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viernes, 2 de septiembre de 2016

risible. la inculpación del Gobierno de Evo a su ex-amante. "no le hizo ningún dano economico al Estado" y que por tanto no habrá acusación en este rubro. repulsa y fastidio de ciudadanos.



La Ministra de Transparencia declaró que Gabriela Zapata, excompañera sentimental del Presidente del Estado, con el que tuvieron un hijo, “acumuló recursos económicos a través de actividades ilícitas, éstas se traducen en haber obtenido o haber forzado a personas particulares, empresarios privados para hacerles creer que ella tenía influencias en el Gobierno nacional. En realidad (…) no ha sacado nada de ninguna entidad pública, por eso estamos seguros que no ha habido un daño económico al Estado”.
Esta declaración confirma que la idea de “sensacionalizar” la relación amorosa del Primer Mandatario no responde a algunos medios, sino a operadores del propio  gobierno con el presunto propósito de desviar la atención del meollo de esa relación: que fue por esa relación que la empresa china Camce la incorporó a su “staff” ejecutivo (sin que tenga la experiencia y formación para ello), y que se le haya adjudicado la construcción de obras o ejecución de proyectos por un monto que sobrepasa los 550 millones de dólares.
Eso es lo que debía investigar el Estado; es decir, si esas adjudicaciones fueron transparentes, si hubo competencia legítima con otras empresas, si se cumplieron todos los requisitos y otras interrogantes que no han sido absueltas. Aumenta la desconfianza el hecho de que en las comisiones investigadoras no se haya convocado, por ejemplo, a los representantes legales de la empresa Camce ni a los ministros que han sido involucrados en el caso.
En resumen, hay que recordar a los dignatarios del Estado que se empeñan en banalizar este caso, que el Presidente y la ciudadanía han pedido centrarse en dilucidar si fue o no gracias a la relación sentimental mencionada que se beneficiaron Camce u otras empresas con adjudicaciones de obras estatales conectadas con Zapata, extremo que, si se comprueba, sería infringir daño económico al Estado, como debiera saber la ministra.

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