Todos recuerdan la
toma de la embajada de Japón en Lima del 14 de diciembre de 1996,
cuando 14 miembros de la organización terrorista peruana Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) invadieron la residencia, donde había
800 personas participando en una celebración . Fue un acontecimiento
mundial que fue vivido por millones de personas en los cinco continentes
gracias a la transmisión minuto a minuto que hacían las cadenas de
televisión. 125 días de encierro, la liberación a cuenta gotas de la
mayoría de los rehenes hasta que quedaron 72 cautivos, entre ellos un
boliviano; las negociaciones, las declaraciones de los rebeldes con sus
caras cubiertas y fuertemente armados. Toda una novela dramática con
mucho suspenso.
Pero mucho más recordado es el operativo
montado por el gobierno peruano para la liberación de los rehenes. Un
impresionante plan comando que involucró sofisticadas obras de
ingeniería, túneles, acciones de inteligencia y estrategias de
distracción. Eran los años del Fujimorismo, que había acumulado una
larga experiencia en el combate al terrorismo.
El mundo aplaudió a Alberto Fujimori por
la impetuosa solución al conflicto y en la memoria de todos quedó
grabada la imagen del mandatario vistiendo un chaleco antibalas,
paseándose entre los cadáveres de los terroristas, abatidos
supuestamente en un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad
que sufrieron apenas una baja.
Pese a semejante golpe mediático,
Fujimori no pudo librarse de la crisis política en la que había caído
producto de la corrupción y la violación de los derechos humanos. Poco
tiempo después el jefe de estado tuvo que huir de su país al que retornó
en calidad de reo en 2007 para enfrentar un juicio por el que fue
sentenciado a 25 años de prisión.
Justamente por buscar el efecto político
Fujimori se olvidó de la ley en aquella intervención militar en la
embajada japonesa. Más tarde se comprobaría que las fuerzas de seguridad
abusaron de su fuerza y realizaron al menos tres ejecuciones
extrajudiciales contra los terroristas. El caso llegó a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, organismo que se acaba de
pronunciar con una sentencia en contra del Estado del Perú, al que ha
encontrado culpable de la violación a la vida y a los derechos y
garantías judiciales durante el operativo del 22 de abril de 1997.
La Corte resolvió que la sentencia es un
forma de reparación y no determinó compensación económica por los
hechos del presente caso. También ordenó al Estado de Perú a conducir la
investigación y el proceso penal en curso para identificar, procesar y,
en su caso, sancionar a los responsables de los hechos relacionados con
la ejecución de los rebeldes, quienes se habían rendido al momento de
ser ejecutados por los soldados del gobierno. El proceso ha examinado
todos los detalles de la intervención y ha concluido que “no se
adoptaron medidas para preservar y resguardar adecuadamente la escena de
los hechos y que el levantamiento de cadáveres, controlado por las
autoridades militares y del Servicio de Inteligencia Nacional, no se
realizó en forma fiable, técnica o profesional”.
La sentencia de la OEA sobre
el caso MRTA, según los expertos, sienta jurisprudencia en el
denominado 'Caso Rózsa' y alienta las esperanzas de que los bolivianos
podamos conocer la verdad de lo que ocurrió en el hotel Las Américas el
16 de abril de 2009.
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