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viernes, 13 de agosto de 2010

resulta que a estas alturas los potosinos son "desestabilizadores" como no pueden decirles separatistas, ni terroristas ya les hallaron un "apodo"


El Portavoz Oficial de la Presidencia, Iván Canelas, afirmó este jueves en conferencia prensa que desde Potosí, a través de diversos grupos que han promovido medidas de presión, se intentó desestabilizar al gobierno de Evo Morales.

"Parecería que el interés de esos grupos no era luchar por las reivindicaciones departamentales y regionales, sino conspirar para desestabilizar al Gobierno, dada su irracional posición de no viabilizar el diálogo y mantener medidas de presión que provocaron sufrimiento a su propio pueblo", dijo el portavoz según informa la agencia ABI.

Añadiò que "llama la atención que el movimiento cívico de Potosí con medidas de presión radicales haya recibido la adhesión del Comité Cívico de Santa Cruz y de Tarija y de dirigentes políticos de la oposición que promovieron huelgas de hambre y marchas de protesta a lo largo del país".

El Portavoz gubernamental enfatizó que una vez que las autoridades aceptaron dialogar para atender las demandas esgrimidas por los cívicos potosinos "no se justifica la continuidad de medidas de presión que provocan graves perjuicios y sufrimiento a la población que dicen defender".

PÉRDIDAS ECONÓMICAS

Según estudios realizados, cada día de paro ha provocado para el sector cooperativista una pérdida de 200.000 dólares al día y a la empresa minera San Cristóbal, que trabaja con los yacimientos mineros en esa región, dos millones de dólares diarios", dijo.

Manifestó que a ello se suman las pérdidas en el sector del turismo que sangrará la economía de Potosí y que demandará una campaña internacional para recuperar la captación normal de visitantes extranjeros. La Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo (ABAVYT) evaluó esas pérdidas las últimas dos semanas en aproximadamente 800.000 dólares.

Peor aún, Canelas dijo que la huelga general indefinida en Potosí ha dañado a la población por el desabastecimiento de mercados, el cierre de los centros educativos y el irregular funcionamiento de los centros de salud, además de centenares de personas bloqueadas sin agua ni alimentos en los caminos de acceso a la ciudad.

"No hay razón, ni justificativo, para castigar más a la población", señaló Canelas.

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