Tocada de casco de guerra la cholita de rasgos altiplánicos, con un fusil en las manos y en medio de una escuadra de 60 personas, entre las que figuran mujeres como ella. Esta imagen es real y no de historieta histriónica alguna. La publicó hace poco el matutino El Norte de Montero y constituye testimonio gráfico de un emprendimiento gubernamental que desde luego no puede ser pasado por alto, porque de proseguir adelante podría ennegrecer aún más el horizonte político y social de Santa Cruz.
Las imágenes referidas corresponden a un momento del proceso de ‘adoctrinamiento’ a la sociedad civil (en realidad, ‘movimientos sociales afines al MAS’) para que en una ‘situación de guerra’ respalde plenamente las acciones de las Fuerzas Armadas. Tales los presuntos alcances de una ‘instructiva’ del Comando General del Ejército sobre el tema.
‘Adoctrinar’ consuena con ‘militarizar’ en semejante iniciativa. Los masistas del norte cruceño serán familiarizados con el manejo de armas y tácticas de ataque. Desde luego que es fundada la presunción de que se hará lo mismo en otras zonas de la región.
¿Qué se persigue? Antes de aventurar una respuesta a esta pregunta, recordemos que con un vago denominativo, hoy ejerce importantes funciones en Santa Cruz una destacada ex autoridad del gobierno central de La Paz. Se ocupará del control de las fronteras regionales del oriente boliviano para fines de afirmación de la soberanía territorial.
Bien que se lo haga y que para ello se aumente la presencia de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército, en las respectivas líneas fronterizas. Al cabo, corresponde a la institución militar, constitucionalmente hablando, la función de defensa y preservación de la soberanía territorial de Bolivia.
En tan cruciales labores no tienen nada que ver los sectores de la colectividad nacional. Si las asumiesen, aun cuando fuese bajo dirección gubernamental, incurrirían en el delito de usurpación de funciones e infracción a las normas de la Carta Magna.
La interrogante, en consecuencia, apunta a respuestas de jaez alarmante. ¿Es que el gobierno organiza militarmente a ‘grupos de choque’ contra el movimiento regional cruceño? Si así fuese, estaría incurriendo en una serie de delitos, como el de organizar grupos armados irregulares para que por medio de la violencia le afirmen su poder en la región y le abrevien el proceso de liquidación de personajes y sectores que le hacen oposición en Santa Cruz, tramo en el que hoy aparecen solo fiscales y jueces encargados de la represión política por la vía procesal.
Conviene que el Gobierno establezca en forma minuciosa el asunto, aclarando los objetivos reales inherentes a tal ‘adoctrinamiento’.
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