287 vehículos “chutos” de los comunarios de los ayllus de norte Potosí fueron “legalizados” de manera ilegal el 2008, en complicidad de varios jefes policiales, a la cabeza del entonces mayor José Marcelo Tejerina, denunció este jueves Jhonny Castelú, abogado de los familiares de los cuatro efectivos linchados en Uncía.
“Hemos colectado documentación de funcionarios policiales que trabajaron en la localidad de Llallagua, en el que se manifiesta que otros ex funcionarios de alto rango de la Policía han legalizado el tránsito de los vehículos chutos otorgándoles a los propietarios rosetas ilegales de inspección, además se les asignó números con placas provisionales ilegales”, dijo.
Castelú, en declaraciones a la prensa en la ciudad de La Paz, dijo que toda esta ilegalidad ha sido de conocimiento de todos los comunarios de los ayllus de norte Potosí propietarios de vehículos “chutos” y a quienes Tejerina les cobró 220 bolivianos por cada roseta falsa, que había sido impreso o elaborado en una imprenta de Llallagua.
“De acuerdo a la documentación que tenemos, el que intentó legalizar o ha hecho creer que legalizó de esa manera irregular los autos chutos a sus propietarios es el entonces mayor José Marcelo Tejerina, quien ahora tiene que explicar además dónde fue a dar el dinero que recaudado por ese trabajo”, afirmó.
Agregó que luego llegó a esa región boliviana otro jefe policial (coronel Saavedra) y ésta autoridad, al descubrir toda la irregularidad, denunció la misma al entonces comandante departamental de la Policía de Potosí, coronel Julio Cepcel, quien en vez de iniciar un proceso investigativo y administrativo, decidió enviar al lugar una comisión de la Dirección de Prevención de Robo Contra Vehículos (Diprove) a la cabeza del capitán Jorge Larrea Moscoso.
“Larrea, ya estando en el lugar (norte Potosí), a la cabeza de la comisión convocó a esos vehículos y luego sólo les entregó una certificación de que no tienen denuncia de robo, además les llevó a una agencia aduanera para que les hagan los propietarios trámites, pero en esta vez, de los 287 vehículos, sólo de 131, se presentaron”, explicó.
El abogado indicó que toda esta cadena de irregularidades se hizo conocer, con la respectiva nómina o lista de los vehículos chutos ‘legalizados’ de esa forma, al actual comandante general de la Policía Nacional, general Oscar Nina, hace un mes.
Pero, según el jurista, Nina en vez de tomar acciones desde La Paz, sólo derivó la documentación a Potosí.
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