Con la visita del papa Francisco a Bolivia, muchos ciudadanos han visto
que esta es una oportunidad para pedir al Gobierno nacional que, en una
demostración de respeto a los derechos humanos y a las libertades
democráticas, dé amnistía en favor de los presos, perseguidos y
exiliados políticos. Se exige no solo la libertad de los detenidos
injustamente, sino también que, en el futuro, se respeten las leyes, se
dignifique la justicia y se depure el Ministerio Público, de manera que
no se repitan juicios con interés político contra inocentes.
En
Bolivia, es sabido, hay presos políticos enjuiciados penalmente. Muchos
están encarcelados desde hace más de cuatro años sin sentencia y algunos
tienen su salud quebrantada. Sin embargo, la larga detención de los
presos políticos no ha despertado la protesta internacional, como es el
caso del líder opositor venezolano Leopoldo López. La prioridad, ahora,
es conseguir en esta oportunidad la libertad de los presos, el retorno
de los exiliados y el cese da las persecuciones. En Bolivia se ha
otorgado amnistía en diversas oportunidades. Se la daba antes de
elecciones. Se pensaba, cada vez que el Gobierno adoptaba esta medida,
que se abría la posibilidad de lograr paz, respeto mutuo y observancia
de la ley, que siempre fue torcida para endilgar delitos a inocentes,
solo culpables por pensar diferente.
Sin embargo, no corresponde
la amnistía, sino el simple desistimiento de los representantes del
Ministerio Público –al fin y al cabo, estos obedecen al poder– de los
juicios penales contra políticos y dirigentes encausados por el
imaginario delito de terrorismo y aun de separatismo. Se debe autorizar
el ingreso al país de los exiliados y ordenar a los organismos de
represión que cesen las persecuciones. Todo esto si hay auténtica
voluntad de humanizar la política.
Lo anterior es diferente a la
amnistía, que es el “perdón de penas decretado por el Estado como medida
excepcional para todos los presos condenados por determinados tipos de
delitos”. Los pedidos de libertad no son para ‘presos condenados’, sino
para encausados injustamente por delitos no cometidos. Tampoco
corresponde el indulto, “que supone el perdón de la pena”. No se perdona
al inocente. Nunca los ciudadanos que están en las cárceles sin haber
cometido delitos debieron ser detenidos, coartando su derecho a la
efectiva defensa en un procedimiento judicial. Es el derecho a la
libertad, que es “uno de los más preciosos dones que a los hombres
dieron los cielos…” (don Quijote a Sancho)
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