Vistas de página en total

miércoles, 31 de agosto de 2016

acertado el título. "paranoia golpista" dirigido a Evo Morales que ve, pretende ver en cada episodio un "golpe de Estado" y trabaja para demostrar lo imposible. lo que hubo ha sido "imprudente manejo de la crisis con los trabajadores mineros cooperativistas" que no ha concluído.

Por enésima vez, el Gobierno del presidente Evo Morales ha planteado que es víctima de una conspiración golpista. La protesta social de los trabajadores cooperativistas mineros está en la mira del Poder Ejecutivo bajo esta hipótesis, tras la brutal muerte del viceministro Rodolfo Illanes. Ningún tipo de violencia tiene justificativo en un Estado de derecho. La saña y la ferocidad con que los cooperativistas ultimaron a Illanes son condenables desde todo punto de vista y sus responsables deben ser sancionados con el mayor rigor de la ley.

De la misma forma, deben ser procesadas aquellas personas involucradas en la muerte de cuatro mineros en el marco del mismo conflicto, que enfrenta a la administración de Morales con el sector minero, uno de sus principales aliados estratégicos desde el inicio mismo de su mandato en 2006.

Aquellos que un día fueron los consentidos del régimen encabezado por Morales, ahora se han volcado a las calles por la decisión del Gobierno de impulsar su sindicalización, la adecuación de las cooperativas a la Ley Minera y la recuperación estatal del control sobre los yacimientos mineros. La protesta de los cooperativistas surge en un contexto de creciente malestar social producto de la incapacidad del Gobierno de satisfacer sobredemandas económicas que el propio Ejecutivo les ha planteado en el marco de un modelo de distribución de los excedentes que hoy sufre por la baja en los precios de las materias primas a escala internacional.

Plantear que detrás de estas protestas está en ciernes un golpe de Estado, parece una exageración sin mayor sustento que oculta las verdaderas razones de las protestas de los sectores internos en el propio oficialismo. En dicho planteamiento, además de no presentar pruebas contundentes del supuesto afán golpista, tampoco aparece una autocrítica de parte del Gobierno, que actuó con clara negligencia durante el conflicto. La firma de un decreto presidencial en medio del estallido minero no hizo más que avivar el incendio.

La muerte de Rodolfo Illanes, como la de los mineros, no es más que la gota que colmó un vaso que ya estaba lleno desde antes. El Gobierno ve fantasmas y conjuras donde hay malestar social. Ve una conspiración donde solo se ven demandas insatisfechas. No es menor esta crisis política que ha estallado por el conflicto minero. Más que atender las teorías conspirativas, el Ejecutivo debe plantear soluciones a una economía que está en problemas y a un modelo que demanda una reforma de fondo para el bien de todos los bolivianos

sábado, 27 de agosto de 2016

El Deber califica este tiempo, como "momentos difíciles" a raíz del asesinato de Illanes, viceministro del Interior por los mineros enardecitos, posiblemente ebrios y enemigos declardos de Evo que no acepta sus exigencias. serno y relfexivo aunque El Deber no menciona la cusación de Evo "la oposición está manipulando a los movimientos sociales", no es cierto acaso que Evo es "el dueno y senor de esos movimientos sociales?" incongruente e irresponsable confesión del jefe cocalero.

El asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, por los cooperativistas mineros, que lo tenían como rehén en el altiplano, ha indignado a todo el país, comenzando por los gobernantes, que han decretado tres días de duelo. El crimen es, como dijo el presidente Evo Morales, “imperdonable”. Se refirió al hecho de que matar a un prisionero es considerado por las leyes internacionales un crimen de lesa humanidad, que no prescribe.

El control de la carretera del que ha informado el Ministerio de Gobierno muestra que los cooperativistas han cedido, lo que puede alentar esperanzas de que se abra un diálogo. El país entero espera que este conflicto, tan inesperado y extraño, sea tratado por las autoridades con mucho cuidado, evitando que se produzcan hechos lamentables como el que se acaba de vivir en la región de Panduro.

