El régimen familiar-militar que gobierna Venezuela ha lanzado una nueva provocación a la población de ese país cuando el órgano electoral —dominado por el Ejecutivo— ha decidido convocar recién para el mes de octubre a la segunda ronda de recolección de firmas para la realización de un referendo revocatorio del mandato presidencial, decisión que hace imposible que éste se realice el presente año como ha planteado la oposición, para lo cual ha cumplido todos los requisitos constitucionales vigentes.
Esa decisión cierra otro camino más para buscar una solución pacífica a la profunda crisis política, económica y moral que atraviesa esa nación caribeña. Y se lo hace para que la cúpula gobernante siga beneficiándose del ejercicio autoritario del poder, amparada fundamentalmente en los sectores más duros de sus Fuerzas Armadas, cuyos líderes son parte del aparato de corrupción incrustado en la administración estatal, y un virtual ejército paramilitar.
Por su parte, la oposición ha convocado a la “toma de Caracas” el 1 de septiembre, como una forma de presionar al órgano electoral para actuar conforme a ley y el inicio de su reorganización política para acompañar la campaña del revocatorio.
Es decir, están dadas muchas condiciones para que, como desde muchos ámbitos se temía, pueda estallar un violento enfrentamiento fratricida que es lo que desde varios sectores internos e internacionales se ha tratado de evitar en gestiones que, lamentablemente, han chocado con la tozudez del Gobierno venezolano de mantenerse a como dé lugar en el poder.
Ante ese panorama, ojalá que la comunidad internacional aún pueda hacer valer su influencia para abrir algunos espacios de diálogo y, de esa manera, ayudar a que sea el pueblo venezolano el que se pronuncie libremente sobre su destino político.
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