La popularidad ha dejado de sonreírle al presidente Morales y por más esfuerzos propagandísticos se hagan, la ciudadanía sigue empecinada en exigir una administración que se ocupe de los temas urgentes, como el deterioro de la economía y que se incline a favor de los principios democráticos y la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016, un asunto que se ha vuelto innegociable para la gente. Por primera vez en mucho tiempo, el peso de la opinión pública, el consenso de la población y las expresiones que surgen de la calle, son las determinantes del futuro político del país, hecho que el “proceso de cambio” no acepta y, por lo tanto, se empeña en remar contra la corriente.
La única manera de continuar es a través de la violación flagrante y descarada de la Constitución Política del Estado y ante la pérdida del apoyo de la población, que amenaza también con erosionar el denominado “voto duro”, el régimen no tiene otra opción que apelar a la militancia más radical, que en el pasado fue vital para hacer valer en el terreno militar, lo que se había conquistado en las urnas.
Precisamente fueron las huestes paraestatales, llámese sindicatos y movimientos sociales, las que le permitieron al oficialismo ganar las calles, derrotar a los focos de resistencia y acabar con todo vestigio de oposición entre el 2006 y el 2009. La Calancha, Huanuni, Porvenir, el cerco a Santa Cruz, la toma de Cochabamba y otros episodios violentos, fueron en realidad guerras armadas que le dieron al oficialismo el poder real y la libertad para llevar adelante los cambios que tenía previsto y, obviamente, aplicar un férreo sistema de control político.
Luego vinieron las leyes inconstitucionales y atrabiliarias que propiciaron el derrocamiento de alcaldes y gobernadores de la oposición, que siguieron ganando elecciones en todo el país, porque desde un principio la ciudadanía cayó en cuenta que las debilidades del “proceso de cambio” estaban en la corrupción y la ineficiencia. De esa forma, gestiones ejemplares, que habían sido declaradas como modelo de la gestión pública cayeron en manos oficialistas y se convirtieron automáticamente en botín político e instrumentos de saqueo. Numerosos líderes fueron procesados y encarcelados por supuestos malos manejos que nunca fueron probados o que fueron resultado de montajes ejecutados con la complicidad de tribunales instrumentalizados por el poder central para liquidar cualquier vestigio de oposición a la hegemonía.
No es casual que el retorno de esa estrategia comience hoy por Cochabamba, donde son evidentes las intenciones de derrocar al alcalde José María Leyes. En el 2007 pasó lo mismo con la prefectura cochabambina, hecho que derivó en un enfrentamiento fratricida y que tuvo a los cocaleros y mujeres del sindicato Bartolina Sisa como puntas de lanza. La gran diferencia entre aquel episodio y la realidad actual radica en las circunstancias adversas del régimen y sobre todo la debilidad de su imagen, que ya no está para aplicar esos métodos.
No es casual que el retorno del golpismo tenga lugar en Cochabamba, donde son evidentes las intenciones de derrocar al alcalde José María Leyes. En el 2007 pasó lo mismo con la prefectura cochabambina, hecho que derivó en un enfrentamiento fratricida y que tuvo a los cocaleros y mujeres del sindicato Bartolina Sisa como puntas de lanza.
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