La víctima ha sido declarada “héroe en la defensa de los recursos naturales”, lo que es un indicio de que el conflicto tiene como fondo el control de los parajes de riqueza minera que las cooperativas explotan o desean explotar. Son cientos esos lugares donde se ha detectado que existe riqueza minera, pero que no son explotados por la inexistencia de proyectos de inversión, nacionales o extranjeros. Esas ‘concesiones mineras’ estaban en la mira de las cooperativas, para cuando hayan terminado de explotar las que ahora trabajan.
Es probable que el Gobierno haya decidido no entregar ni una concesión minera más a las cooperativas y que ese sea el motivo del conflicto. En ese caso, podría ser que el Gobierno tenga interés en atraer inversionistas que usen tecnología moderna y que preserven el medioambiente en sus explotaciones, lo que no hacen las cooperativas.

Lo cierto es que los cooperativistas mineros del altiplano, que en 2005 amenazaron con tomar la ciudad de Sucre para impedir que Hormando Vaca Díez o Mario Cossío sea proclamado presidente, y luego fueron aliados del presidente Evo Morales, están ahora enfrentados al Gobierno. Cualquiera sea el motivo de esta cruenta guerra, es preciso ponerle freno, quizá mediante el diálogo, las negociaciones o la reforma de alguna ley, porque el país no puede seguir así.

El Gobierno nacional tendría que renunciar a su costumbre de culpar a los medios de comunicación por todo lo malo que ocurre en Bolivia, lo que le permitiría mirar con objetividad estos hechos y encontrar las soluciones pertinentes. Esa es su obligación.

jueves, 25 de agosto de 2016

Susana no deja de producir. su pensamiento es claro. su razonamiento adecuado para responderle a Evo, para qué tanto poder? le cuesta entender al mandamás, que con el 21 de febrero se le terminó la mamadera.


¿Para qué tanto poder?

Susana Seleme Antelo

 Pregunta pertinente, mucho más después del 21 de febrero, cuando el régimen perdió el referéndum que pretendía habilitar a la dupla Morales-García Linera para una cuarta reelección en 2019.



Aquel NO reflejó una masa crítica que debe estar alerta, pues pese a ese voto negativo, Morales acaba de ser declarado candidato presidencial, para ese año, por los cocaleros del Trópico de Cochabamba. Ellos, los que cultivan la hoja de coca, materia prima de la cocaína, son la mayor base de sustentación política de Morales, quien es también su máxima autoridad sindical. Los cooperativistas mineros ¿dejaran de ser el otro aguerrido apoyo político -a punta de dinamita- ahora que el régimen no puede solventarlos con prebendas, pues el tiempo de la bonanza se acabó?



¿Para qué tanto poder? Entre otras razones, para aplicar el centralismo económico asfixiante que impide poner en marcha el Pacto Fiscal, mientras se apropian del 89% de las riquezas que se generan en Bolivia. Por eso el régimen rechaza el Pacto que sería, además, la oportunidad para la deliberación social sobre la autonomía y la gestión pública, inexistente hace 10 años.



¿Para qué tanto poder? Porque Morales y sus hombres nunca fueron demócratas y no aceptan que el sentido de la política es la libertad, aunque se valieran del sistema democrático de libertades para participar en procesos electorales cuando la Corte era independiente del poder político. Y porque que tampoco asumen la democracia como un sistema de gobierno que basa su ejercicio en la libertad y la responsabilidad. La libertad como garantía del Estado Democrático de Derecho, de suyo, independencia de poderes, respeto a la libertad de expresión y pensamiento crítico, y la responsabilidad como compromiso de desarrollo sustentable, tanto en igualdad de oportunidades, como igualdad de resultados en calidad de vida, acceso a salud, educación, bienes y servicios eficientes.



La realidad es que Morales y los suyos nunca asumieron la libertad y la responsabilidad democráticas en el ejercicio de sus mandatos. Una prueba es el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que advierte que Bolivia está bajo amenaza de retornar a la pobreza. Señala que entre 415 mil y 539 mil personas recaerán en ella pues están en condiciones de vulnerabilidad económica. ¿Por qué? Porque durante el superciclo de precios de materias primas de exportación, de euforia consumista y de plata fácil para comprar chatarra, canchitas de futbol inservibles, lo mismo que conciencias, el régimen no sembró la riqueza en empresas y empleos productivos, ni en diversificación productiva, ni en competitividad, ni conocimiento. El Informe sostiene que no aplicó políticas de nueva generación ante la ralentización económica con medidas de protección social, sistemas de cuidado, activos físicos y financieros y calificación laboral.



