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martes, 21 de septiembre de 2010

la situación del encarcelado en Bolivia es patéticamente dramática. no puede continuar como ahora que es una bomba de tiempo próxima a estallar.

El viernes 24 de septiembre se recordará el Día del Privado de Libertad. En el país, cerca de 9.000 personas se encuentran recluidas en centros penitenciarios, la gran mayoría de manera irregular: por increíble que parezca, el Estado tiene a los procesos de las tres cuartas partes del total de los reos en situación de abandono.

¿Cómo se puede entender que al 75 por ciento de los presos no se le respete su derecho a conocer la sentencia que le cabe? Resulta inexplicable y hasta vergüenza ajena da el hecho de pensar en comentar esto en el extranjero.

Un informe del Defensor del Pueblo le puso números a esta realidad conocida por todos gracias a los medios de comunicación: derechos humanos pasados por alto, condiciones de infraestructura deplorables, falta de justicia con oportunidad, falta de atención a las necesidades de los internos por el objetivo mayor de ayudarles y, así, aspirar a tener una sociedad menos violenta… Porque de eso se trata, no solamente de atrapar delincuentes para encerrarlos y olvidarse de ellos.

Nunca se debería perder de vista que el infractor de las leyes, por lo general, vuelve a las calles e interactúa, como en el pasado, con los demás. De no haber una rehabilitación, lo más probable es que reincida en el delito. Procurar su reinserción a la sociedad como mejores personas tendría que ser la premisa de las autoridades.

Este gobierno tiene la oportunidad de hacer la diferencia respecto de los anteriores. El tema del hacinamiento —de larga data— se ha hecho insostenible. Que los penales bolivianos alberguen a reos en una proporción tres veces superior a la que corresponde es deshonroso y habla a las claras de una desatención estatal que no se puede tolerar en democracia.

Basta de mirar de palco cómo detenidos preventivos y sentenciados conviven entre sí, o con menores de entre 16 y 18 años; basta de permitir que esposas e hijos pequeños sufran, junto a los internos, las miserias de los penales del país. Urge fortalecer al régimen penitenciario con más recursos y desarrollar un plan de modernización del mismo.

Los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, especialmente los dos últimos, están llamados a revertir, en el plazo más breve posible, esta situación que denigra al ser humano. El recluido en una cárcel es, antes que nada, persona. Y esa persona, por más que haya delinquido, merece un trato digno y justo. (Editorial de La Razón de La Paz)

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