Es bochornoso. 

 Dicen que gestionarán que el museo sea "patrimonio de la humanidad”… O están soñando o es otro ardid publicitario. La Unesco no declararía jamás patrimonio de la humanidad a este museo ni a ningún otro porque no le corresponde hacerlo. Los sitios patrimoniales de la Unesco corresponden a criterios y requisitos que este museo de culto a la personalidad no llena. Sería como declarar patrimonio de la humanidad las estatuas de Kim Il-sung en Corea del Norte. 

 La actitud presidencial de disponer de fondos públicos para ejecutar cualquier capricho personal es proverbial. Habrá que hacer una lista de esas decisiones autoritarias que le han costado al país tanto dinero y, algún día, el presidente Morales tendrá que rendir cuentas a la nación por su manejo arbitrario y personalista de la cosa pública.


Alfonso Gumucio Dagron es comunicador social experto en  comunicación para el desarrollo.

viernes, 10 de febrero de 2017

gozan de impunidad. lo han conseguido por la fuerza de sus bloqueos, de obtener sus pliegos mediante la violencia. los gobierno ayer, hoy, siempre llegan a transar, aceptar sus planteamientos a cambio del apoyo contundente en el conflicto y en la votación. qué terrible para una nación sucumbir ante el cohecho.


Método gansteril para imponer condiciones 

Mauricio Aira

No pocas veces los medios han mostrado ante los ciudadanos los métodos simplemente gansteriles que utiliza el “transporte federado” cuando se trata de imponer sus condiciones para resolver los conflictos que genera el propio gremio. Este mal se acarrea desde cuando se organizaron en grupos de choque, de chantaje y de presión bajo el título de “sindicatos o federaciones”.
Revisada la historia del sindicalismo se tipifica al sector del transporte como un conglomerado amorfo, distorsionado del concepto de “trabajadores en defensa de sus derechos”, y convertido en un gremio pseudo sindical, más bien empresarial o propietario que emplea a terceros para explotar lo que llaman “la herramienta de trabajo o el taxi o el camión” como su medio de vida. Muy por encima del trabajador sea obrero, artesano, asalariado, el transporte es una asociación de empresarios que subsiste, prospera, controla el poder, arrancándole privilegios, granjerías, beneficios al poder en todos los niveles.
Por supuesto no es invento boliviano, puesto que el menú de procedimiento que utiliza está copiado de Chicago, Buenos Aires, San Pablo, emplea “hampones” que son sus afiliados expertos en el cohecho de bloqueos, manipulación, paros, chicotes y otro tipo de violencia contra sus mismos socios, en contra de los ciudadanos y de la misma autoridad obligada a sentarse en una misma mesa con los “extorsionadores” ante los que no tiene recursos (en realidad los tiene si se apela a la Ley y sus instituciones) y termina por ceder, en horas o días, a las exigencias de los sediciosos.
El transporte está ligado al poder, porque obtiene del mismo el apoyo que le es imprescindible para sonsacarle beneficios en forma de leyes, resoluciones, órdenes que se imparten para favorecer al gremio desde la importación de máquinas, su financiamiento, las garantías de contratos de carga o pasajeros para explotar sus servicios. En materia laboral son los que peor pagan a los choferes y administradores, recordando que la mayoría de los accidentes fatales se originan en fallas humanas de choferes que conducen más allá del límite horario establecido por reglamentos que no se cumplen, cuando se producen litigios los transportistas ganan porque la autoridad de tránsito casi siempre está de parte del gremio.
Con la promesa del apoyo político que los Gobiernos consideran imprescindible, los transportistas condicionan “portarse bien” hasta tanto reciban las dádivas oficiales pródigas y generosas subsisten socapándose sus yerros y temerosos de no pisarse la cola. Las figuras de Al Capone o Dillinger se repiten en su dimensión local y sus maniobras gansteriles se suceden en cada “gestión sindical” sin variar en absoluto, cuando se trata de lucrar y conservar su status de privilegio conchabado con el mandamás de turno.
Evade el transporte la sanción que le impone la Ley, escapa del castigo porque goza de impunidad.
Lo que resulta un baldón para el colectivo sujeto sí a cumplir la norma sin excepción.
El autor es periodista.

miércoles, 8 de febrero de 2017

según lo sostenido por nuestro editor M.A., sacar "a las organizaciones sociales" a las calles de parte del MAS no será otra cosa que un acto de virtual provocación. lo mejor sería aceptar que el 21F se pronunció la ciudadanía y en conclusión Evo no puede ser candidato. El Dia lo confirma.

Quedan 14 días hasta el 21 de febrero, cuando se cumplirá el primer año de aquel referéndum, que a juicio de muchos, ha sido el más duro golpe que ha recibido el “proceso de cambio”, cuyos líderes no paran de repetir que se quedarán en el poder de manera indefinida.
 
Agrupaciones de ciudadanos, líderes de opinión, activistas de las redes sociales y también dirigentes políticos opositores, están alentando la movilización de grandes masas humanas en las diferentes capitales del país para ratificar los resultados de la consulta y defender la voluntad de popular que, según los impulsores de la iniciativa, pretenden pasar por alto los líderes del régimen gobernante, para quienes el referéndum debe ser anulado, porque sus resultados fueron distorsionados por lo que ellos llaman un engaño montado por el “cártel de la mentira”.
 
No hay duda que en este contexto, los ánimos tienden a caldearse y la clave está en bajar el tono del discurso, evitar las provocaciones y especialmente asumir una posición democrática, pues la libertad de expresión y de movilización es un derecho de todos los habitantes del territorio. Estas recomendaciones deben ser tomadas en cuenta sobre todo por los miembros del Gobierno, pues en los últimos días, funcionarios de alto nivel, incluidos algunos ministros, han estado promoviendo una suerte de contraofensiva de los que defienden el “NO”, algo que no sólo pretende desmotivar la participación en las manifestaciones, sino activar a los grupos de choque que siempre están dispuestos a aportar lo suyo.
 
Para el oficialismo, salir a las calles (a otra cosa que no sea la provocación), sería un grave error, pues ya sea para proclamar la cantaleta de la mentira, para poner de manifiesto sus diferentes estrategias reeleccionistas o impulsar el prorroguismo del presidente Morales, quedará claro que simplemente están tratando de tachar lo que se votó hace un año y violentar un pronunciamiento del pueblo soberano que se manifestó en el ejercicio pleno de su derecho, en esta modalidad de democracia participativa que ha sido impulsada con tanta vehemencia por el actual sistema.
 
En el peor de los casos, si el objetivo es incitar a la confrontación, el oficialismo no hará más que deteriorar aún más su imagen que está muy venida a menos, tal como lo manifiestan los propios líderes del régimen que no cesan de propalar la necesidad de mejorar la gestión y luchar contra la corrupción. Todo eso, sin mencionar las más recientes encuestas que reflejan rechazo a una nueva respostulación y altos niveles de desconfianza en las autoridades.
 
A las autoridades no les queda más que aceptar, respetar y brindar toda la seguridad necesaria para que la expresión ciudadana no sea coartada el 21 de febrero, puesto que cualquier acto contrario, se constituirá en una nueva mancha que además de empeorar la situación actual del proceso de cambio, tiende a complicar el futuro del oficialismo como primera opción política, algo que también está en riesgo.