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miércoles, 31 de agosto de 2016

acertado el título. "paranoia golpista" dirigido a Evo Morales que ve, pretende ver en cada episodio un "golpe de Estado" y trabaja para demostrar lo imposible. lo que hubo ha sido "imprudente manejo de la crisis con los trabajadores mineros cooperativistas" que no ha concluído.

Por enésima vez, el Gobierno del presidente Evo Morales ha planteado que es víctima de una conspiración golpista. La protesta social de los trabajadores cooperativistas mineros está en la mira del Poder Ejecutivo bajo esta hipótesis, tras la brutal muerte del viceministro Rodolfo Illanes. Ningún tipo de violencia tiene justificativo en un Estado de derecho. La saña y la ferocidad con que los cooperativistas ultimaron a Illanes son condenables desde todo punto de vista y sus responsables deben ser sancionados con el mayor rigor de la ley.

De la misma forma, deben ser procesadas aquellas personas involucradas en la muerte de cuatro mineros en el marco del mismo conflicto, que enfrenta a la administración de Morales con el sector minero, uno de sus principales aliados estratégicos desde el inicio mismo de su mandato en 2006.

Aquellos que un día fueron los consentidos del régimen encabezado por Morales, ahora se han volcado a las calles por la decisión del Gobierno de impulsar su sindicalización, la adecuación de las cooperativas a la Ley Minera y la recuperación estatal del control sobre los yacimientos mineros. La protesta de los cooperativistas surge en un contexto de creciente malestar social producto de la incapacidad del Gobierno de satisfacer sobredemandas económicas que el propio Ejecutivo les ha planteado en el marco de un modelo de distribución de los excedentes que hoy sufre por la baja en los precios de las materias primas a escala internacional.

Plantear que detrás de estas protestas está en ciernes un golpe de Estado, parece una exageración sin mayor sustento que oculta las verdaderas razones de las protestas de los sectores internos en el propio oficialismo. En dicho planteamiento, además de no presentar pruebas contundentes del supuesto afán golpista, tampoco aparece una autocrítica de parte del Gobierno, que actuó con clara negligencia durante el conflicto. La firma de un decreto presidencial en medio del estallido minero no hizo más que avivar el incendio.

La muerte de Rodolfo Illanes, como la de los mineros, no es más que la gota que colmó un vaso que ya estaba lleno desde antes. El Gobierno ve fantasmas y conjuras donde hay malestar social. Ve una conspiración donde solo se ven demandas insatisfechas. No es menor esta crisis política que ha estallado por el conflicto minero. Más que atender las teorías conspirativas, el Ejecutivo debe plantear soluciones a una economía que está en problemas y a un modelo que demanda una reforma de fondo para el bien de todos los bolivianos

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