¿Para qué tanto poder? Para tener subordinado el poder judicial al que utilizan como punta de lanza contra dirigentes y autoridades no oficialistas con bayonetas judiciales, y acosar a medios de comunicación, a los que Morales califica como sus enemigos, vía guillotinas tributarias.



Tanto poder para apropiarse del universo cultural ya bajo la excluyente trilogía indígena-originaria-campesina, o la negación del mestizaje, desechando la diversa y mezclada realidad boliviana.



Tanto poder para esquivar la premisa democrática de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. No hacerlo, permitió instalar el clientelismo, la prebenda y la corrupción en toda la estructura del gobierno y del Estado.



Tanto poder para desmantelar la institucionalidad democrática, y hacer de su capa un sayo en el Fondo Indígena y con la ahora casi clandestina corporación china CAMC, con la que el Estado boliviano firmó contratos por 560 millones de dólares. Tener presas a la expresidente del Fondo, Nemesia Achacollo, compañera política de Morales, y a Gabriela Zapata expareja del mismísimo Morales, ex funcionaria de la CAMC, apunta a que son ‘chivos expiatorios’. Sus delitos no son mayores que los del ‘jefazo’ y otros ‘machos alfa’ del régimen. En todo caso, sus culpas, que las pueden tener, son menores, pero constata que Morales conoce poco de lealtades: es un mal compañero político y peor pareja sentimental. Todo por salvar su caudillo pellejo.



¿Para qué tanto poder? Para que “los barones gubernamentales cobren impuestos personales: el 10% del salario de sus funcionarios públicos; peaje: el 15% de las licitaciones y contratos; sin tocar el conocido Derecho de Pernada secretarial, como escribió antes de fallecer José Mirtenbaum (+).



¿Para eso tanto poder, tanta plata malgastada y despilfarrada para volver a ser el mismo país donde los pobres seguirán siendo pobres y las mujeres objetos desechables?

 

 

 

 

miércoles, 17 de agosto de 2016

de 12 comandantes, 9 o presos o bajo tutela judicial. nunca antes la dependencia del Ejecutivo había sido tal. hoy está la Policia sujeta totalmente a Evo y la "rosca palaciega". un nuevo Jefe en nada hará cambiar a la Institución víctimas de los mismos errores del pasado.

La Policía boliviana tiene en René Rino Salazar Ballesteros a su nuevo comandante general, que se ha estrenado con el violento enfrentamiento con los cooperativistas mineros y que, entre pedradas y dinamitazos, dejó bastante maltrechos a decenas de uniformados. Salazar Ballesteros fue posesionado en el cargo por el jefe de Estado y poco después recibió -del Ministerio de Gobierno- la instrucción de trabajar en una 'reingeniería' para redistribuir a los efectivos policiales de forma más equilibrada en todo el país. En una de las tantas 'cumbres' de seguridad ciudadana celebradas sin mayores resultados, la Gobernación de Santa Cruz planteó la desconcentración de la Policía para que preste servicios más eficientes y que se reconozca a las regiones competencias autonómicas en materia de seguridad. La petición cayó en saco roto.
Con motivo del reciente cambio de mando, ha vuelto a ponerse en consideración la necesidad de encarar una profunda reforma policial ante la ineficacia y el descrédito que afectan la imagen de la entidad verde olivo y que repercute en la inseguridad que atormenta a la ciudadanía. Se espera que no sea un anuncio más porque la reestructuración de la Policía es una tarea pendiente desde hace tiempo, lo que la hace objeto de cuestionamientos profundos y permanentes.
Desde la llegada del presidente Evo Morales al poder, en 2006, han pasado más de una docena de comandantes nacionales de la Policía, de los cuales nueve han enfrentado procesos penales y algunos de ellos guardan detención preventiva en cárceles del país. Las acusaciones en su contra tuvieron que ver con delitos de corrupción, extorsión, narcotráfico y violación de derechos humanos. Un excomandante policial señaló la influencia política, la sumisión al Gobierno de turno, la pérdida de valores en la institución y la falta de ética en los mandos superiores como los factores que influyen en el mal funcionamiento de la Policía. También se reprocha al Gobierno no tener claro cuál es el verdadero papel que esta entidad debe desempeñar; asimismo, el hecho de que su sometimiento al poder político le impide responder con mayor solvencia a las necesidades de la ciudadanía.
La reforma de la Policía no puede seguir esperando, pero este proceso requiere, además de voluntad política, recursos económicos para pagar a los policías salarios dignos, igualmente la provisión de equipos modernos para combatir el delito creciente en el país. De otra manera, el cambio que se demanda no será posible y quedará en un simple saludo a la bandera.

sábado, 13 de agosto de 2016

cuesta creerlo. aunque si El Deber lo dice, debe ser cierto. que el Vicepresidente está de acuerdo con que "las cooperativas mineras" prohiban el sindicato. es inadmisible, más aún si la COB cogobierna con el MAS. cómo ser esta dicotomía?

Las cooperativas mineras del país lograron hacer retroceder la intención del Gobierno de autorizar la sindicalización de los trabajadores asalariados de estas empresas privadas. Con el anuncio de bloqueos de carreteras, la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) consiguió el objetivo, pues obligó a que el vicepresidente, Álvaro García Linera, anuncie que el Gobierno había desistido de autorizar esa sindicalización.

Este desenlace va en contra de disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado, la Ley del Trabajo, además de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Filadelfia y la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. La objeción de los dirigentes de Fencomin parte de afirmar que las cooperativas, aunque son empresas privadas pertenecientes a numerosos socios, son de trabajadores. Es lo que ocurre, más o menos, a todas las empresas del mundo, que son de algunos propietarios que, al crecer, necesitan contratar trabajadores, los que, según las leyes, tienen derecho a sindicalizarse.

El hecho es que las cooperativas mineras tienen empleados asalariados. Las leyes otorgan a todos los trabajadores del país, y de todo el mundo, menos en los países socialistas, la opción a sindicalizarse para defender sus derechos ante la parte patronal. Las luchas del sindicalismo mundial por lograr ese objetivo son épicas, como la que libraron los trabajadores de Chicago para conseguir el derecho a las ocho horas de trabajo encabezados por los anarquistas Sacco y Vanzetti, a principios del siglo pasado. La lucha de los trabajadores bolivianos no fue menor. Al crearse en 1943 la Federación de Mineros y en 1952 la Central Obrera Boliviana, se marcó el surgimiento de un movimiento sindical bien organizado. La Federación de Mineros ha tenido varias diferencias con Fencomin, debido a que las cooperativas logran de los gobiernos una serie de ventajas, como el haber conseguido que Huanuni contrate a 4.000 cooperativistas en 2006, poniendo en riesgo la empresa.

Los trabajadores asalariados de las cooperativas mineras suman miles. Aparte de los que trabajan en las cooperativas de occidente, están los contratados por las cooperativas auríferas, en los ríos amazónicos. Las condiciones de trabajo de esos asalariados no son las mejores. Ni siquiera tienen el derecho, al no estar organizados en un sindicato, a pedir que se apliquen los beneficios de los incrementos salariales y el doble aguinaldo. Quizá corresponda que la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) proteja a estos trabajadores que ahora, por exigencia de Fencomin, no tienen derecho a la sindicalización

HUMBERTO lo dice claro. no son cooperativas. son empresas mineras ilegales. se protegen, negocian con el Gobierno, "se legalizan" no pagan impuestos, tienen empleados a jóvenes desesperados por sueldos y otros beneficios, sin seguro social, ni fondo de jubilación y claro está para recibir dinero por su actividad ilegal, "los mineros cooperativistas" hacen lo que sea, incluso maltratar con piedras y patadas a los policías tendidos en el suelo.

