El programa más prestigioso de la televisión brasileña mostró el domingo como algo fantástico un hecho de corrupción que para los bolivianos es cotidiano y, porque sucede todos los días, ya no llama la atención de nadie. De todas formas, provoca vergüenza ajena ver tanta porquería divulgada por todo el mundo.
Estamos hablando de la odisea que tuvo que pasar un ciudadano brasileño que llegó desde Río de Janeiro a Bolivia para recuperar un valioso automóvil que le fue robado en su país y fue cambiado en la frontera boliviana por 12 kilos de cocaína, forma de transacción que también es común y que tiende a generalizarse aún más gracias al auge del narcotráfico que se vive en Bolivia.
El auto de Oswaldo Fonseca cuesta arriba de cien mil dólares, monto que justifica el esfuerzo de viajar cinco mil kilómetros para buscarlo, pero que no representa un pretexto para ser objeto de la extorsión de policías que desde hace años vienen lucrando con un delito muy frecuente, especialmente en Santa Cruz.
Lo primero que le sorprendió a Fonseca es que en Bolivia la Policía no investiga si el interesado no paga por lo menos la gasolina de sus automóviles y finalmente –como lo saben muchos sectores de esta sociedad-, las investigaciones se las realiza externamente y son los oficiales de uniforme los que se llevan los laureles, porque además, se tiene que recurrir a ellos para hacer los allanamientos, las detenciones y en el caso de los robos, la incautación del “objeto del delito”. Ahí es donde empieza el calvario, especialmente de los que sufren el robo de un vehículo. Las unidades policiales han diseñado toda una maraña burocrática con el fin de exaccionar al público. En Diprove hay que hacer pagos de depósito, buscar abogado, sellos y un sinnúmero de papeleos que representan tiempo y dinero. En el caso del brasileño, denunció que tuvo que pagar hasta por la escolta del vehículo hasta la frontera y algunas otras “compensaciones” a los policías.
El director de Diprove ha negado las acusaciones del brasileño, pero está demás tratar de ocultar lo que también le ha sucedido a miles de personas que han sufrido la desgracia de ser asaltadas por ladrones en la calle y posteriormente tener que enfrentar algo parecido en las oficinas que supuestamente están para proteger al ciudadano.
Pese a que el Gobierno ha anunciado una purga en las filas policiales, al parecer no existen las condiciones para tal limpieza. El narcotráfico representa una amenaza muy fuerte para la integridad de la institución y mientras no exista una decisión política vigorosa para enfrentar este flagelo, la violencia, la criminalidad, el robo de autos y otros delitos graves irán creciendo y por supuesto, comprometiendo aún más el comportamiento de la Policía. A este fenómeno tiene que sumársele también el factor político. Hace unos días un comandante afirmaba que los agentes están más abocados a perseguir dirigentes políticos que a buscar a los delincuentes. El régimen imperante necesita de la connivencia policial para ejercer el control y mantener la hegemonía. En ese contexto es difícil, si no imposible, exigirles a los agentes disciplina, ética y profesionalismo. De esta forma las cosas sólo pueden empeorar.
Un brasileño fue asaltado en su país y le robaron un auto valioso. En Bolivia también fue asaltado, pero por la Policía.
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