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viernes, 3 de julio de 2015

la historia de Fujimori puede repetirse con Evo. en la euforia de su poder cometieron ambos una masacre, asesinato de opuestos unos en la Embajada de Japón, Lima, otros en el Hotel América Santa Cruz. la OEA investigó, juzgó y sentenció al régimen Fujimori, como bien podrá hacerlo con Evo y su Gobierno llegada la hora. El Dia, ofrece un claro paralelismo del caso Rózsa.

Todos recuerdan la toma de la embajada de Japón en Lima del 14 de diciembre de 1996, cuando 14 miembros de la organización terrorista peruana Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) invadieron la residencia, donde había 800 personas participando en una celebración . Fue un acontecimiento mundial que fue vivido por millones de personas en los cinco continentes gracias a la transmisión minuto a minuto que hacían las cadenas de televisión. 125 días de encierro, la liberación a cuenta gotas de la mayoría de los rehenes hasta que quedaron 72 cautivos, entre ellos un boliviano; las negociaciones, las declaraciones de los rebeldes con sus caras cubiertas y fuertemente armados. Toda una novela dramática con mucho suspenso.

Pero mucho más recordado es el operativo montado por el gobierno peruano para la liberación de los rehenes. Un impresionante plan comando que involucró sofisticadas obras de ingeniería, túneles, acciones de inteligencia y estrategias de distracción. Eran los años del Fujimorismo, que había acumulado una larga experiencia en el combate al terrorismo.

El mundo aplaudió a Alberto Fujimori por la impetuosa solución al conflicto y en la memoria de todos quedó grabada la imagen del mandatario vistiendo un chaleco antibalas, paseándose entre los cadáveres de los terroristas, abatidos supuestamente en un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad que sufrieron apenas una baja.

Pese a semejante golpe mediático, Fujimori no pudo librarse de la crisis política en la que había caído producto de la corrupción y la violación de los derechos humanos. Poco tiempo después el jefe de estado tuvo que huir de su país al que retornó en calidad de reo en 2007 para enfrentar un juicio por el que fue sentenciado a 25 años de prisión.

Justamente por buscar el efecto político Fujimori se olvidó de la ley en aquella intervención militar en la embajada japonesa. Más tarde se comprobaría que las fuerzas de seguridad abusaron de su fuerza y realizaron al menos tres ejecuciones extrajudiciales contra los terroristas. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, organismo que se acaba de pronunciar con una sentencia en contra del Estado del Perú, al que ha encontrado culpable de la violación a la vida y a los derechos y garantías judiciales durante el operativo del 22 de abril de 1997.

La Corte resolvió que la sentencia es un forma de reparación y no determinó compensación económica por los hechos del presente caso. También ordenó al Estado de Perú a conducir la investigación y el proceso penal en curso para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos relacionados con la ejecución de los rebeldes, quienes se habían rendido al momento de ser ejecutados por los soldados del gobierno. El proceso ha examinado todos los detalles de la intervención  y ha concluido que “no se adoptaron medidas para preservar y resguardar adecuadamente la escena de los hechos y que el levantamiento de cadáveres, controlado por las autoridades militares y del Servicio de Inteligencia Nacional, no se realizó en forma fiable, técnica o profesional”.

La sentencia de la OEA sobre el caso MRTA, según los expertos, sienta jurisprudencia en el denominado 'Caso Rózsa' y alienta las esperanzas de que los bolivianos podamos conocer la verdad de lo que ocurrió en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009.

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