Los cooperativistas mineros, que pusieron al primer ministro de Minería del gobierno de Evo Morales en 2006, lograron muchas concesiones desde entonces. Ahora reclaman otras ventajas que ponen en conflicto al régimen.
Lo que en Bolivia se llaman “cooperativas mineras”, en Perú y Colombia tienen tienen otro nombre: “minería ilegal”. Porque en esos países las empresas que no pagan los impuestos y tampoco cumplen con las leyes de protección de la naturaleza, son ilegales.
Es el nexo entre estas “cooperativas” bolivianas y las empresas ilegales del Perú lo que provoca milagros. Mario Virreira, ministro de Minería en 2013, pronunció una frase que mostró su ingenuidad y reveló el tamaño de la conexión entre esas empresas de ambos países.
Dijo: “Qué raro. En Bolivia producimos solamente siete toneladas de oro pero hemos exportado veintidos”.
La explicación estaba en el hecho de que las “cooperativas” mineras peruanas no pueden exportar el oro que producen: son ilegales. Por lo tanto, optan por entregar ese oro a sus amigos bolivianos y de esa manera se produce el milagro del que habló Virreira, quien duró muy poco tiempo más en el cargo.
Ese año, los expertos en minería calculaban que el valor del oro reexportado desde Bolivia tenía un precio superior a los 1.000 millones de dólares. Un negocio, de veras, muy rentable. Fue la época en que las estadísticas sobre las exportaciones de ese metal incluyeron un inverosímil rubro: “desperdicios de oro”.
Ninguna de las alusiones que hizo el periodismo a esta incongruencia y a la ingenua exclamación de Virreira merecieron respuesta ni explicación. El país exporta cuatro veces más oro del que produce. ¿Y qué?
Ahora, según denuncia el ministro de gobierno, Carlos Romero, los cooperativistas quieren dar un paso más: quieren tener el derecho a asociarse con empresas privadas, nacionales o extranjeras, para compartir con ellas sus privilegios, como el pago de impuestos en porcentajes irrisorios.
Dirán, quizá, que si otros sectores de la economía llamada informal o ilegal tienen conexiones con el exterior, o forman parte de transnacionales poderosas, por qué no ellos.
Frenar las actividades económicas ilegales va a resultar muy difícil. Han generado ingresos que quienes administran todo esto llaman “blindaje”, mientras que quienes optan por cerrar un ojo, o los dos, sólo exclaman “nunca hemos vivido mejor”.

miércoles, 10 de agosto de 2016

Venezuela cerca del colapso. la tozudez de Maduro impide una solución que se reclama a gritos. Los Tiempos de Cochabamba

El régimen familiar-militar que gobierna Venezuela ha lanzado una nueva provocación a la población de ese país cuando el órgano electoral —dominado por el Ejecutivo— ha decidido convocar recién para el mes de octubre a la segunda ronda de recolección de firmas para la realización de un referendo revocatorio del mandato presidencial, decisión que hace imposible que éste se realice el presente año como ha planteado la oposición, para lo cual ha cumplido todos los requisitos constitucionales vigentes.

Esa decisión cierra otro camino más para buscar una solución pacífica a la profunda crisis política, económica y moral que atraviesa esa nación caribeña. Y se lo hace para que la cúpula gobernante siga beneficiándose del ejercicio autoritario del poder, amparada fundamentalmente en los sectores más duros de sus Fuerzas Armadas, cuyos líderes son parte del aparato de corrupción incrustado en la administración estatal, y un virtual ejército paramilitar.

Por su parte, la oposición ha convocado a la “toma de Caracas” el 1 de septiembre, como una forma de presionar al órgano electoral para actuar conforme a ley y el inicio de su reorganización política para acompañar la campaña del revocatorio.

Es decir, están dadas muchas condiciones para que, como desde muchos ámbitos se temía, pueda estallar un violento enfrentamiento fratricida que es lo que desde varios sectores internos e internacionales se ha tratado de evitar en gestiones que, lamentablemente, han chocado con la tozudez del Gobierno venezolano de mantenerse a como dé lugar en el poder.

Ante ese panorama, ojalá que la comunidad internacional aún pueda hacer valer su influencia para abrir algunos espacios de diálogo y, de esa manera, ayudar a que sea el pueblo venezolano el que se pronuncie libremente sobre su destino político.