Un nuevo informe del Defensor del Pueblo, esta vez el relativo a la muerte de David Olorio Apaza, supuestamente involucrado en el robo de las oficinas de Vías Bolivia, ha vuelto a poner en el primer plano de la atención nacional el tema de los derechos humanos y la frecuencia con que son violados. Y lo más grave: ha puesto en evidencia el desprecio que a las principales autoridades policiales les inspiran los derechos básicos de las personas y, peor aún, las instituciones encargadas de velar por ellos.
Como es fácil recordar, desde que asumió su cargo, el actual Defensor del Pueblo ha tenido que soportar una y otra vez las amenazas, veladas unas, desembozadas otras, de quienes creen que a Bolivia han vuelto los tiempos en los que los derechos humanos pueden ser violados con total impunidad. Lo han amenazado, por ejemplo, con enjuiciarlo por mellar la dignidad de la institución policial.
Tan o más alarmante que eso es la actitud que ante el problema asumen importantes autoridades gubernamentales. Es el caso, por ejemplo, de quienes fueron incluidos en otro informe del Defensor como responsables de los abusos cometidos durante la intervención policial en Caranavi.
Hasta ahora, la actitud del comandante de la Policía Nacional ha sido muy adversa a los informes del Defensor del Pueblo. Pero como de nada han valido los intentos hechos para impedir que cumpla su labor y como los informes presentados están sólidamente respaldados, tendrá que reconsiderar su conducta. Es de esperar que no deje pasar la oportunidad para mostrar con hechos, y no sólo con palabras, su intención de mejorar la pésima imagen que casos como éste dejan de la institución policial.
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