El año 2009, el Banco de la Unión (BU), entidad financiera que tiene un 83 por ciento de participación del Estado, instaló un proceso en mi contra, por haber calificado al BU como lavandería de corrupción, tras haberse demostrado que en esa entidad habían sido depositados los 450 mil de un fideicomiso otorgados irregularmente por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la sociedad Catler-Uniservice, que fueron volteados en un asalto que acabó con la vida del empresario Jorge O´Connor D´Arlach.
Es inadmisible que, en lugar de haber instruido una investigación para determinar el grado de vinculación del Banco de la Unión o de personeros del mismo con un hecho criminal que ha contaminado a dirigentes políticos del Movimiento al Socialismo, se haya optado por procesar a un ex Presidente de la República, cuyo único delito fue haber planteado responsablemente una denuncia, para coadyuvar en el esclarecimiento de uno de los escándalos de corrupción más siniestros de la historia.
La sentencia dictada contra mi persona por el Juzgado Tercero de Sentencia en lo Penal, no hace sino demostrar el vergonzoso sometimiento de la justicia a las instrucciones del gobierno de Evo Morales y, en última instancia, confirma la intención del Ejecutivo de criminalizar la opinión crítica y judicializar la política, en abierta contradicción con los principios de libertad de expresión consagrados por la Constitución Política del Estado en Bolivia y por diversos instrumentos jurídicos de aplicación universal.
Estamos ante un precedente antidemocrático funesto que, como ocurría en el pasado dictatorial, pretende impedir a los ciudadanos el derecho a la crítica y al disenso, fundamentales en un Estado de Derecho, bajo amenaza de ser enjuiciados y eventualmente encarcelados.
Jorge Tuto Quiroga Ramírez
Ex Presidente de la República
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