Andrés Solíz Rada
El Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos (1-05-06), que tuvo el 95 % de aprobación ciudadana, fue el cenit del gobierno de Evo Morales. Ahora acaba de perder, por estrecho margen, aunque de manera legal, la Prefectura de Chuquisaca, con lo que los referéndum que aprobaron estatutos autonómicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando camuflaron su ilegalidad. Cabe recordar que en política, si se quiere avanzar, más importante que criticar los errores ajenos, es criticar los propios errores.
Los intentos separatistas en Bolivia se han incrementado en progresión geométrica desde la arbitraria elección de “gobernadores”, la instalación abusiva de un virtual parlamento, que aprueba “leyes” en Santa Cruz (publicadas en su “gaceta judicial”) hasta la imposibilidad del Presidente de visitar dependencias oficiales controladas por la oposición, en tanto FFAA y la Policía no pueden contener un intermitente y progresivo golpe de Estado, mediante autonomías regionales disgregadoras.Infelizmente, el MAS, con financiamiento de ONG, generó los pretextos que necesitaban sus adversarios. Sólo una miopía (o mala fe) absoluta explica que el oficialismo recibiera complacido la propuesta de Román Loayza, Jefe de Bancada de sus Constituyentes, de cambiar el nombre a Bolivia por el de Tawantinsuyo y el de la Plaza “Murillo”, de La Paz, por el de “Tupaj Katari”. El canciller Choquehuanca dio similar paso al advertir que las empleadas domésticas, aymaras y quechuas, podrían envenenar a sus empleadoras, adversarias del régimen.Los atropellos físicos cometidos por grupos irregulares contra parlamentarios, periodistas y prefectos opositores (a quienes se puso sus nombres en perros degollados en Achacachi) explican las dificultades presentes. De esta manera, se encubrió la crueldad del racismo oligárquico, que apaleó, en varias oportunidades, a quechuaymaras en Santa Cruz y desnudó a campesinos en la puerta de la “Casa de la Libertad” de Sucre. En síntesis, el MAS, en lugar fortalecer la alianza de indígenas y mestizos contra oligarcas, aísló a los indígenas al querer enfrentarlos con mestizos y agentes del imperialismo.El gobierno, al abandonar el cauce legal y tolerar la corrupción (no se juzgan, por ejemplo, graves estafas en la construcción de carreteras), tuvo que someterse a las ilegalidades de la oposición, en tanto aprobaba un atolondrado proyecto de Constitución Política que, al reconocer a 36 naciones indígenas, divorció a Evo de las capas medias. El prestar dinero de las reservas monetarias al 2 %, para recibir créditos, de los mismo Bancos y entidades beneficiadas al 8 %, demostró la fragilidad de sus convicciones antineoliberales. Así mismo, al enviar tropas a Haití pone en duda su prédica antiimperialista.Sin embargo, el vicepresidente Alvaro García Linera, (quien inspiró las torpezas de Loayza y Choquehuanca), tuvo en los últimos días el acierto de replantear el programa de gobierno del MAS, en el que el capitalismo de Estado retoma su condición de locomotora de la economía del país, en reemplazo de la inviable dispersión étnica. Sobre la base de este programa, que es la expresión del capitalismo de Estado, el gobierno debe acabar con las lacras de la exclusión indígena y la corrupción que aún subsisten y dar vigencia a autonomías regionales que cohesionen al país. La aplicación coherente de este programa permitirá evitar el desmembramiento de Bolivia. De esta manera, Evo podría enfrentar en mejores condiciones el referéndum revocatorio del 10 de agosto y, si este no se realiza, las elecciones adelantadas que demandan sus opositores.
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