lejos de calmar la borrasca, la administración está profundizando el problema, es decir la intromisión en asuntos internos del Perú, poniendo de relieve actitudes no comprobadas de Alan García esta vez "de comprar votos para evitar un paro nacional", como si fuera importante para Bolivia, figura en la información oficial como acto de alcahuaterío, según algunos observadores de dentro y fuera de Bolivia. Mientras tanto, se ha oficializado la gestión del Perú en contra de Bolivia ante la OEA, lo cual es una tilde, una observación grave que le resta autoridad moral al gobierno boliviano, extremo que jamás debió haberse producido. Veamos los términos en que la noticia se ha mantenido en el primer plano internacional:
El Gobierno de Perú denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) las continuas intromisiones del presidente boliviano, Evo Morales, en sus asuntos de política interna, informó el canciller José Antonio García Belaúnde.
Según la agencia oficial Andina, el comunicado peruano fue dirigido al secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, y también será enviado a los países amigos de la región, particularmente a los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), para que tengan una idea clara del tema.
"Esperamos que eso sirva para que en el futuro el señor Evo Morales se abstenga de seguir interviniendo, incluso incitando a la rebelión, como fue lo que hizo en sus últimas declaraciones", afirmó el canciller peruano.
Para García Belaúnde, Perú demuestra de esta manera "que el principio sagrado de las relaciones internacionales, que es el de la no intervención de los asuntos internos, está siendo violado sistemáticamente por el Gobierno de Bolivia".
La semana pasada, Perú y Bolivia se enfrascaron en una disputa después de que Morales denunciara la supuesta instalación de bases militares estadounidenses en Perú e instara a los peruanos a rebelarse contra esa situación.
En respuesta a las palabras de Morales, el Gobierno de Lima llamó a consultas a su embajador en La Paz, Fernando Rojas, tras acusar a Bolivia de incitar el paro nacional previsto en Perú para el próximo 9 de julio.
En este sentido, el canciller señaló que lo único que espera de Bolivia tras la decisión de comunicar la situación a la OEA es que deje de interferir en los asuntos peruanos y sobre todo que no aliente el paro de la próxima semana.
"Esperamos que se respete la soberanía nacional, que no pretenda inmiscuirse subrepticiamente en la política nacional, y, particularmente, en el paro, porque el presidente Morales se ha hecho eco de una demanda de la plataforma de esa protesta", señaló el ministro.
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