No sólo en Bolivia, sino en varias regiones del mundo aparecen tendencias autoritarias que pareciera que quisieran que el mundo retorne a tiempos en los que el respeto a los derechos humanos era inexistente y predominaba la noción de castigo –no rehabilitación– a quien se creía que había violado las normas vigentes.
De nada valen principios como el debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad de disenso… lo que exigen es control y represión, pues el otro se vuelve cada vez más un enemigo y el poder se va concentrado en el líder y su entorno que se sienten –y los sienten– por encima de las normas.
Y así como asombra que aparezca un pastor estadounidense que quiere quemar el Corán o una marcha de miles de ciudadanos que quieren reponer la idea del destino manifiesto de la nación del norte, en nuestras latitudes hay serios y sostenidos intentos para moldear opiniones, establecer conductas y hábitos, etcétera, a través de normas rígidas y punitivas.
En estos últimos días asistimos a la tramitación –porque debate no hay– de un proyecto de ley contra el racismo que será arma política para eliminar a quienes el régimen considera adversarios o un proyecto de ley del menor que también va por el camino de la represión antes que impulsar la prevención y la educación.
Al ser una corriente dominante, costará mucho revertirla. Pero la esperanza radica en que estos experimentos autoritarios –que en el fondo muestran profunda desconfianza en el ser humano– terminan siendo derrotados por los ideales de libertad.
Así ha avanzado el mundo, aunque el costo humano siempre ha sido grande.
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