Páginas vistas en total

jueves, 30 de septiembre de 2010

están apareciendo voces "se trata de ejercicios para casos de guerra. de simulacros, de estudio" para rebajar la gravedad de las torturas. dudas?

Ayer decíamos en este mismo espacio que Bolivia tiene “cuarteles de infierno”, no sólo por el hecho de tortura registrado el año pasado en Challapata y que ha conmocionado a todo el país. El servicio militar obligatorio siempre ha sido una forma de denigrar a los jóvenes bolivianos con el pretexto de “convertirlos en hombres” o aquella gran falsedad que se esconde detrás de la frase: “Servir a la Patria”. Es por eso que la ciudadanía evade esta obligación cada vez que puede y…vaya que se puede en este país, donde todo tiene un precio.
Al presidente Morales se le escapó desde el primer momento la sugerencia de llevar a la justicia ordinaria el caso correspondiente a Guido Álvaro López Cortés (así se llama el joven sometido esos tristes vejámenes), porque él cumplió con el servicio militar, en su condición de campesino humilde, sin recursos suficientes para comprar una libreta como lo han hecho millones de bolivianos, para evitar malos tratos y humillaciones en los cuarteles. Lo sugirió porque sin lugar a dudas él también fue víctima de abusos, tal como lo reconocen los miembros de la Confederación de Campesinos de Bolivia, quienes admiten que el servicio militar en este país ha sido siempre reservado para los indígenas, los habitantes de las zonas rurales y los pobres.
Lamentablemente ayer se metió el cálculo y la política en medio de este problema y lo que al principio constituía un delito de lesa humanidad, calificado así por especialistas en derecho, pasaba a ser un caso que debe resolverse en el ámbito militar, tal como lo han anunciado las Fuerzas Armadas, que ya iniciaron un sumario informativo y prometen hacer público un informe el próximo 12 de octubre. El Ministerio de Defensa ha respaldado la posición de los uniformados y el vicepresidente García Linera, quien afirmaba ayer que “la carrera militar es dura y el que no esté listo debe dejarla”, parecía estar en la misma línea; es decir, dejar todo en manos de los tribunales , donde la impunidad está prácticamente asegurada, como ha sucedido en innumerables ocasiones.
El Fiscal General de la República ha actuado conforme a las circunstancias. Un delito como el que se ha cometido en Challapata, con un conscripto que no ha elegido una carrera militar (o el Vicepresidente confunde o trata de enturbiarlo todo) no puede ser juzgado entre cuatro paredes y los responsables de semejante crimen deben pagar por su abuso conforme a las normas que protegen los derechos humanos. En la misma dirección se ha expresado el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien además exige llamar a un Referéndum para determinar si se suspende o no el servicio militar obligatorio en Bolivia.
Más allá de la relación connivente entre el Gobierno y los militares está la dignidad de ciudadanos que se acercan a los cuarteles confiados en la institución militar. Fallarle a Guido Álvaro López Cortés autoriza a los padres de miles de jóvenes a resistirse a cumplir con un requisito que denigra a la juventud. El Gobierno se arriesga también a caer en el descrédito frente a un país que estará convencido que toda aquella supuesta defensa de los excluidos y los discriminados es apenas una pose hueca y sin sentido, simplemente una excusa.

Fallar a Guido López autoriza a padres de miles de jóvenes a resistirse a cumplir con un requisito que denigra a la juventud. (Valiente editorial de El Día de Santa Cruz)

No hay comentarios: