Mauricio Aira
Coca por Desarrollo, fue el slogan de Paz Zamora en su gira por Europa en 1991 para comprometer a países amigos como Italia, Suecia, Inglaterra y otros en el denominado Desarrollo Alternativo que consiguió un financiamiento de 400 millones de dólares sobre la base de los aportes de USAID, Naciones Unidas (Organismo contra el crimen y el narcotráfico) además de los nombrados. El proyecto resultó siendo la culminación de años de sangre, despilfarro, violencia especialmente en El Chapare dentro del intento del gobierno boliviano de obtener la reducción de las plantaciones de coca, que llegó a cubrir más de 220 mil hectáreas, (Chapare y Yungas 1992)
Aquella violencia expresada entre 1985 y 1990 continuó siendo matizada con la puesta en marcha del D.A. y que consistió en lograr la transición agrícola, reactivación económica, desarrollo de El Chapare, información preventiva y rehabilitación. Lo que no se supo entonces (1991) fue el contenido de los tres anexos firmados con el gobierno estadounidense por ser de carácter secreto. Más tarde se debeló que para eliminar la producción y el tráfico de estupefacientes hacía falta mejorar la coordinación entre las Fuerzas Especiales de Lucha contra el Narcotráfico, y cada una de las fuerzas armadas y la DEA como responsables de la fiscalización y de facilitar una oficina de Inteligencia. Lo inaudito fue intensificar operativos patrullajes, redadas, puestos móviles dentro y fuera del Chapare, destrucción de pistas clandestinas, decomiso de vehículos, destrucción de precursores, estupefacientes, cultivos ilegales, fábricas y laboratorios en estricta observancia de la Ley 1008.
El anexo tres resultó decretando la participación de las FF.AA. en la lucha contra el narcotráfico. Después de dos decenios de la firma de los anexos ha quedado claro su exceso e improcedencia que no conjugan ni con la soberanía ni con la independencia de Bolivia. Se impone la decisión de dejar sin efecto el Anexo III, lo mismo que decretar el fin de la economía de la coca dándole vigencia a la producción agrícola alimentaria que tradicionalmente ha proveído del 80% de las necesidades nacionales y buscar con la ayuda de todos los agentes que participaron en el desarrollo alternativo un desarrollo integral regional superado que borre el oprobioso pasado de la violencia promovida por el narcotráfico global.
Durante mucho tiempo se ha sostenido una incesante polémica fuera del ámbito nacional sobre la despenalización de las drogas, sobre la disminución de la demanda, estableciendo controles para los insumos, el registro de las operaciones aéreas del narcotráfico en selvas y ríos bolivianos, el estudio para reducir las operaciones de lavado de dólares y sobre la necesidad de campañas masivas contra el consumo de drogas especialmente entre millones de víctimas estadounidenses
La discusión que lleva 30 años no ha estado exenta de poderosos ingredientes sea porque Estados Unidos politizó su tratamiento entre otros factores por la presencia en el escenario de 1980 de un régimen abiertamente identificado con el narcotráfico, sea porque no consiguió separar aquel precedente funesto, negativo, distorsionante de la realidad boliviana y 20 años después siguió anatemizando la política relacionada con las drogas. El tema no es simple, es harto complejo porque creó frentes y actitudes “barricadas” en pro y en contra. Los sucesivos gobiernos encontraron muy cómodo alinearse en la guerra contra la cocaína y lucrar con abundantes recursos que amalgamados con la resistencia al comunismo, al extremismo, y por la seguridad nacional terminaban pasándole factura a la Casa Blanca, al Pentágono, al Departamento de Estado con sus agencias CIA, FBI, DEA, etc. Y toda la secuela de acciones violentas como las extradiciones, la represión abierta, la “ley del arrepentimiento” y de la erradicación total. Al otro lado con ingentes recursos las ONG que obedecen a la consigna de legalizar el uso de la droga, como sucedió con el alcohol, con el tabaco y como aseguran “pronto sucederá en Europa la oferta de droga libre de penalidades” refiriéndose a los experimentos con fines especialmente médicos iniciados con diminutos grupos de drogadictos de Dinamarca, Holanda y Suiza.
Bolivia pudo llegar a los más altos estratos donde se cocinaban las políticas como ser la Convención de Ginebra donde presentó cinco ponencias principales (Nov.1988) 1.La hoja de coca no es estupefaciente. 2. No recurrir a la violencia y alentar el desarrollo alternativo. 3. Investigar bienes y fortunas de los involucrados en narcotráfico. 4. Control de precursores, aviones, armas utilizados por las mafias. 5. No utilizar químicos en la erradicación y buscar mercados para uso legítimo de la coca. Las resoluciones fueron: Es delito el cultivo de la hoja, aunque se tomarán en cuentas plantaciones para usos tradicionales. Las partes podrán cooperar y aumentar la eficacia de los esfuerzos de erradicación. No utilizarán el secreto bancario y tomarán medidas para vigilar la fabricación y distribución de precursores. De resultas vino el programa de D.A. que nombramos arriba en que interviene activamente USAID para financiar y ejecutar proyectos en cumplimiento de la Declaración de Cartagena de febrero de 1990.
No sabemos cuándo ha expirado la letra del Anexo III, sí que se ha desmilitarizado la zona. La mayoría de los programas del D.A. han fracasado como la Planta Industrial Milka construída por los escandinavos. USAID al margen del A.III ha venido ejecutando alentadores tareas (Producción y exportación de banano y otros productos) y ha empleado profesionales y obreros para beneficio entre otros de la mancomunidad provincial. El Chapare debería convocar a toda la nacionalidad incluyendo las autonomías y empeñarse en forma conjunta en la industrialización de la coca, terminar para siempre jamás con la sangre derramada sin claudicar en la persecusión a los traficantes de la cocaína que tanto daño ocasionan a nuestra querida Patria.
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